VALENCIA.- "La ciudadanía valenciana ha decidido. Lo compartimos los parados, las desahuciadas, los precarios, las dependientes, los emprendedores, las que no llegan a final de mes, los que han tenido que irse, las empresarias, los mayores y los jóvenes: es el momento de una nueva política". Así empieza la declaración de intenciones y el programa de Gobierno que este jueves han rubricado PSPV, Compromís y Podemos bajo el nombre de Acord del Botànic tras diez intensos días de desplantes, con escarceo incluido de los socialistas con Ciudadanos.

Desterrado el bochorno de las últimas horas ─que se prolongó hasta última hora, cuando el PSPV rompió el voto mancomunado del tripartito y relegó a Podemos al quinto puesto de la Mesa de Les Corts Valencianes─, la apertura de la nueva cámara autonómica y la cercanía de la constitución de los ayuntamientos sentó por fin a la mesa a Ximo Puig, Mónica Oltra y Antonio Montiel. En la sala estaban también presentes a representantes de varias asociaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación como testigos.

Acordar "qué" hará el futuro gobierno progresista ─y escenificarlo con un acto público para que nadie se retractara luego─ era la única condición "irrenunciable" para Compromís. Así lo explicaba Oltra después de reír y llorar emocionada tras un día que Puig calificó como "histórico", donde "todo el mundo ha hecho un esfuerzo por sumar". Dos semanas "largas", un tránsito nada "fácil", en palabras de Montiel.

Las políticas con las que quieren "cambiar la vida de la gente" están enmarcadas en cinco ejes. El primero es el del "rescate ciudadano", un plan de medidas urgentes como la implantación de la renta mínima garantizada; combatir la pobreza infantil; frenar los desahucios o aplicar "de forma efectiva" la Ley de Dependencia. También se plantea acabar con la violencia machista como "objetivo transversal" mediante la puesta en marcha de "programas integrales".

Otro bloque es el de la "regeneración democrática y la lucha contra la corrupción", donde se incluye la reforma de la ley electoral valenciana para hacerla "más representativa y proporcional" (la barrera electoral es actualmente del 5% y hay un consenso bastante extendido para rebajarla hasta el 3%; con la reducción hubiera entrado en Les Corts Esquerra Unida, que se ha quedado fuera esta legislatura); la creación de una Oficina de lucha contra el fraude y la corrupción o la de la Ley para la protección del denunciante de prácticas corruptas e ilegales.

El tercer eje habla de "gobernar para las personas" con la elaboración de una Ley Valenciana de Educación "consensuada" (tras el fuerte conflicto del PP con la comunidad educativa) o con la paralización de los recortes en el sector público, entre otras medidas.

El cambio de modelo productivo ─siempre presente en todo discurso político─ es otra de las patas a desarrollar por el futuro Consell, que exigirá al Estado la deuda histórica y una financiación adecuada para el País Valencià y realizará una auditoría ciudadana de la deuda, además de crear una Agencia Tributaria propia.

De quién presidirá el Consell y quiénes y con qué competencias le acompañarán en el gobierno valenciano, aseguraron tanto Puig como Oltra, empezarán a hablar a partir de ahora. No va ser "una presidencia personalista", sino "un gobierno compartido, fuerte, potente, capaz, solidario, leal, que va a levantar esta tierra", aseveró el socialista.

La idea del PSPV es tener cerrado el acuerdo también sobre los cargos para cuando se constituyan los ayuntamientos y vincular el pacto autonómico a algunos municipales en los que aún existen dudas. Compromís maneja un plazo más dilatado, pero cuenta con que a lo largo del mes de julio se pueda investir a un presidente de consenso. O presidenta.