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Una ONG anticastrista pide seis años de cárcel para el periodista de una asociación de solidaridad con el pueblo cubano

El presidente de 'Prisoners Defenders' acusa a la asociación Euskadi-Cuba y al coordinador del digital 'Cubainformación' de calumnias, injurias e incitación al odio por un reportaje. El juicio se celebrará el próximo 15 de febrero, en Madrid.

El periodista José Manzaneda
El periodista José Manzaneda, frente al micrófono, en el Tribunal Internacional contra el Bloqueo a Cuba, un evento de carácter simbólico en la sede del Parlamento Europeo, el 16 de noviembre de 2023.  Cubainformación

El próximo 15 de febrero tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal 31 de Madrid la vista oral contra el periodista José Manzaneda, coordinador del digital cubainformación.tv, y la asociación Euskadi-Cuba, expropietaria de la web. El presidente de la ONG Prisoners Defenders, de ideología anticastrista, Javier Larrondo, les acusa de injurias y calumnias graves y de un delito de odio, por un artículo sobre la cooperación médica cubana, en el que se le llamaba "criminal de guerra".

La expresión "criminal de guerra", que fue suprimida del artículo el 13 de octubre de 2020, una semana después de su publicación, se enmarca en la crítica política, según alega la defensa de Manzaneda, y no se refiere a los delitos cometidos en los conflictos armados. "Es una figura retórica, amparada por la libertad de expresión", dice el letrado Endika Zulueta, defensor del periodista y de la ONG Euskadi-Cuba, dedicada a fomentar la solidaridad con el pueblo cubano.

Sin embargo, para Javier Larrondo, las descalificaciones recogidas en el artículo suponen delitos de calumnias e injurias graves, además de incitación al odio, y pide seis años de prisión para Manzaneda y otros tantos para los administradores de la asociación Euskadi-Cuba, propietaria de la web en el momento de los hechos. También pide una indemnización solidaria de 50.000 euros y una multa de 15.000 euros.

"Javier Larrondo, miembro de una de las familias de la burguesía cubana amparada por la dictadura de Fulgencio Batista es, como Marco Rubio y Donald Trump, un criminal de guerra. Y como tal debería ser tratado", este es el párrafo que ha provocado la querella de Larrondo. 

Para el presidente de Prisoners Defenders, tanto Manzaneda como Euskadi-Cuba son "defensores del Gobierno de Cuba" y le profesan animadversión debido a "las actividades e impacto en la opinión pública internacional" de su ONG "a favor de la democracia y los derechos humanos en Cuba". 

Javier Larrondo y su ONG, radicada en Madrid, han presentado varias denuncias contra el Gobierno cubano y, en concreto, han clamado en artículos por el final de la cooperación médica internacional de Cuba.

La Fiscalía no ve delito

El Ministerio Fiscal pide la absolución para José Manzaneda, ya que cree que los hechos denunciados no constituyen infracción penal alguna. Valora que tras la supresión del citado párrafo en su artículo Crear una crisis sanitaria en Cuba: objetivo de la guerra contra su cooperación médica, el periodista pidiera a las web que lo habían replicado que retiraran también esas palabras sobre Larrondo. 

Para la defensa de Manzaneda, no puede hablarse de un delito de injurias, puesto que el periodista "no actuó con ánimo de
menospreciar, sino de ejercitar un derecho, ejecutar una crítica o
denunciar unos determinados hechos en un contexto concreto.
Emitió juicios de valor respecto de una persona pública, cuando en
ellos están involucrados aspectos de interés público o general en
una sociedad democrática". 

Respecto a las calumnias, la defensa de los acusados sostiene que no se le ha imputado a Larrondo la comisión de ningún ilícito. 

Sobre el delito de odio, "no existe una incitación con la potencialidad suficiente para poner en peligro a colectivo alguno", dice Endika Zulueta. Larrondo considera, por el contrario, que la expresión "Y como tal debe ser tratado" pretende la reacción activa ante los calificativos de "criminal de guerra, burgués y colaboracionista de dictaduras".

Para el abogado Zulueta, el caso en sí encierra una paradoja: el que una ONG que dice defender los derechos humanos pida pena de cárcel por un artículo en el que se ha ejercido la libertad de expresión y de información. "Se pretende criminalizar la libertad de expresión,
la libertad ideológica y el pluralismo político", dice el letrado.

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