La Mesa del Parlament ha tramitado este lunes la reforma de Ley de la Presidencia de la Generalitat impulsada por JxCat que busca que la Cámara pueda hacer investiduras a distancia, sin que el candidato esté en el hemiciclo.

Según han explicado fuentes parlamentarias, Cs y PSC ya han anunciado en la reunión que presentarán un recurso de reconsideración para que la Mesa enmiende su propia decisión.

Cs y PSC tienen 48 horas para presentar este recurso: si la Mesa del Parlament lo tumba --lo que pasará con toda probabilidad porque en ella hay mayoría independentista--, los socialistas ya han anunciado que llevarán la ley al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) de la Generalitat.

JxCat ha pedido tramitar la ley por la vía más urgente: normalmente el Consell tiene un mes para pronunciarse sobre peticiones de los partidos, pero en este caso debería hacerlo en un máximo de siete días.

No llegará al Pleno hasta después de Semana Santa

Las mismas fuentes señalan que, teniendo en cuenta todos los recursos que PSC y Cs prevén poner en marcha, ven imposible llevar esta ley al pleno de la Cámara para su aprobación hasta después de Semana Santa.

El CGE es el órgano consultivo de la Generalitat que se pronuncia sobre si las leyes se adecuan a la Constitución y al Estatut, y sus dictámenes son consultivos pero pesan mucho en las decisiones que luego toman los partidos y el Govern.

JxCat presentó la reforma de esta ley a principios de febrero para investir a Carles Puigdemont sin que viajara desde Bélgica para estar en el Parlament, lo que originó polémica tanto entre los grupos independentistas como con la oposición.

La tramitación de esta ley entraba entonces en confrontación directa con el Tribunal Constitucional (TC), que había prohibido la investidura de Puigdemont a distancia y le había fijado dos requisitos: que regresara de Bélgica y que se personara ante la justicia.

Informe de los letrados

Para desenredar el tema, el presidente del Parlament, Roger Torrent, decidió pedir a los letrados de la Cámara que hicieran un informe sobre si la norma presentada por JxCat entraba en confrontación directa con el alto tribunal.

Los letrados consideraron constitucional tramitar la reforma de la ley, pero avisaron de que lo recomendable era hacerlo cuando ya estuvieran en marcha la legislatura y el Govern.

A la práctica, lo que hicieron los letrados fue decir que la reforma de la ley era posible, pero no para investir a Puigdemont --ya que esto hubiera entrado en contradicción con el TC--, sino para investiduras a distancia futuras.

Cuando los letrados se pronunciaron no hubo controversia, porque Puigdemont ya se había retirado de la carrera para ser presidente y JxCat veía factible que Jordi Sànchez --el nuevo candidato-- asistiera al pleno del Parlament para ser investido pidiendo permiso al juez --aunque se lo denegaron--.

Así, la polémica volverá a estar servida si la tramitación de la ley se hace por vía de urgencia para recuperar la idea de investir a Puigdemont o a Sànchez; y, si se hace para investidura futuras a medio plazo, estará por ver.

Fuentes socialistas esgrimen que el propio informe de los letrados es un aval a su solicitud de reconsideración, ya que dejan claro que no puede tramitarse la norma en este momento actual de la legislatura porque aún no hay ni investidura ni Govern.