La sede central del PP en la madrileña calle de Génova no es el único local de ese partido sobre el que se proyecta la sospecha de sus vínculos con la corrupción, un lazo que en casos como la de Telde (Gran Canaria) alcanza la entidad de certeza como hecho probado en una sentencia firme.

El dictamen judicial definitivo sobre lo ocurrido en ese edificio lo emitió hace unas semanas el Tribunal Supremo, cuya sentencia ratifica otra anterior de la Audiencia Provincial de Las Palmas que declaró al PP responsable civil subsidiario del desvío de dinero público para pagar la reforma de su sede dentro del llamado caso Faycán.

Se trata solo de 740 euros, una cifra tan inferior en cuantía como equiparable en términos éticos a los 245.942 con los que la organización conservadora se benefició bajo la fórmula del pago de actos electorales con cargo a la Gürtel en Majadahonda y Pozuelo, una conducta que acabó costándoles el desalojo del Gobierno a Mariano Rajoy y a su partido.

La segunda sentencia firme en la que el PP es formalmente declarado beneficiario de prácticas corruptas narra cómo varios responsables del partido y del ayuntamiento de Telde se conchabaron con los propietarios de una ferretería local para adjudicarle suministros de cuya facturación se desviaba un 20%, procedimiento por el que según la sentencia obtuvo contratas por valor de 1,34 millones de euros en 1.172 órdenes de pago.

"Esto supone que en comisiones, con un tipo del 20%, ha llegado a abonar alrededor de 269.050 euros", indica la resolución, que recuerda cómo varios de los acusados "actuando de común acuerdo, con intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito a costa de los fondos municipales, se concertaron para financiar parte de las obras de remodelación de la sede del Partido Popular en Telde" en octubre de 2005 "con dinero procedente de las arcas municipales, contando para ello con la colaboración de diversas empresas que accedían a ello a cambio de mantener o conseguir una situación privilegiada en sus relaciones con el ayuntamiento".

Así, acordaron con uno de los responsables de la ferretería que "los gastos que se originasen por la reforma" serían facturados por esa empresa a la Concejalía de Desarrollo Local en facturas "por supuestos pedidos (…) de material fungible, en realidad no servido, para así hacer imposible un eventual control de las mismas respecto del material suministrado". La investigación logró acreditar el pago de esos 740 euros por ese procedimiento.

La "subcuenta opaca" y las "corrientes monetarias" de Bilbao

El PP se juega la tercera declaración oficial de sus vínculos con la corrupción estos días en la Audiencia Nacional, donde su exgerente y extesorero Luis Bárcenas se sienta en el banquillo tras haber anunciado su decisión de tirar de la manta para responder de varios asuntos: la presunta existencia de una ‘caja B’ en el partido que se llenaba con mordidas, el supuesto uso de 1,7 millones de euros con ese origen para pagar las reformas de las plantas baja, tercera, cuarta, sexta y séptima de su sede entre 2005 y 2010, el eventual delito tributario derivado de esos manejos y la aparente apropiación indebida de algo más de 200.000 euros de ese botín por parte de Bárcenas y su antecesor, Álvaro Lapuerta.

El auto de apertura del juicio oral, firmado por el juez José de la Mata en 2015, recoge la existencia "indiciariamente acreditada" de dos "corrientes monetarias" vinculadas a la presunta caja B, cuya operativa ya dio por hecha la Audiencia Nacional en el primer juicio, que tienen que ver con la compra de las sedes del PP en Bilbao y en Logroño.

Para "controlar la operación de financiación de la compra" de la primera de ellas, adquirida por el PP por casi un millón de euros (165 de pesetas) en 1999, Bárcenas "generó otra contabilidad paralela" y una "subcuenta opaca" en la que a lo largo de seis años, entre noviembre de ese año y el mismo mes de 2005, "recibió aportaciones en efectivo" de al menos una constructora que fueron dedicadas a esa adquisición, que "habría sido financiada también por vías alternativas" registradas en "los apuntes de la subcuenta".

El auto señala concretamente "el pago directo con cargo a la cuenta del PP central de las cuotas del crédito hipotecario, así́ como la entrega en efectivo al gerente de la sede regional del importe de la cuota mensual, para que desde allí́ se cancelase directamente la hipoteca mediante traspaso a la cuenta de cargo".

Eso, al margen de que los populares vizcaínos también recibieran "transferencias realizadas hacia el PP del País Vasco que procedían de las cuentas de la formación a nivel central, y que eran empleadas para el pago de la cuota de la hipoteca por la compra de la sede".

"Aportaciones efectuadas por terceros ante el PP de La Rioja, en 'fondos B'"

La operación inmobiliaria de Logroño incluyó la compra de una vivienda y dos locales en marzo de 2008 y de un tercer bajo tres meses después, todos ellos en el mismo edificio de la calle Duquesa de la Victoria y en todos los casos con apoderamientos específicos de Lapuerta y de Bárcenas para el secretario general y la gerente de la filial riojana.

El primer paquete tuvo un coste de 800.000 euros que los conservadores riojanos financiaron con un crédito hipotecario de 900.000 cuyo sobrante dedicaron a "intereses y otros gastos", mientras que el segundo incluyó otra hipoteca de 120.000, recursos de la formación riojana y una "ayuda económica" de 200.000 desde Génova "que fue transferida en concepto de subvención, por orden del tesorero, quien a su vez, en el poder otorgado en este caso al secretario general y gerente regional, había limitado el importe del préstamo hipotecario a solicitar a un máximo de 130.000" euros.

Esos 200.000 euros fueron reflejados en la contabilidad del PP central, señala el auto, que los vincula con la previa "percepción" de "idéntica" cantidad por parte de Bárcenas, que la anotó "bajo el concepto Entrega de La Rioja".

El juez De la Mata considera esos fondos "presuntamente procedentes de aportaciones efectuadas por terceros ante el PP de La Rioja, en fondos B y ajenas a su contabilización oficial, y que [a su vez] le habrían sido entregadas a Luis Bárcenas Gutiérrez por responsables de dicha formación" quienes "desprendiéndose de los fondos B y obteniendo idéntico importe en fondos A" bajo el formato de una ayuda de Génova podrían utilizarlos en esa operación.

En ese sentido, el auto añade que los conservadores riojanos obtuvieron "finalmente la transferencia por el citado importe en fecha 23.06.2008, una vez que, a partir del 16.06.2008, desde la sede central se dispuso de fondos suficientes para afrontar la operación".

La primera planta de Madrid y el edificio de Palma

Estas dos operaciones, de las que ofreció las primeras pistas al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el propio Bárcenas en una comparecencia voluntaria tras su imputación en la trama Gürtel, quedaron eclipsadas por la de la sede central de Génova.

Aunque no habían caído precisamente en el olvido. El secretario general del PSOE en La Rioja, Francisco Ocón, recordó este martes la operación en una rueda de prensa en la que retó a la actual portavoz del PP en el Congreso y exalcaldesa Logroño, Cuca Gamarra, a que "por una vez explique cómo se financió la sede del PP" en esa ciudad.

"Debería ser ella la primera interesada en querer aclararlo. Si bien es cierto que nunca lo ha hecho", dijo, porque "Gamarra es el viejo y el nuevo PP; nada ha cambiado, ni catarsis ni propósito de enmienda". "No hay ningún caso", respondió la exalcaldesa.

Por otro lado, una reforma de la primera planta de la sede de Génova, 13, una especie de subsede del PP madrileño dentro de la estatal, se encuentra bajo investigación en una de las piezas separadas del caso Púnica tras haber hallado los primeros indicios de presuntas irregularidades el juez mallorquín José Castro durante la instrucción de la macrocausa en torno al hospital Son Espases.

En ese mismo asunto comenzó a investigar, antes de su jubilación, otra rama que apuntaba a supuestas anomalías en la reforma de la sede de los conservadores en Palma, pesquisas que por parte de la Fiscalía Anticorriupción se ampliaron a su adquisición en 2003 después de que Bárcenas declarara en una comisión de investigación en el Parlamento balear que había aportado fondos una constructora. El PP balear asegura que se trata de operaciones limpias.