El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha desmentido hoy los rumores sobre la posibilidad de que el Gobierno conceda beneficios a Catalunya en cuanto a financiación autonómica se refiere a cambio de que Artur Mas desista de sus planes independistas. Sin embargo, tampoco ha sido excesivamente tajante en sus respuestas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: 'Estamos preparando una reforma de la financiación autonómica y ahora el precepto que interesa a Catalunya y al resto de España es el de garantizar la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos'. 'Eso es lo que tenemos que buscar y eso es lo que estamos dispuestos a hablar con la Generalitat y con todas las formaciones políticas de los arcos parlamentarios de todo el territorio', concluyó.

Quien sí se volvió a mostrar rotunda, una vez más, fue la vicepresidenta del Gobierno, que reprochó a Mas su empeño en seguir adelante con la vía independentista, pactando con el partido independentista escindido de ERC, Reagrupament. 'Tiene que dar una explicación a todos los ciudadanos porque se le ha dicho desde todos los ámbitos nacionales e internacionales que la independencia no cabe en nuestra legalidad ni en la internacional', ha esgrimido Soraya Sáenz de Santamaría. 'Parece que cuanto menos apoyo tienen sus tesis, él abre otros tipos de vías', ironizó. 

'Nosotros cumplimos y haremos cumplir la ley, la Constitución', zanjó la vicepresidenta, recordando que el Ejecutivo de Mariano Rajoy gobierna 'para todos los españoles, también para los catalanes'. 'Todos (los españoles) tienen derecho a decidir sobre los asuntos que les afectan', insistió, repitiendo las palabras del presidente, ayer, en Bruselas.

En cambio, se negó a revelar el nombre del miembro del Gobierno que conducirá el debate soberanista que tendrá lugar el próximo día 8 en el Congreso. La vicepresidenta se limitó a afirmar una y otra vez que el Ejecutivo tiene 'preparada' su intervención y a recordar que la postura de Gobierno y PP está clara. 'Solemos trabajar esas cosas', bromeó sobre la primera cuestión. 'La proposición de ley reclama que se le atribuyan a la Generalitat las competencias para organizar referendums y el Gobierno ya ha manifestado su posición en un escrito en el Congreso: Sólo nos encontrarán en el marco de la ley', concluyó sobre la segunda.

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado hoy una nueva oferta de empleo de público (OEP)  que prevé 1.211 nuevas plazas y otras 1.688 plazas de promoción interna. La nueva oferta, que fuecriticada por los sindicatos tras haber sido proclamada por Montoro el pasado martes,  se centra sobre todo en 'reforzar' la lucha contra el fraude fiscal  y 'mejorar' el control y la transparencia de las administraciones municipales, en el marco de la reforma local del Ejecutivo. 

Así, 734 nuevas plazas son para la Administración General del Estado y 80, para Justicia, además de otras 11 para funcionarios de Administración local con Habilitación de carácter nacional; 5, para enseñanza secundaria y otras 5, para letrados del Consejo General del Poder Judicial. Además, el Ejecutivo ha aprobado una Oferta de Empleo Público Extraordinaria con 166 plazas para la Agencia Tributaria y otras 210 para funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional.

Montoro ha vendido estas cifras como la solución a la 'necesidad de mejorar las administraciones públicas para dar a los ciudadanos los servicios públicos que se merece la España del siglo XXI'. Sin embargo, ha obviado citar los 300.000 empleos públicos destruidos y ha admitido que 'por jubilación puede haber descendido la plantilla (de empleados públicos) pero no en términos de pérdida de empleos'. 

Así, ha presumido de mantener 'el minsmo número de funcionarios públicos que en 2003 ( 2,7 millones)' y ha asegurado que 'el ajuste en pérdida de empleo en el sector público ha tocado fondo'. Por último, ha prometido también que 'no habrá nuevos descensos de empleo público en función de consecución del objetivo de déficit' porque, ha dicho, en su opinión, 'es un gravísimo error entender que la crisis del Estado tiene que llevar al descabezamiento de la función pública'.