Era la crónica de una muerte anunciada y finalmente se ha confirmado en el pleno de este viernes en el Parlament. Los presupuestos han quedado aprobados con los votos de ERC, PSC y Comuns, pero el plan para hacer una prueba piloto de la renta básica universal (RBU) ha quedado fuera. Como ya habían hecho en la comisión de Economía, PSC y Junts se han aliado para derribar la partida presupuestaria de 40 millones que debía servir para ponerla en marcha este 2023. PP, Cs y Vox también han votado en contra.

De nada ha servido la campaña que reunió a más de medio millar de firmas, incluyendo las de personalidades como los actores Lluís Homar y Ariadna Gil, artistas como Clara Peya y Carla Rovira y académicos como Mònica Clua y Daniel Raventós. Tampoco la encuesta que revelaba que ocho de cada diez catalanes están de acuerdo con la implementación de esta prestación, incluyendo a los votantes de ambos partidos.

El plan, que había sido calificado de "pionero" por expertos a nivel mundial, pretendía que durante dos años 5.000 personas cobraran la RBU, con una cantidad de 800 euros mensuales por adulto y de 300 para los menores. Combatir la pobreza o mejorar el bienestar son algunos de los beneficios que sus partidarios achacan a esta prestación.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha afirmado una vez terminado el pleno que se trataba de una apuesta "estratégica e innovadora" para dar respuesta a una "situación estructural de pobreza" y que el Govern no se detendrá a la hora de buscar "mecanismos" y "alianzas" para que el trabajo hecho a lo largo de un año y medio no caiga en saco roto.

El coste de la política era de 40 millones de euros y éste ha sido uno de los argumentos utilizados por PSC y Junts para darle la espalda y apartarla de la ley de acompañamiento de los presupuestos. "No creemos que sea el momento de hacer una prueba de estas características", ha afirmado el portavoz del PSC.

Tanto el diputado socialista como Joan Canadell, el encargado de exponer los argumentos de Junts, han defendido que se trata de una política que tendría un coste de entre 50.000 y 65.000 millones si se aplicara al conjunto de la población una vez hecho el experimento. Alegaron que es una cifra que supera el conjunto de financiación de la que dispone la Generalitat -los presupuestos aprobados este viernes están dotados con 41.025 millones- y, por tanto, imposible de aplicar.

Canadell ha añadido que el Govern no ha permitido un "debate previo" a la aprobación de una medida de esta envergadura y también ha señalado "falta de rigor". El diputado ha aprovechado también su intervención para defender los macroproyectos, apuntalados con los presupuestos, y reclamar la supresión del impuesto de sucesiones y la rebaja del IRPF.

Financiada a través de los impuestos de los más ricos

Precisamente, los defensores de la medida señalan los impuestos de los más ricos como forma de financiación de la RBU. Este plan piloto se impulsó a raíz del acuerdo de investidura firmado entre ERC y la CUP a instancias de los anticapitalistas. La diputada Montserrat Vinyets ha defendido que esta medida serviría para realizar una redistribución de la riqueza real, a través de la tributación del 10% de las rentas más altas del país. "Todo el mundo debe tener derecho a cobrar una prestación por vivir", ha añadido.

Vinyets también se ha dedicado a rebatir los argumentos del PSC, que ha defendido redirigir los recursos hacia prestaciones que ya están en marcha, como la renta garantizada o el ingreso mínimo vital. "No son eficaces, abocamos a la gente a un pozo de burocracia, papeles y colas", ha criticado la diputada.

Vinyets también se ha dedicado a rebatir los argumentos del PSC, que ha defendido redirigir los recursos hacia prestaciones que ya están en marcha, como la renta garantizada o el ingreso mínimo vital. "No son eficaces, abocamos a la gente a un pozo de burocracia, papeles y colas", ha criticado la diputada.

Por su parte, la portavoz de ERC se ha mostrado sorprendida por la alianza entre PSC y Junts y ha reconocido que hay que "debatir sobre las virtudes y los defectos de la renta básica", pero ha defendido que para ello "es imprescindible el plan piloto" para estudiar sus efectos.

La oficina de la RBU seguirá en marcha

La eliminación de esta partida no significa el cierre de la oficina que pilota el plan, que depende del Departament de Presidència y está encabezada por el sociólogo Sergi Raventós. Así lo ha asegurado la portavoz de ERC, Marta Vilalta, en una entrevista en TV3 donde ha explicado que "no se ha tocado" la parte de la ley de presupuestos en la que hay los recursos para hacerla funcionar. En la misma línea, la consellera Vilagrà ha afirmado que el plan piloto "sigue" y que buscarán una nueva manera de hacerlo realidad.

Para las dos líderes de ERC, la supresión de los recursos para el plan piloto "contraviene" el acuerdo sobre los presupuestos con los socialistas, que han presentado la enmienda de "modo unilateral". "Tanto la pinza de Junts y PSC como el incumplimiento del acuerdo es grave", ha sentenciado la consellera.