El 21 de junio de 2022 la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y una de las principales dirigentes de Compromís, Mónica Oltra, dimitía de sus cargos en el Govern tras ser imputada en una causa judicial relacionada con los abusos de su exmarido a una menor tutelada por esta administración territorial. Lo hacía, según sus propias declaraciones, "para no comprometer el proyecto de cambio iniciado en 2015".

Casi dos años después, el juez ha archivado la causa contra Oltra por "no haberse justificado la perpetración de delito alguno", mientras que el histórico Pacto del Botànic que en 2015 alumbró el primer gobierno de coalición de las izquierdas en el País Valencià quedó defenestrado por un pacto de gobierno entre PP y Vox, tras ganar la derecha y la ultraderecha las últimas elecciones en el territorio.

Las lecturas de este martes, cuando se ha conocido el sobreseimiento de la causa, eran compartidas en el seno de la izquierda alternativa.  Tanto en Compromís como en Sumar se ponía el acento en la "alegría" que suponía el final de un proceso que, insistían todas las partes, le ha causado "un daño personal y emocional irreparable" a la dirigente valenciana y a los otros 15 miembros del equipo técnico y jurídico de la Consellería de Igualdad imputados en el caso hace casi dos años y absueltos ahora.

La coincidencia en que el mayor coste lo ha pagado Oltra era total, y así lo quisieron enfatizar dirigentes como Yolanda Díaz, Íñigo Errejón (portavoz de Sumar en el Congreso) o Àgueda Micó (portavoz de Compromís y diputada de Sumar en la Cámara Baja). "Tener que salir ahora a hacer estas declaraciones creo que es lo más bonito que me ha pasado en dos años", aseguró la diputada tras conocer el sobreseimiento de la causa.

Pero las lecturas en privado iban más allá del proceso que han afrontado en los últimos casi dos años la dirigente valenciana y los miembros de su equipo en la consellería. Para estas formaciones, el caso de Oltra es, entre otros elementos, un caso de "persecución política" y de lawfare contra el proyecto que la vicepresidenta representaba, el del gobierno de las izquierdas en el País Valencià.

El desgaste para Oltra, Compromís y el Govern

La dirigente de Compromís protagonizó en 2015 junto al entonces líder del PSPV, Ximo Puig, y el de Podem, Antonio Montiel, el primer gran pacto autonómico entre las izquierdas para gobernar un territorio en el que la derecha había tenido una clara hegemonía política durante décadas.

El modelo fue tan exitoso que el acuerdo se reeditó en una segunda ocasión, en 2019 (esta vez con Rubén Martínez Dalmau como líder de Podem) para extender otros cuatro años la vida de un ejecutivo que la ciudadanía valenciana refrendó en las elecciones autonómicas de ese año.

Tras la imputación de Oltra (y de otros 15 trabajadores de la Consellería de Igualdad) por supuestas maniobras para "ocultar" el caso de abusos de Luis Ramírez, exmarido de la vicepresidenta, a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana, el Botànic y el ejecutivo se vieron en claro peligro.

"En aquel momento nosotros gobernábamos la Generalitat y eso estaba afectando al día a día y al devenir de la acción política del gobierno", explicaba este martes Micó, en referencia al desgaste que la causa contra Oltra generó tanto a Compromís como al ejecutivo presidido entonces por Puig.

La oposición en bloque (PP, Vox y Ciudadanos) se lanzó en tromba para pedir la destitución de la vicepresidenta, consciente de que si el presidente tomaba esta decisión provocaría de facto la ruptura del Botànic. Antes de la imputación de Oltra, estos partidos ya habían lanzado una ofensiva por este caso, con preguntas en Les Corts y acusaciones sustentadas en que Ramírez había sido marido de la dirigente valenciana.

Oltra dimite para preservar el Botànic: "Ganan los malos"

En un primer momento, tras conocer su imputación, Oltra rechazó dimitir, defendió que no existía "prueba directa" contra ella (algo que el juez instructor de la causa ha terminado respaldando) y denunció que la "cacería" partía de "la extrema derecha". La dirección de Compromís respaldó a la vicepresidenta y el partido advirtió a Puig de que si optaba por destituirla, esa decisión supondría el final de la alianza política que vio la luz en 2015.

También advirtieron desde la formación valencianista de que la salida de Oltra del Govern sentaría un muy mal precedente de cara al año electoral que se avecinaba (el 2023), y llegaron a pedir a Puig aguantar hasta que se produjera una absolución que en el partido siempre dieron por segura. "Los tiempos jurídicos y los tiempos políticos a veces no coinciden", respondió el entonces líder de los socialistas valencianos.

Finalmente, el 21 de junio la propia Oltra anunciaba su decisión de abandonar sus cargos tanto en el Consell como en Les Corts, asegurando que lo hacía para proteger el Botànic, pero siendo consciente de que suponía que "ganan los malos".

En mayo del pasado año, el PP ganó las elecciones valencianas con 21 escaños más que en 2019 (de 19 pasó a 40), Compromís perdió dos escaños y Podemos perdió su representación en Les Corts. Junto a Vox, los conservadores obtuvieron los apoyos necesarios para hacer presidente de la Generalitat a Carlos Mazón y finiquitar el histórico pacto del Botànic entre las izquierdas.

Los factores que influyeron en el resultado electoral fueron muchos y de distinto origen (una ola reaccionaria que cambió todo el mapa territorial, una campaña muy estatalizada que apuntaba a un cambio en La Moncloa, una división en la izquierda valenciana agudizada por la división de la izquierda a nivel estatal...), pero nadie sabe lo que hubiera pasado en el País Valencià si Mónica Oltra no hubiera sido imputada en la causa archivada este martes.