El PP de Alacant ha pactado con el grupo municipal de Vox los presupuestos de 2024 tras unas negociaciones que incluyen la petición del partido de Santiago Abascal de evitar multar a los vehículos que no cumplan las exigencias de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). También han pactado otras enmiendas de Vox, como la creación de oficinas antiabortistas "para atender a mujeres embarazadas con dificultades económicas, sociales o familiares" y también un servicio contra "la ocupación ilegal de viviendas", según recoge El País.

El popular Luis Barcala es el alcalde de Alacant con el apoyo de 14 de los 29 concejales del pleno municipal, es decir, en minoría a falta de un acta en una corporación donde también están representados el PSPV-PSOE, con ocho ediles, Vox (4), Compromís (2) y Unides Podem (1).

El portavoz de la junta de gobierno, Manuel Villar (PP), ha explicado que esta decisión se ha tomado porque "el Observatorio de Medio Ambiente de la ciudad indica que no hay problemas de contaminación en Alacant" y ha señalado que el flujo de tráfico en la ciudad "va a seguir como antes".

La ordenanza municipal que iba a regular la ZBE con las sanciones económicas está vinculada al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia financiado con fondos Next Generation de Europa en el que se destinaban un total de más de 15 millones de euros a la ciudad para la realización de 12 proyectos de transformación urbana.

Esta propuesta figuraba dentro de la ordenanza reguladora en la que se proyectaba establecer diferentes regímenes sobre los desplazamientos de vehículos dentro de los anillos de la Gran Vía y del Centro, y la nueva posición del PP para evitar las multas con el fin de sacar adelante las cuentas considera que no es necesario implantar un sistema punitivo para lograr el doble objetivo de mitigar la contaminación y mejorar la movilidad.

Retrocesos impensables

En una comparecencia ante los periodistas tras presentar a Juan Antonio Nieves como nuevo subdelegado del Gobierno en Alacant, la delegada del Gobierno en la Comunitat y vicesecretaria del PSPV-PSOE, Pilar Bernabé, ha afirmado que esta concesión a Vox es "otro de los ejemplos claros" de los gobiernos de "la ultraderecha con la derecha", donde los primeros forman o bien parte del gobierno municipal o son "aliados indispensables para aprobar las leyes y presupuestos".

Ha opinado que se trata de "retrocesos" que son "impensables hace solo unos años y que no tienen cabida en una sociedad moderna" porque son contrarios a la Agenda 2030 y encarnan el "negacionismo de algo tan básico y fundamental y que tiene el consenso mundial" como la crisis climática.