"Desgraciadamente, Rita Barberá ya no está en nosotros. Pido que seamos capaces de dejarla descansar en paz". Así se zafó este martes Rafael Hernando de responder sobre sus propias acusaciones a la prensa por haber sido la causante del "linchamiento mediático" de la exalcaldesa de Valencia. 

Tras la muerte de la senadora, los conservadores arremetieron contra los medios de comunicación, insinuando incluso que habían contribuido a lo que se suponía, en un principio, un fallecimiento por causas cardíacas. Hoy, tras conocerse los resultados de la autopsia y que el deceso de Barberá se debió a una enfermedad hepática, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso (GPP) quiso enterrar el asunto. 

No obstante, a las palabras bonitas que, tras haberla apartado del partido, le dedicaron todos sus dirigentes -el presidente Mariano Rajoy incluido-, se une hoy una batalla judicial contra la ya conocida como 'ley antiBarberá'. Les Corts Valencianes aprobaron una ley que permitía revocar el escaño a quienes "tengan comportamientos contrarios a los intereses de los valencianos o desprestigien sus instituciones".

Por aquel entonces, el Supremo había abierto una causa contra ella por un presunto delito de blanqueo de capitales. Rajoy, a través de María Dolores de Cospedal, forzó la baja de la exalcaldesa en el partido, pero ésta se negó a renunciar a su escaño en el Senado. 

Frente a ello, el Parlament valenciano intentó una maniobra para obligarla a dejar su asiento en la Cámara Alta, dado que lo había obtenido por designación territorial. Sólo el PP valenciano que dirige Isabel Bonig votó en contra y anunció el recurso de la misma ante el Tribunal Constitucional.

Hoy ese anuncio se ha materializado -tal y como adelantó la Cadena Ser- y la propia Bonig ha defendido esta decisión en una rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Dirección del GPP. "En un Estado de derecho lo peor que se puede hacer es legislar ad hoc para una persona concreta o contra una persona concreta". 

"La propia Abogacía del Estado y los propios letrados de Les Corts ya advirtieron de que se trataba de una ley inconstitucional", aseguró Bonig. "Aún así se continuó adelante por el empeño de Compromís y Podemos, y también por el propio PSOE, que está atrapado y maniatado por el sectarismo y la radicalidad", agregó. Y concluyó: "Las leyes están para resolver los problemas globales de la gente", defendió.