"Se ha dicho mucho en estos días que el hecho de que un fiscal general se vaya a sentar por primera vez en el banquillo es un hecho sin precedentes en España. Yo quiero decir que este hecho tiene precedentes, y que esos precedentes tienen que ver con que el PSOE, cuando se lo hacían a otros, miraba hacia otro lado". Con estas palabras, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, expresaba el posicionamiento que algunos partidos de la izquierda alternativa mantienen respecto al procesamiento de Álvaro García Ortiz por parte del Tribunal Supremo.

La postura de estas organizaciones reside en dos ejes. El primero es un cierre de filas con la situación que sufre el fiscal general del Estado, al que estos partidos consideran una víctima de una "guerra sucia judicial" perpetrada en su contra por la derecha tras filtrarse que Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tenía previsto declararse autor de dos delitos fiscales (una filtración de la que acusan García Ortiz, y por la que el Supremo lo ha procesado).

Todos los partidos de la izquierda alternativa han mostrado su apoyo al fiscal y han señalado esta situación. "Lo del fiscal es un ataque frontal contra la democracia y quien debería estar sentada en el banquillo es Isabel Díaz Ayuso y no el fiscal general. Habla muy mal de nuestra justicia y de nuestra democracia que Ayuso no esté en la cárcel y quien esté sentado en el banquillo de los acusados sea el fiscal general", aseguró Belarra durante una rueda de prensa el pasado martes en el Congreso.

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, se despachaba este miércoles, en el Congreso de los Diputados, en unos términos muy parecidos: "Si el fiscal general tiene que marcharse porque un tipo se inventa una cosa contra él, ¿quién será el siguiente?". Y continuaba: "El Gobierno tiene que poner pie en pared y pasar a la ofensiva. Están en guerra. Estamos en guerra. Ya está. Hay que olvidarse de todo lo demás. En guerra no se canjean soldados...". "Yo tengo muy claro que algún día me puede tocar a mí", abrochó.

Sin embargo, en algunas formaciones creen que esta situación es fruto de un "ecosistema marcado por el lawfare" que se ha desarrollado con, al menos, la anuencia del PSOE.

Uno de los partidos más duros con los socialistas en este sentido es Podemos. No es la primera vez que los de Belarra acusan a los de Pedro Sánchez de "mirar para otro lado" en los momentos en los que los dirigentes de la formación morada fueron "víctimas del lawfare".

Rodríguez, Serra y Oltra

En este partido recuerdan casos como los de Isabel Serra, "condenada sin pruebas" e inhabilitada para el derecho al sufragio pasivo durante varios años (lo que le impidió concurrir a unas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid).

También rememoran el caso de Alberto Rodríguez, exdiputado de Unidas Podemos al que la socialista Meritxell Batet retiró el escaño en 2021, cuando era presidenta del Congreso, tras atender a un oficio remitido por el Tribunal Supremo. En Podemos precisan que Batet accedió a quitarle a Rodríguez su condición de diputado aunque la Mesa de la Cámara Baja había decidido mantener su escaño (con el amparo de un informe jurídico de los letrados) tras ser condenado a un mes y 15 días de prisión como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014.

El pasado año el Tribunal Constitucional procedió a anular la retirada del escaño del exdiputado de Unidas Podemos tras presentar Rodríguez un recurso de amparo. "Lo que hizo Batet roza la prevaricación", apuntan fuentes de la formación morada, que insisten en que en ese momento el PSOE "era consciente de que Alberto estaba sufriendo un caso de lawfare, y no sólo miraron hacia otro lado, sino que en este caso fueron más allá, porque existía una decisión de la Mesa del Congreso y un aval jurídico de los letrados", explican voces parlamentarias.

"Cuando se desataba la guerra sucia judicial contra Podemos y se nos investigaba con informes falsos de la policía y se nos tenía años y años metidos en procesos judiciales por culpa de los sectores reaccionarios de la justicia, el PSOE miraba hacia otro lado porque pensaba que a ellos nunca se lo iban a hacer y porque les beneficiaba electoralmente. Pensaban que a ellos no les iba a tocar y por eso pactaron el CGPJ con la derecha. De aquellos polvos, estos lodos", aseguró el pasado martes Belarra.

Podemos no es la única organización que ha criticado la actitud del PSOE en este tipo de casos. La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, recordaba esta misma semana el caso de Mónica Oltra en el País Valencià.

"En Compromís creemos que el fiscal no debe dimitir, pero también creíamos que Mónica Oltra no tenía que dimitir cuando sufrió el caso de lawfare y en ese momento, por ejemplo, el PSOE no estuvo a la altura y no dio apoyo ni a Compromís ni a la vicepresidenta del Govern de la Generalitat Valenciana", afirmó Micó.

"Este (el del fiscal general) es un caso de lawfare como muchos otros", ha proseguido la diputada valenciana, "pero también quiero poner encima de la mesa que el PSOE no ha estado siempre a la altura cuando ha habido casos que han sufrido otros miembros de partidos democráticos que estábamos transformando y mejorando la vida de la gente".

"Les dijimos que ellos serían los siguientes"

Desde ERC llevan mucho tiempo insistiendo en una misma idea. "Nosotros ya les dijimos que ellos serían los siguientes", explicaban a Público a raíz, en este caso, de las filtraciones sobre Leire Díez. Pero es aplicable al caso del fiscal general.

Los republicanos se refieren a que cuando las víctimas de las cloacas del Estado o del lawfare —la judicialización de la política— eran los políticos independentistas, el PSOE se puso de perfil. Son casos de máxima actualidad, teniendo en cuenta que hay abierta una comisión de investigación en la Cámara Baja sobre la Operación Cataluña y el espionaje de Pegasus. En cualquier caso, de aquel tiempo a esta parte, y en especial desde que es el PSOE empezó a sufrir en sus carnes, siempre según estos partidos y el propio PSOE, la acción de esas cloacas, ERC le reprocha no haberlo denunciado con el mismo ímpetu cuando los objetos de ese eventual acoso y derribo eran los independentistas.

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Además, fuentes de los republicanos ponen otra cosa sobre la mesa. Pedro Sánchez se tomó cinco días de reflexión en abril de 2024 en los que sopesó abandonar La Moncloa. Finalmente, no lo hizo, pero prometió avanzar en la regeneración de la democracia española. Para ERC, se ha avanzado muy poco en ese sentido y todo lo que está ocurriendo alrededor del Gobierno coalición es, a su juicio, la mejor prueba de lo necesario que es llevar a cabo las reformas pertinentes.