"Este puede ser el último curso político de este gobierno. El último. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debería haber existido en nuestro país". Con estas palabras intervenía el pasado sábado el secretario general del Partido Popular, Migel Tellado, en un acto de la formación en la capital navarra, Pamplona. Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Todos los partidos a la izquierda del hemiciclo -desde el PSOE, pasando por Sumar, hasta Izquierda Unida o Podemos- salieron en tromba a las pocas horas a reprobarlas con efusividad. "Un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia. Un cuestionamiento de la democracia", enumeraba el presidente, Pedro Sánchez, a través de su cuenta de X.

Una condena a la que se han sumado otros miembros de su partido. Como la viceprimera ministra, María Jesús Montero: "Qué grado de miseria moral hay que tener para pronunciar estas palabras y más en un país con tantos muertos en las cunetas". También otros miembros del Ejecutivo, como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. "Tellado debe pedir perdón y dimitir por unas declaraciones intolerables, premeditadas para hacer daño", defendía este segundo.

Pero… ¿alguien ha preguntado a los verdaderos afectados por estas declaraciones, las víctimas de la dictadura y sus familias? "Banalizar el sufrimiento de miles de familias que buscan en fosas comunes a sus seres queridos es llevar la acción política a un lugar completamente indigno", condensa Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y nieto del primer desaparecido republicano identificado genéticamente. "No es una casualidad el lenguaje elegido, ni en este momento ni en ese lugar", añade tajante el sociólogo y periodista.

Un lugar, insisten desde la asociación, regado de fosas y con muchos nombres todavía sin localizar. Sin reunirse con sus familias. Sin una sepultura digna. Según los datos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la Comunidad Foral de Navarra alberga 342 fosas conocidas, 135 de las cuales permanecen a día de hoy sin intervenir. Fosas en las que habrían llegado a yacer, por lo menos, 1.409 víctimas de la dictadura.

"Que se haga justicia"

Indignación, rabia, impotencia. "Este tipo de discursos no son admisibles en una democracia y deberían estar penalizados por la Ley de Memoria. Es una ofensa consciente a las víctimas", valora Tina Merino, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Baix Llobregat, en la provincia de Barcelona, y de la Asociación de Familiares del Memorial de Villanueva de la Serena (AFAMEVVA), en Badajoz. "Con estas palabras, está revictimizando tanto a las víctimas como a sus familiares, que seguimos, después de 40 años de dictadura y 50 de democracia, a la espera de que nos devuelvan a nuestros seres queridos. De que se haga justicia", incide la historiadora.

Tina Merino, presidenta de AFAMEVVA: "Estos cuerpos son la prueba de que, durante la dictadura se cometieron crímenes de lesa humanidad"

Seres queridos con nombres, con historias. Como las de las hermanas Tomasa y Petra Tena Nieto. "Mis tías, las dos hermanas mayores de mi madre", aclara Merino. La primera tenía entonces 33 años; la segunda, tan solo 24. "Además estaba embarazada", continúa la activista por la memoria. "A ninguna se le aplicó el bando de guerra. Pasaron por prisión, donde las raparon y las asesinaron. De ninguna conocemos su ubicación", se lamenta la sobrina de las víctimas. "Suponemos que estarán en la fosa del pueblo, de Villanueva de la Serena, pero no tenemos ninguna certidumbre al respecto". No solo fueron ellas. "También su hermano Antonio, que era teniente del ejército republicano y fue a parar a la fosa que hay en la ciudad de Badajoz. Y el marido de Tomasa, Pedro Antonio. A este último sí le aplicaron un bando de guerra cuando regresó al pueblo, en el año 1940, y prevemos que estará también en Villanueva", refiere la historiadora.

Siguen buscándolos. "De vez en cuando conseguimos que abran la fosa. En 2016, logramos identificar y entregar los restos a sus familiares de cuatro personas del pueblo. En 2022, sacamos a otras seis. El año pasado, a otras ocho. Este año, el 15 de septiembre, empezamos de nuevo con las exhumaciones", desarrolla Merino. En una fosa donde contabilizan hasta 306 víctimas. "Son los nombres de vecinos asesinados que tenemos inscritos en el memorial, a pie de fosa. Pero recientemente nos han llegado unos diez casos más", refiere la investigadora. En medio de unas labores de identificación que avanzan a cuentagotas, con poco respaldo institucional.

"Estos cuerpos son la prueba de que, durante la guerra y la dictadura, se cometieron crímenes de lesa humanidad. Recuperarlos es una tarea urgente", insiste Merino. "Sin embargo, nos estamos ocupando nosotros", recrimina. Los familiares, los vecinos, los historiadores. Y no van a parar. "El 18 octubre hacemos un acto para entregar los restos de dos personas a sus familias. Y los días previos, del 14 al 17, desarrollamos lo que hemos bautizado como escuelas de memoria. Invitamos a los institutos de la zona a que vengan a visitar la fosa y escuchar los testimonios de testigos y familiares. Para que sepan lo que pasó aquí", explica la investigadora.

"Las declaraciones de este señor son una ofensa inasumible. Tendrían que hacerle dimitir y que pidiera perdón", apunta Merino. "En una democracia no se cavan fosas y menos para un gobierno democráticamente electo", sentencia con indignación. Una postura que comparte Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos. "Me parecen una amenaza velada, que alude concretamente al tema de las fosas comunes, por las que todavía hay mucha gente damnificada y sufriendo en este país", valora la activista.

Una amenaza que duele, que profundiza la herida. "Mi madre me llamó seriamente tocada, diciéndome que se sentía denigrada", asegura. No es para menos. Su tío, José Antonio Marco de Viedma, fue fusilado el 2 de septiembre de 1936, mes y pico después del golpe de Estado, frente a las tapias del cementerio de Calatayud, en Zaragoza. Y, posteriormente trasladado al Valle de los Caídos. "De sus caídos, como yo le llamo. Los nuestros no cayeron, les asesinaron", subraya la activista. Desde entonces, siguen intentando localizarlo. "El Estado español, medio siglo después, sigue siendo incapaz de reparar mínimamente a nuestras familias. No estoy hablando ya de justicia en los tribunales o de la devolución de patrimonio. Me refiero a entregarnos los restos de nuestros seres queridos. A permitirnos darles un tratamiento digno a personas asesinadas por su adherencia a un régimen legítimo, democrático y legal", reivindica Navarro.

"Que en 2025 sigamos así…", sugiere la activista. Ni con auto firme -denuncia- las cosas se ponen en marcha. "Desde 2016, los Lapeña, con dos familiares en el valle, tiene un auto de identificación y devolución de sus restos. Más de nueve años después, aún nada", critica Navarro. "¿Qué podemos esperar los demás?", se lamenta. "Queremos hechos. La generación de los hijos y sobrinos se está muriendo. Empezamos a quedar solo los nietos. Y que encima tengamos que escuchar estas cosas… Es escandaloso. Una tortura psicológica añadida. Basta ya. Un poco de decencia, de sensibilidad y, sobre todo, de responsabilidad", exige a las administraciones y a sus representantes.

¿Lapsus o mala intención?

"Qué manipulación más burda, pero el Francomodín ya no da más de sí", respondía el propio Tellado, a través de las redes sociales, a las críticas generadas por sus declaraciones. "Es una metáfora. Una metáfora que seguro que ustedes han utilizado en muchas ocasiones. El resto es una campaña de victimización y de cortina de humo de Pedro Sánchez", se posicionaba del lado de su secretario general Cuca Gamarra, preguntada por Público durante la rueda de prensa ofrecida por la formación conservadora este mismo lunes.

En cualquier caso, no quedan especialmente bien. "Si es premeditado es peligroso por lo que se dice abiertamente y por esa facilidad para jugar semánticamente como el dolor de la gente", aprecia Carlos Entenza, politólogo, jurista y codirector de Ideas en Guerra. "Pero si lo leemos como un error o una especie de lapsus, como lo han intentado hacer pasar desde la propia formación, casi que es peor", amplía el jurista. "Significaría que el principal partido de la oposición no tiene en mente ni el recuerdo ni el simbolismo del dolor de la dictadura", completa Entenza. Que tenemos una derecha -remarca el politólogo- que no ha sabido hacer sus deberes democráticos y que insiste en negar su propia historia.

Emilio Silva, presidente de la ARMH: "La mejor forma de indignarse sería garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas"

Tampoco es nuevo del todo. "Es verdad que ahora mismo el PP está tendiendo a subir el tono, asumiendo parte del marco discurso de Vox", reconoce el codirector de Ideas en Guerra. "Pero me recuerda a ese Rajoy orgulloso de destinar 0 euros a la memoria en sus presupuestos o a Casado quejándose de que los de izquierdas son unos carcas, siempre hablando de la cuneta del abuelo", completa el politólogo. "Está en su esencia". ¿Van a rectificar? "Les preocupa demasiado esa foto de derechita cobarde si entran en una serie de reglas del juego democrático en las que no participa Vox", razona Entenza. Con una advertencia para los de Feijóo: "No suele ser buena idea copiar la estrategia del adversario". Las últimas encuestas parecen confirmarlo.

"El PP se sigue comportando como un partido fundado por ministros franquistas. No han aprobado primero de básica de derechos humanos y son capaces de hacer juegos verbales con el peor crimen que se puede cometer contra un ser humano que es una desaparición forzada", denuncia, por su parte, Silva. Sin perder la oportunidad de poner deberes al Ejecutivo de Pedro Sánchez: "La mejor forma de indignarse sería garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas". Algo de lo que -asegura el sociólogo- estamos todavía muy lejos. "Con unos legisladores que han mantenido la ley de amnistía que protege a los verdugos y no han sido ni siquiera capaces de abrir unas oficinas del Estado para atender a las víctimas", concluye el presidente de la ARMH.