Felisa Echegoyen tenía 26 años cuando varios agentes de la brigada político social franquista entraron en su casa. Militaba en la Liga Comunista Revolucionaria, y aquel 8 de octubre de 1974 tan solo fue el inicio del calvario. Tras ser torturada tres días en la Dirección General de Seguridad por, entre otros, Antonio González Pacheco, conocido como "Billy el Niño", llegó a la cárcel acusada de asociación ilícita, donde pasó dos meses.

Finalmente, se pudo acoger a un indulto pese a tener una condena firme de 2 años, 4 meses y un día de prisión. Han pasado casi medio siglo y ni los torturadores que la maltrataron ni su expediente policial se ha depurado, algo que seguirá sin ocurrir si el Congreso aprueba el Proyecto de Ley de Memoria Democrática tal y como está redactado.

Eso es lo que ha denunciado Amnistía Internacional (AI) esta mañana a las puertas de la Cámara Baja entregando más de 237.000 firmas a favor de que se incluyan algunos puntos clave en la normativa que ahora se debate para que se garantice la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, y garantías de no repetición. "Si esta ley llega a ser implementada, puede constituir un avance de la legislación vigente, pero aún tiene importantísimas áreas de mejora, sobre todo en el acceso a la justicia por parte de las víctimas", ha comentado a Público Daniel Canales, investigador de la entidad.

El miembro de AI ha recalcado que el Gobierno debe tomar en cuenta las recomendaciones que proceden de entidades como el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y el Comité contra las Desapariciones Forzadas. "Los dos concluyen que deben eliminarse los obstáculos que existen para la investigación judicial de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado", agrega Canales.

El experto, de esta forma, ha esgrimido que los tribunales españoles, como el Constitucional y el Supremo, resuelven en contra de investigar las denuncias de los torturados y familiares de desaparecidos al argumentar que no existe legislación para ello ni tienen la competencia en la materia: "Esos argumentos son contrarios al derecho internacional. Da lo mismo que los presuntos autores hayan fallecido o no existe retroactividad en la ley penal, que el derecho internacional sí ampara estas investigaciones", apostilla.

Asimismo, Canales defiende que hay determinados roles que deben ser asumidos de forma directa por el Estado, como el relativo a las exhumaciones. "La antigua Ley de Memoria Histórica relegó a las familias y asociaciones esta tarea y el Estado se configura como un mero facilitador de la misma, pero el actual proyecto tendría que romper con ese modelo", en sus propios términos. Así pues, el investigador defiende que se debería crear una oficina a nivel estatal que atendiera todas estas cuestiones y evitar el modelo de subvenciones que hace competir entre las diferentes asociaciones, tal y como han denunciado algunas de ellas.

"El número de 327.000 firmas habla por sí solo acerca del apoyo de esta petición. Demuestra que la ley no solo interesa a las personas directamente concernidas sino que la ciudadanía considera que un Estado como el español, que se dice de derecho y democrático, debe abordar su pasado para respetar sus obligaciones en materia de Derechos Humanos", continúa explicando Canales a este medio.

Los rostros de la represión

Durante el acto se han dejado ver varios rostros que han puesto cara a la demanda de AI. Uno de ellos ha sido el de Conchi Narváez, hija de Antonio Narváez Hernández, quien ha fallecido recientemente a los 87 años sin encontrar los restos de sus padres. "A mi abuelo le mataron el 17 de julio de 1936 en Marchena. Después hicieron lo mismo con mi abuela después de pasearla con la cabeza rapada por el pueblo y tras haberla obligado a tomar aceite de ricino", comienza a explicar Conchi. Su padre llegó a declarar ante la jueza argentina que investiga los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante la Guerra Civil y la dictadura: "Ahí se sintió la persona más feliz del mundo porque al menos pudo expresar y que el mundo escuchara lo que tenía dentro", agrega la hija, a quien le hubiera gustado que esos crímenes se investigaran en España, el lugar en el que sucedieron.

Antonio Narváez pertenecía a la asociación memorialista de su pueblo sevillano, donde ahora continúan sus hijas: "La lucha de mi padre ahora es la nuestra, y nuestra herida no se cierra porque no quieren abrir las fosas y cunetas en las que están nuestros familiares", determina Conchi. Aunque la esperanza nunca se pierde, su realidad es que no saben dónde están sus abuelos, aunque piensan que Antonio puede estar en una fosa común ubicada de forma oral.

"Mi padre era un obrero, pero obrero obrero, que se pasó toda la vida trabajando para darnos lo mejor, que pudiéramos estudiar las tres hermanas, y se ha muerto sin encontrar a su padre. Lo que queremos es que esto deje de suceder con la aprobación de la nueva Ley", concretiza Conchi Narváez.

La justicia, vetada para las víctimas

Rosa García es otra de las personas que ha compartido su experiencia durante el acto. La detuvieron con 18 años, en mayo de 1975, cuando militada en la Federación Universitaria Democrática de España (FUDE), una organización cercana al Frente Revolucionario y Patriótico (FRAP). "Para que sepas lo que te espera" fue lo que le dijo Billy el Niño cuando la sentaron en la sala de interrogatorios de la DGS. Y empezó la tortura: golpes en los pies con una vara de madera, gritos, puñetazos, "un proceso terrorífico en el que te meten para utilizarlo en tu contra", en los propios términos de la afectada.

Tras seis días en la DGS fue trasladada a la cárcel de Yeserías. Allí se enteraría de que le aplicarían la ley antiterrorista con efectos retroactivos, porque en el momento de su detención no estaba aprobada, comenta ella misma. De esta forma, el juez militar la acusó de colaboración con terrorismo. Una vez fallecido el dictador, pasó a ser juzgada por la jurisdicción civil, donde la acusaron de propaganda ilegal y asociación ilícita. Al igual que Felisa Echegoyen, fue indultada. "Yo nunca supe que estuve condenada hasta que vi los papeles, y el juicio se desarrolló sin mi presencia. Tras salir de la cárcel me fui a Valencia y pasé a la clandestinidad más absoluta", cuenta esta resistente, como les gusta hacerse llamar.

En referencia a la Ley de Memoria Democrática, García sostiene que no recoge las reclamaciones que hacen las víctimas: "Y es muy grave, porque nosotras fuimos víctimas por luchar contra el franquismo, esa es nuestra categoría, y sufrimos represión, pero la represión franquista la sufrió toda la sociedad española", completa. Denuncia que el texto presentado por el Gobierno "obstaculiza nuestro acceso a la justicia". Y añade: "Pretenden que con la creación de un fiscal de sala y los recursos existentes en el Ministerio Público será suficiente para investigar los crímenes del franquismo, que son cientos de miles".

Contra la Ley de amnistía

Ella misma alude a que el Proyecto de Ley tampoco suprime la Ley de amnistía que terminó amnistiando centenares de delitos pertrechados por los franquistas, "lo que es una barbaridad", apuntilla. "Todos los agentes de la Policía y la Guardia Civil, en tanto que funcionarios, colaboraron con la dictadura y deberían ser juzgados por ello. Ya quedó claro en los juicios de Núremberg que no existe obediencia debida cuando se cometen crímenes de lesa humanidad, y lo mismo pasó en Argentina", se explaya García.

Preguntada por si le gustaría resaltar algún aspecto, ella lo tiene claro: "Aquello lo hicimos porque lo que considerábamos. En ese momento vi que tenía que luchar contra la dictadura, que tenía que desaparecer ese régimen y que teníamos derecho a disfrutar de otro tipo de vida, y así lo hice. Por ese motivo, yo sufrí detención, torturas y meses de cárcel", continúa la antifranquista. "Tuve que dejar mis estudios, mi familia y amistades, y rehacer mi vida de otra manera a la que yo había pensado. Nosotras pagamos las consecuencias mientras los que nos torturaron no tuvieron el más mínimo problema en su carrera, repleta de ascensos y medallas". Y remata: "Los servidores de la dictadura no sufrieron la más mínima merma mientras los que luchamos por la democracia sufrimos las consecuencias más atroces".

Canales, por su parte, afirma que a partir del inicio de la tramitación de la Ley en el Congreso, desde AI llevarán a cabo un trabajo de incidencia política durante el que presentarán sus recomendaciones: "Tanto los informes del relator de la ONU y del comité contra las desapariciones forzadas reconocen que el proyecto de ley puede suponer un buen balance para la verdad, justicia y reparación, pero siempre confiando en que durante el trámite parlamentario se añadan algunos aspectos que acercan el texto a los estándares internacionales", concluye.