La proposición de ley para la Igualdad de Trato y no Discriminación, la denominada ley Zerolo, desembarca en el Congreso para comenzar de nuevo su andadura en sede parlamentaria. Esta iniciativa, que lleva gestándose más de diez años, se ha registrado en otras dos ocasiones sin llegar a aprobarse. En el contexto actual, su tramitación no sólo se centra en la ley en sí, sino en los rifirrafes que han mantenido los partidos que sostienen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, desde la llegada de la iniciativa al Congreso. 

El PSOE llevará al Pleno del próximo martes esta iniciativa para su toma en consideración. La ley pretende "garantizar la igualdad de trato de todas las personas, combatir el racismo, reparar y atender a las víctimas de discriminación", tal como explicó el grupo socialista cuando registró la iniciativa a mediados de enero "sin contar" con Unidas Podemos ni con el Ministerio de Igualdad, un hecho que causó "malestar" en el seno de la formación morada.

Y es que, el grupo confederal ha criticado en varias ocasiones el registro "sorpresa" de una norma que formaba parte del acuerdo de Gobierno, junto a las futuras leyes trans y LGTBI. Con respecto a esta primera, el borrador del Ministerio de Igualdad ha provocado una gran división entre los dos partidos, siendo la autodeterminación de género el principal punto de fricción. Desde que se conoció el texto, ambas formaciones han cruzado reproches tanto en público como en privado, alejando la posibilidad de acuerdo a corto plazo.

Unidas Podemos pide al PSOE que rectifique

El PSOE, a través de su Ejecutiva y de la propia voz de su secretaria de Igualdad y vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha mostrado su oposición al texto y su preocupación sobre la posibilidad de elegir el género "sin más que la mera voluntad o el deseo". De su lado, Unidas Podemos se aferra al cumplimiento de los compromisos en el marco del pacto de Gobierno firmado hace más de un año. Asimismo, recuerdan que diputadas socialistas respaldaron hace dos legislaturas un texto de la Comisión de Igualdad en el que se avalaba la autodeterminación de género. Y en este sentido, la número dos de Podemos y ministra de Igualdad, Irene Montero, ha replicado a Calvo que "la identidad de género no es un capricho, es un derecho".

De este modo, con el registro de la ley Zerolo, la formación morada entiende que el grupo socialista quiere "obstaculizar" la tramitación de la ley trans. "Le pedimos al PSOE que rectifiquen y cumplan con el acuerdo del Gobierno, que es la brújula que guía a los partidos en la presentación de las iniciativas", señaló el pasado martes el presidente del grupo confederal, Jaume Asens. El diputado de En Comú Podem hizo alusión al "incumplimiento" por parte del PSOE del compromiso de trasladar a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes la propuesta sobre la igualdad de trato para que el Ministerio de Igualdad estuviera al tanto, ya que ambos grupos y el departamento de Montero "llevaban meses negociando el contenido y estaban ultimando los detalles de la negociación", apostilló Asens.

Para Unidas Podemos, este aviso a la secretaría que depende de Carmen Calvo es un paso "necesario" antes de que los grupos del Gobierno presenten una iniciativa, como ocurrió también esta semana con la ley de libertad de expresión registrada por el grupo morado y que causó una nueva polémica en el seno de los partidos del Ejecutivo. Unidas Podemos puso en conocimiento a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes su intención de llevar este martes al Congreso la norma para derogar los llamados delitos de opinión. Un hecho que provocó el anuncio improvisado de Moncloa de la reforma del Código Penal para eliminar la pena de cárcel por estas faltas. 

La iniciativa se debatirá y votará el próximo martes

Por ello, Unidas Podemos mantiene que había pactado con el PSOE presentar "conjuntamente" la norma de igualdad de trato a través de los grupos en el Congreso, esto es, mediante proposición de ley. Sin embargo, el grupo socialista la registró sin la firma de Unidas Podemos para "poder llevarla a Pleno en febrero a través del cupo socialista", tal como han explicado fuentes del grupo a Público. Si bien, es compatible la firma de dos partidos aunque luego uno de ellos lleve la iniciativa a debate. Por otra parte, el PSOE defiende que la norma en cuestión ha sido una reivindicación de su grupo desde hace más de diez años.

Pese al revuelo creado y al cruce de declaraciones, la votación de la toma en consideración de la propuesta aparentemente no tendrá mayor problema para que salga adelante, o eso confía el grupo socialista. "Estamos convencidos de que se tomará en consideración por la mayoría de la Cámara Baja", apostilló el pasado martes el secretario general del grupo socialista en el Congreso, Rafael Simancas. En cuanto al sentido del voto del grupo confederal, se dará a conocer el próximo lunes. No obstante, desde el grupo socialista se espera que Unidas Podemos vote a favor y enmiende el texto en la fase de ponencia y comisión parlamentaria.   

¿En qué consiste la ley?

La proposición legislativa recoge el legado del histórico dirigente socialista y activista LGTBI Pedro Zerolo, quien siempre defendió que "discriminar no debe salir gratis" ante la ausencia de una ley de igualdad de trato, de oportunidades y no discriminación. La iniciativa legislativa no es "una ley más de derechos sociales" sino, sobre todo, de "derecho antidiscriminatorio específico que viene a dar cobertura de las discriminaciones que existen y a las que están por venir", reza el texto de la norma.

Por ello, se reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación, ampliando este concepto y extendiendo su aplicación a todos los ámbitos. "Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", sostiene la ley.

Cabe destacar también que no es una ley penal, sino que aborda la tutela y reparación de las víctimas de todo tipo de discriminación mediante el establecimiento de sanciones administrativas. Por ello, según el tipo de infracción y en base a varios criterios, las multas pueden oscilar desde 300 euros a medio millón.