La segunda gran crisis del Gobierno en apenas una semana ha vuelto a poner a prueba la solidez de la coalición, y pese a las diferencias claras que hay entre los dos partidos que la integran, estas fuerzas han optado el cierre de filas.

Y, si en el caso del pacto con Bildu se admitieron los planteamientos radicalmente distintos sobre la reforma laboral que defendieron Pablo Iglesias y Nadia Calviño -donde sólo Pedro Sánchez no apreciaba contradicciones-, en el caso de la polémica que ha puesto en el punto de mira al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el Ejecutivo y ambos partidos ha dado pleno respaldo al ministro.

Esta confianza llega al punto de que Interior dio a conocer a última hora de la tarde del miércoles la sustitución del hasta ahora jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil -número tres del cuerpo-, el teniente general Fernando Santafé, por el general de división Félix Blázquez. Maslaska ha precipitado este relevo a pesar de la crisis que hoy atraviesa el Instituto Armado.

Así, desde el conjunto del Gobierno y desde el PSOE se habla de "apoyo total" al ministro del Interior, y desde Unidas Podemos no sólo no ha habido crítica alguna, sino que se ha defendido abiertamente que Marlaska destituyera al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, la mecha que ha prendido la polémica. Todos los ministros eligen a su equipo de confianza, Marlaska no es la excepción, insistían. Tampoco ha habido crítica alguna a su decisión de anunciar una subida salarial para la Policía Nacional y la Guardia Civil, en mitad de la polémica. Cero reproches.

De hecho, el vicepresidente segundo se levantó a aplaudirle en el Congreso de los Diputados cuando finalizó su última intervención, este miércoles, en un pleno aprovechado por la derecha para afearle la crisis generada en la Guardia Civil, de nuevo arreglándosela para introducir alusiones a ETA. Maslaska lleva desde el martes insistiendo en la normalidad de su actuación, y en esta ocasión ha encontrado todo el apoyo que cabía esperar.

Todo, a pesar de que Marlaska es probablemente uno de los ministros del PSOE que defiende postulados más alejados a los de Unidas Podemos en varias materias. En anteriores ocasiones, sus palabras o decisiones en materia migratoria han generado un importante malestar entre los de Pablo Iglesias, 
en especial en relación con los CIE, pero hoy por hoy no toca.

Y es que entre el PSOE y Unidas Podemos hay el convencimiento, sobre todo tras el caso de Marlaska, de que tanto el PP como el partido ultraderechista Vox siguen dispuestos a cuestionar permanentemente la legitimidad del Gobierno. Sostienen que, además de poner en cuestión el sistema democrático, han optado por judicializar la vida política y ganar en los tribunales lo que no consiguieron en las urnas. 

De perder en las urnas a batallar en los tribunales

Es lo que se conoce como el lawfare  [Guerra judicial, en inglés], una táctica que consiste en llevar todo a los tribunales aunque, en muchas ocasiones, se sepa que hay nulas posibilidades de que las denuncian prosperen, y hasta se asuma que no tienen base como para ser tenidas en cuenta. El objetivo es desgastar al adversario político, no que las causas necesariamente prosperen.

Desde estos partidos recuerdan que hay múltiples demostraciones de esta forma de proceder en países como Ecuador o Bolivia, aunque el principal ejemplo está en Brasil, con Lula Da Silva y Dilma Rousseff, y el papel que jugó en esto el actual presidente del país, el ultraderechista Jair Bolsonaro.

Vox ya tiene un largo historial presentando querellas -este miércoles anunció la última contra la directora de la Guardia Civil y el secretario de Estado de Interior-, y el PP tiene ya casi como práctica recurrir ante el Tribunal Constitucional cualquier decreto que salga del Gobierno.

Fuentes socialistas afirman que ésta es claramente la estrategia de las derechas, pero aseguran que tendrá respuesta política y, además, esperan que también judicial. "No nos vamos a callar ante esta indigna forma de actuación en política", afirmó un miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista.

En el PSOE, además, preocupa esta forma de hacer oposición, que enmarcan en la deriva del PP hacia la ultraderecha, pero donde se teme que haya un contagio en la sociedad y se incrementen la crispación y el enfrentamiento.

En Unidas Podemos la lectura es más contundente, y lo consideran una "táctica golpista" habitual de la ultraderecha. "Consiste en montar acusaciones falsas contra el Gobierno legítimamente elegido en las urnas", asegura a Público Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. "Esto se está explorando desde diferentes sectores de la derecha y la ultraderecha españolas", abunda.

Unidas Podemos ha denunciado en varias ocasiones operaciones como la del supuesto informe policial PISA -por las siglas Pablo Iglesias Sociedad Anónima-, un compendio de recortes de prensa apócrifo. Ahora, desde el Ejecutivo, los ataques siguen llegando, aunque sea por otros caminos.

No obstante, ambos partidos aseguran que en España es bastante difícil que se den situaciones como las de Brasil, Bolivia o Ecuador y, pese a la preocupación, manifiestan su confianza en la independencia judicial. "Confío en que no prosperará, porque para eso haría falta que los jueces no hicieran bien su trabajo, y yo confío en que esta estrategia golpista no va a encontrar aliados en la judicatura española, que es moderna, Europea y de un país democrático", zanja Echenique.