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Oposición PP El PP saca la oposición del Parlamento y la lleva a los tribunales

La vía judicial se está volviendo cada vez más recurrente para los de Pablo Casado. Enrique López, recién nombrado responsable de Justicia del PP, es el principal muñidor de esta estrategia y su postura gana enteros en Génova.

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López (izq) y el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea (dech), en rueda de prensa, en la sede del paertído en la calle Génova, Madrid (España), a 22 de enero de 2020. EUROPA PRESS
El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López (izq) y el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea (dech), en rueda de prensa, en la sede del paertído en la calle Génova, Madrid (España), a 22 de enero de 2020. EUROPA PRESS

marta monforte

La estrategia de oposición de Pablo Casado se centra en tres ejes. El primero, utilizar un discurso duro en el Congreso y Senado para confrontar cara a cara con el Gobierno y afianzar su posición respecto a Vox. El segundo, valerse de las autonomías gobernadas por el PP para que estas ejerzan de "dique de contención" frente al Ejecutivo central. El último, emplear la vía judicial para frenar determinadas actividades capitaneadas por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Los populares tampoco descartar salir a protestar a la calle cuando el Gobierno tome decisiones de calado, aunque esta vía despierta recelos en el PP.

La vía judicial se está volviendo cada vez más recurrente para los de Pablo Casado. Enrique López, actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y recién nombrado responsable de Justicia del PP, es el principal muñidor de esta estrategia y su postura gana enteros en Génova. López está metiendo al PP en un sin fin de querellas y recursos que pueden poner en entredicho a los conservadores a nivel judicial. Algunos cargos del partido ya discrepan de la estrategia de la dirección y señalan que no hay que contribuir al desprestigio de las instituciones con querellas "sin sentido".

El nuevo responsable de justicia del PP, Enrique López, fue apartado de los casos Bárcenas y Gürtel por su afinidad con el Partido Popular

López, que fue apartado de los casos Bárcenas y Gürtel por su afinidad con el Partido Popular, también fue magistrado del Tribunal Constitucional durante un año (2013-2014). Designado a propuesta del PP, fue uno de los motivos de polémica entre el PSOE y el PP ya que la formación conservadora quería renovarle. Tuvo que dejar este puesto por cuadruplicar la tasa de alcohol (1,12 en la primera prueba de alcoholemia ) y por conducir sin casco por Madrid: "En Génova está muy bien considerado, es una persona experimentada e inteligente que cuenta con la confianza de Pablo", aseguran fuentes populares a Público.

El estilo de López se asemeja al de la época de Francisco Álvarez Cascos, cuando este era secretario general del PP, un cargo que ocupó entre 1989 y 1999. Entonces López formaba parte del Consejo General del Poder Judicial y de ahí parte su relación con Juan Carlos Campo, el actual ministro de Justicia. Ambos eran vocales y cada uno lideraba a su grupo de vocales -conservador y progresista- cuando había que negociar los nombramientos.

Querellas, recursos y denuncias contra el Gobierno

 Los conservadores interpusieron una querella la pasada semana en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra el president de la Generalitat, Quim Torra, por un supuesto delito de usurpación de funciones públicas: "Presentamos esta querella porque el Gobierno está desistiendo de sus obligaciones", señaló López. "El PP asume esta acción para defender el Estado de derecho". Los conservadores insisten en que Torra no puede ser president, pero el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre la inhabilitación. Lo único que ha hecho es no suspender la resolución de la Junta Electoral mientras se estudia el recurso.

La exministra de Justicia Dolores Delgado se ha reincorporado este miércoles a su plaza como fiscal de la Audiencia Nacional después de dejar su escaño y antes de que se haga efectivo su nombramiento como próxima fiscal general del Estado. Por su parte, el PP está ultimando el recurso que interpondrá ante la Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en contra de esta elecció, una vez que su nombramiento por el Consejo de Ministros salga oficialmente publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo recibe la cartera del ministerio de Justicia, de manos de su antecesora Dolores Delgado, durante el acto de toma de posesión en el Palacio de Parcent. EFE/Ballesteros

Este recurso se interpone por la vía contencioso-administrativa. El único precedente es el de Eligio Hernández, anulado por el Supremo en el año 1994 al entender que los siete años en los que desempeñó cargos dependientes del Ejecutivo no constituyeron un ejercicio efectivo de su profesión de jurista. Herández no cumplía los 15 años de ejercicio efectivo como jurista, sin embargo, Delgado lleva 25 años de fiscal en la Audiencia Nacional.

Los conservadores también registraron una denuncia ante la Fiscalía a finales de enero para que investigasen el encuentro en el aeropuerto de Barajas entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Es más, fuentes cercanas a Pablo Casado no descartan interponer también una querella: "Cada cosa a su tiempo", señalan.

El PP amagó con llevar la concertada y las pensiones a juicio

Después que las declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá, afirmando que la elección de colegio no emana de un derecho recogido en la Constitución, el PP amenazó con salir a las calles o acudir a los tribunales para defender la enseñanza concertada: "Si hay que ir a los tribunales, iremos", aseguró la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra.

La decisión de congelar la subida de las pensiones hasta la formación del Gobierno molestó profundamente a los conservadores, que anunciaron que lo recurrirían  ante el Tribunal Constitucional. Esto ocurrió en diciembre y Sánchez fue investido a principios de enero. La primera medida del Consejo de Ministros fue aprobar la revalorización de las prestaciones, como había anunciado, con carácter retroactivo y la situación no llegó a más.