La tramitación del Ingreso Mínimo Vital contará con un amplio apoyo en el Congreso. Después de que dirigentes, como la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, tacharan la propuesta de "regalo" que "crea dependencia" del Estado, en el PP trataron de enmendar su postura al hilo de las encuestas, defendiendo que se trata de una "imitación" del las medidas que ellos llevan "años" aplicando en las comunidades autónomas en las que gobiernan.

El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado en diversas ocasiones que Manuel Fraga ya instauró la renta mínima en Galicia y que también la aplicaron otros presidentes del PP como Ramón Luis Valcárcel en Murcia, Alberto Ruiz Gallardón en Madrid, Juan Vicente Herrera en Castilla y León, o José Antonio Monago en Extremadura. Sin embargo esta ayuda supone un suelo mínimo, marcado a nivel nacional, en todo el territorio y que las comunidades autónomas pueden, en todo caso, complementar.

El líder de los populares ha trasladado a sus diputados su voto favorable, después de algunas semanas de debates en la sede de Génova 13. Los 89 diputados del PP apoyarán la convalidación en el Congreso del real decreto ley, eso sí,  con la intención de que se tramite como proyecto de ley y puedan así presentar enmiendas con las que definir su modelo de esta renta.

Los populares se debatían entre la abstención y el voto afirmativo, "en ningún caso en contra", según trasladan fuentes populares. Finalmente, se ha acabado imponiendo el 'sí'. Todo ello pese a que el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernandez Lasquetty, aseguraba que había un "componente ideológico y sectario" en este ingreso. "Es un intento claro de hacer peronismo a gran escala", decía en Esradio. En esta línea, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, dijo hace dos semanas que, tal y como estaba planificado, el Ingreso Mínimo Vital ponía "en peligro las pensiones".

El PP quiere que la ayuda esté vinculada a la búsqueda activa de empleo y que se centre sobre todo en los afectados por la crisis del coronavirus. Asimismo, defiende que los ayuntamientos tengan dinero suficiente para pagar el incremento de burocracia derivada a la gestión de la ayuda.