El Gobierno ha optado por fijar posiciones y por respaldar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a cuenta de sus explicaciones sobre el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, hasta hace poco más de una semana jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, y una información publicada este martes, que dace tambalearse la versión de Marlaska. PP, Ciudadanos y el partido ultraderechista Vox ya han reclamado su dimisión.

La destitución de Pérez de los Cobos tuvo lugar el domingo; se conoció el lunes y el martes Marlaska se refirió a este cese como una mera reestructuración de equipos, un "nuevo impulso" al Instituto Armado: "No tiene ninguna otra razón"; "No hay ninguna circunstancia extraña", dijo. 

Este martes, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha defendido la actuación de Marlaska, calcando los mismos argumentos -"Pérdida de confianza" y remodelación normal de equipos- recordando que él afirmó que esta actuación no tenía nada que ver con este informe. El concepto "pérdida de confianza", decía, "abarca a muchos aspectos y conceptos distintos", y en ningún caso "ha habido ninguna intromisión o ninguna injerencia en las actuaciones judiciales". "Intromisión, ninguna".

Según Montero, el ministro tiene el "total apoyo" del "Gobierno" y de su presidente, a pesar de las últimas informaciones que apuntan a que este cese sí está relacionado con el 8-M. "No aprecio ningún tipo de contradicción", afirmaba, entre lo que dijo Marlaska y la información conocida este martes.

El Confidencial publica este martes que el ministro del Interior en realidad cesó a Pérez de los Cobos por negarse a filtrarle el informe elaborado por la Guardia Civil sobre la manifestación del 8-M, presentado ante el juzgado de Madrid que investiga el posible impacto de la protesta feminista en la transmisión del coronavirus. La versión de Marlaska es diametralmente opuesta, y él mismo negó esta vinculación.

La propuesta oficial de destitución de Pérez de los Cobos, remitida por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, al secretario de Estado de Seguridad, reconoce por escrito que de los Cobos no informó "del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento", y alude a la "pérdida de confianza" como razón del cese. El documento está clasificado como "reservado".

La ministra portavoz sólo se ha referido a este documento para afirmar que no aprecia "ningún tipo de contradicción". El documento, decía, "pone de manifiesto que no se le ha requerido ningún dato sobre el informe". Informe, apuntaba, "que no ha tenido ningún tipo de injerencia". 

Según Montero, "llama la atención del interés de algunos", por "intentar hacer de esa remoción algo ajeno a lo que es la normalidad normal, habitual", por "hacer ruído político". "No vamos a comprar ese marco mental que algunos intentan trasladar, siempre en esa política conspiranoide". 

El Instituto Armado actuaba como policía judicial, y la instructora del caso, la jueza Carmen Rodríguez-Medel, ya recordó a Interior hace una semana que podría incurrir en responsabilidades penales de haber destituido a Pérez de los Cobos a cuenta de su rechazo a desvelar información sobre esta causa. 

Marlaska aseguró en su comparecencia en rueda de prensa que, como juez, conocía los límites legales en esta situación, y afirmó que no había habido ninguna injerencia. 

De hecho, también aprovechó su intervención, que no estaba prevista, para anunciar una subida salarial para policías nacionales y guardias civiles, en el marco de la aprobación del tercer tramo del acuerdo para la equiparación salarial de estos cuerpos con las policías autonómicas.