Según ha destapado La Directa, (desde aquí les agradecemos sus casi veinte años de trabajo periodístico destapando casos de espionaje a movimientos sociales). Según han publicado, un agente de la policía nacional, cuyo nombre real responde a las iniciales D.H.P., se infiltró durante tres años en los movimientos sociales de Barcelona.

Según cuenta el reportaje, D.H.P., bajo el nombre ficticio de Daniel Hernández Pons, se infiltró en el centro social La Cinétika en 2020. Durante su tiempo como infiltrado, Dani, (como se le conocía en el ambiente activista], participó en manifestaciones contra el encarcelamiento de Pablo Hasél; estuvo en varias concentraciones para evitar desahucios (en una de las cuales se enfrentó a un ultra de Desokupa); y, en aplicación de la ley mordaza, fue multado con 600 euros (que no pagó) por otra movilización. Dani no limitó su campo de actuación a Barcelona, con su identidad de falso activista también visitó en varias ocasiones el centro social La Casika de Móstoles y acudió a un encuentro libertario en Vitoria.

Pero D.H.P. no es el primer policía infiltrado en los movimientos sociales. Hace siete meses La Directa desveló cómo otro agente, Marc Hernández, se había infiltrado también en el movimiento independentista catalán. De hecho, tal y como denuncia La Directa, podríamos estar ante "una operación de introducción de múltiples espías en el activismo, bajo la batuta jerárquica del ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska”.

Y una infiltración que, además, según el marco legal existente, solo es posible si está amparada en una orden judicial, en supuestos de terrorismo, crimen organizado o tráfico de estupefacientes. Está claro que el caso del policía infiltrado en los movimientos sociales catalanes no obedece a ninguno de estos supuestos, por lo que podríamos estar ante una vulneración de los derechos fundamentales de la Unión Europea y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, (como último responsable de los cuerpos de seguridad del Estado), tiene que dar explicaciones.

En el Congreso de los Diputados, Unidas Podemos, ERC, Junts, PDeCAT, la CUP, EH Bildu y BNG han registrado una solicitud de comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso por parte de Grande-Marlaska. El motivo textual de la petición es dar explicaciones "en relación con las informaciones sobre el agente infiltrado en el movimiento popular e independentista de Barcelona durante tres años".

El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha informado de que Unidas Podemos ha registrado cinco preguntas dirigidas a Marlaska. En concreto preguntan si el Ministerio de Interior ordenó las acciones de espionaje; con qué finalidad se decide espiar a los movimientos sociales de Barcelona; si estas acciones tenían o no cobertura legal; si se autorizó al agente a mantener relaciones sexoafectivas con las activistas; y si se va a emprender una investigación sobre estas prácticas desde el Ministerio de Interior.

De forma similar, Iñigo Errejón, de Más País, y Mireia Vehí, de la CUP, también han registrado varias preguntas parlamentarias a la Mesa del Congreso. En el Parlamento de Catalunya, el diputado de la CUP Xavier Pellicer, y el portavoz del grupo En Comú Podem, David Cid, han registrado una solicitud para la comparecencia de urgencia del conseller de interior Joan Ignasi Elena.

Por su parte, el eurodiputado Miguel Urbán ha demandado a la Comisión Europea que abra una investigación sobre si la infiltración policial vulnera derechos fundamentales de ciudadanos de la UE. Ha solicitado, asimismo, que la CE pida explicaciones al Gobierno de España. El agente utilizaba las relaciones sexoafectivas como técnica de infiltración. Según explica la investigación de La Directa, el policía estableció relaciones con varias mujeres activistas, para afianzarse en los colectivos del barrio. 

Este medio ha recogido el testimonio de ocho mujeres que mantuvieron algún tipo de relación sexoafectiva, algunas de ellas de más de un año de duración, con el agente encubierto en los tres años que estuvo en Barcelona. Estableció contacto con ellas a través de distintos proyectos políticos y sociales del barrio de Sant Andreu: el cinefórum de La Cinétika; un grupo de trabajo de prevención de violencias machistas; organizaciones de apoyo al movimiento zapatista; o la Coordinadora Antirrepresiva del barrio. Un ejemplo es la relación que mantuvo con Clara, nombre ficticio, durante casi un año y a la que reprochaba que no le amaba lo suficiente. Clara es militante anarquista y miembro de La Cinétika.

"Si hubiera sabido que era policía, nunca habría mantenido una relación con él. No he podido decidir. Me vienen flashes de haberlo introducido en ambientes de mucha intimidad. Nada justifica que el Estado y la Policía se metan en mi vida. Siento que me ha violado, he estado con alguien que ahora me doy cuenta que no conocía y eso genera mucho miedo", esto decía Clara en una entrevista a La Directa. De hecho, este martes, cinco de las mujeres que fueron víctimas de los engaños del policía infiltrado han presentado una querella por abusos sexuales.

Le acusan de abusos sexuales, pero también de delitos contra la integridad moral, revelación de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos. La querella la presentarán contra el agente infiltrado, pero también contra su superior jerárquico y el Ministerio de Interior como responsable civil subsidiario. La acción jurídica está impulsada por el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Irídia y el sindicato CGT, donde milita una de las afectadas.

La querella pone el foco en el consentimiento a la hora de mantener relaciones sexuales y argumenta que este consentimiento "depende de la información de la que dispone una persona y de las circunstancias que envuelven esta interacción sexual concreta", concluyendo que "la información sobre la persona y sobre el tipo de práctica sexual son inseparables del consentimiento sexual". Fuentes del Ministerio de Igualdad nos dicen que están siguiendo de cerca el caso con enorme preocupación e insisten en que no se dé a conocer la identidad de las víctimas, y que la ley del solo sí es sí las protege para ello como nunca antes, incluso en el juicio.