El capítulo de regeneración democrática es en estos momentos el que mantiene atascada la negociación del acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos en Andalucía, que prosigue este jueves. Según indicaron fuentes de la negociación a Público, el PP busca rebajar las exigencias de Ciudadanos al respecto del momento en que los cargos imputados por corrupción tienen que dejar su puesto y también sacar del pacto la eliminación de los aforamientos de los políticos, que en Andalucía afectan a los miembros del Gobierno y a los de la Cámara. El PP cree que este es un asunto que se tiene que resolver en el ámbito nacional, mientras Ciudadanos considera que se debe de impulsar en la Comunidad.

Estos son precisamente los temas -los de regeneración democrática- que Ciudadanos eligió para romper el acuerdo de investidura con el PSOE en Andalucía, que un par de meses después desembocó en el adelanto electoral del pasado 2 de diciembre. De hecho, el propio presidente de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, dijo este miércoles en una entrevista en la Cadena Cope que le pide al PP “lo mismo” que ya reclamó en su día al PSOE de Andalucía y afirmó que los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, juzgados por el caso de los ERE, tuvieron que dejar sus actas en el Congreso y Parlamento andaluz, respectivamente, para que se pudiera llegar a un acuerdo la pasada legislatura entre el PSOE y Ciudadanos.

Y ahora, su partido, según las fuentes consultadas por Público, no va a bajar por pura coherencia ni un milímetro el listón que le pusieron a los socialistas, sus aliados de la legislatura pasada, en los temas de corrupción y que no se limitaban solo a los miembros del Gobierno, sino que afectaban también a alcaldes y concejales. Y ahí el PP, de cara a las próximas municipales, tiene asuntos abiertos en varias provincias, entre ellas, Granada y Málaga.

E incluso, aunque no parece que vaya a ser imputado por ello, el propio Juanma Moreno, presidente del PP en Andalucía y candidato a la presidencia, tiene que lidiar con las afirmaciones de Arturo González Panero, exalcalde conservador de Boadilla del Monte, el Albondiguilla, en la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre la financiación ilegal del PP. González Panero le dijo, como testigo, al magistrado José de la Mata que, en noviembre de 2005 le contó a Moreno -entonces secretario de Política Local en la Ejecutiva de Mariano Rajoy, bajo el mando de Soraya Sáenz de Santamaría- que Luis Bárcenas, el extesorero, le estaba presionando para que adjudicara contratos municipales a empresas concretas a cambio de dinero. Y agregó que Moreno, quien ha presentado una querella por falso testimonio contra el Albondiguilla, se limitó a darle las gracias y a decirle que lo tendrían en cuenta.

El pasado viernes, en una conferencia-coloquio, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo: “Creo que un Gobierno de la Junta sería mucho mejor que lo encabezara alguien limpio de corrupción, alguien que no tuviera asuntos pendientes en los juzgados. Imagínense que ponemos en marcha el Gobierno y el señor Moreno, por la kitchen, por Bárcenas o por lo que sea, lo vemos declarando en los juzgados o su partido vuelve a ser condenado por Bárcenas. Después de lo de los ERE, sería tela”. En resumen, los problemas de los conservadores con la justicia y su actitud hacia ellos son una de las razones que impiden que a día de hoy las negociaciones para formar un gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos puedan cerrarse.

Ciudadanos quiere que el PP firme lo mismo, o algo similar en el contenido, a lo que ya rubricó Mariano Rajoy en agosto de 2016 con el propio Rivera. Algo a lo que de momento, Moreno se resiste, según las fuentes consultadas. El punto 93 de aquel acuerdo decía así: “El Partido Popular y Ciudadanos se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial. Asimismo, se comprometen a que las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombrados para desempeñar cargos públicos. Adicionalmente, los partidos firmantes se comprometen, a través de un Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la Democracia, a hacer extensivo estos compromisos y a concretar sus efectos al resto de las fuerzas políticas”.

Optimismo 

A pesar de las discrepancias, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Juan Marín, se mostró “convencido” este miércoles de que “habrá acuerdo” de gobierno con el PP y aseguró que el PSOE “se irá a la oposición”, partido al que ha reprochado su mensaje de “cuidado que viene la derecha”. Marín fue tajante al señalar que “sí habrá cambio en Andalucía y el PSOE-A se irá a la oposición, que es donde lo han puesto los andaluces”. Marín criticó que el PSOE venga ahora con mensajes como el de “cuidado que viene la derecha”, cuando hasta hace tres días no consideraba a Ciudadanos la derecha porque tenían un pacto de investidura. Para Marín, esto de “la izquierda y derecha”, esa política “rancia”, está “muy superado”.

El PP también cree que las negociaciones van “en la buena línea” y que continuarán en los próximos días hasta que haya un acuerdo definitivo. Precisamente, fuentes de Génova consultadas por Europa Press consideraron que la negociación marcha “bien” y que se van a cumplir los plazos marcados para presentar un acuerdo antes del 27 de diciembre, día en que se constituye el Parlamento de Andalucía, la fecha límite que puso Moreno el pasado lunes para cerrar un acuerdo. De no tenerlo en ese momento, el presidente del PP consideró que sería un “fracaso absoluto” y que “ya veremos” qué pasa.

Además de los problemas con los asuntos de corrupción, existe también para que el pacto llegue a buen puerto el escollo de que Vox, un partido ultraderechista, antiestatutario, antifeminista, antieuropeísta y xenófobo, es el actor, el cómplice que necesitan PP y Ciudadanos para consumar su acuerdo. Y Ciudadanos, en realidad, preferiría no tener que contar con ellos para la gobernabilidad. Juntos, Moreno y Marín suman 47 escaños y necesitan al menos 8 de la formación ultraderechista para la mayoría absoluta y 4 para superar los 50 noes de PSOE y Adelante Andalucía. Este miércoles, su portavoz en Andalucía, el juez condenado por prevaricación, Francisco Serrano, se unió a la estrategia del PP y trató de meter prisa a Ciudadanos. En su cuenta de Twitter, manifestó que mientras PP y Ciudadanos “deshojan la margarita para buscar un pacto de gobierno, en Vox celebramos el adviento, teniendo claro que con las uvas muchos andaluces querrán celebrar el cambio y el total finiquito del régimen socialista”.