El PSOE ha escenificado este martes en el Congreso su rechazo a sacar a alquiler social el parque de viviendas de la Sareb (Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), una entidad creada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para comprar activos inmobiliarios de cajas de ahorro y bancos quebrados en la crisis de 2008, y que el Gobierno de coalición nacionalizó el pasado mes de enero, asumiendo así su deuda de 35.000 millones de euros.

Tras la negativa de los socialistas a aprovechar esta operación en el seno del Ejecutivo para crear un parque público de vivienda, Unidas Podemos registró una proposición no de ley en la Cámara Baja en la que se persigue este fin, esto es, convertir dicha entidad en una herramienta pública.

Coincidiendo con el bloqueo de la tramitación parlamentaria de la ley de vivienda, precisamente por las desavenencias de PSOE con Unidas Podemos, además de otros socios habituales, en lo relativo a esta propuesta, entre otras, el grupo morado ha llevado el debate de dicha iniciativa al Pleno de este martes, una proposición no de ley que votará el próximo jueves y cuya aprobación está en el aire.

Y es que, ante la petición de Unidas Podemos (respaldada por ERC y EH Bildu) de incluir esta medida en la ley de vivienda, así como la regulación del precio de alquiler en las zonas de mercado tensionado para todos los propietarios (no solo a grandes tenedores, como está contemplado en el proyecto de ley) y la prohibición de manera estructural de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, el PSOE ha cerrado la puerta a que la titularidad y gestión de las viviendas de la Sareb pase a manos de las autonomías.

"La Sareb no es el principal instrumento público para desarrollar políticas de vivienda. Ni siquiera es un instrumento para ello. Lo que va a permitir que la vivienda sea el quinto pilar del estado de bienestar son las políticas del Gobierno", ha señalado desde la tribuna el diputado socialista Víctor Valentín Píriz para poner en valor el proyecto de ley estatal de vivienda, cuya ponencia, aún sin constituirse, tiene en su haber la ardua tarea de discutir las más de 800 enmiendas parciales presentadas.

En su lugar, los socialistas han trasladado a sus socios un texto por el que piden "mejorar la coordinación de la actuación de la SAREB en relación con la suspensión de los desahucios, situando en el centro de sus actuaciones el criterio de vulnerabilidad de los habitantes de viviendas en propiedad, estudiando cada caso para evitar situaciones no deseadas e implicando siempre a los servicios sociales para buscar alternativas habitacionales en su caso".

Frente común para mover al PSOE de su posición

Previamente, los portavoces de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu habían instado al PSOE a "poner a la Sareb al servicio del interés general". Y es que, a pesar de que el Estado ha asumido su control, incluida su deuda, la gestión se llevará a cabo por los fondos buitre. "Si se convierte en una sociedad pública, las viviendas, también", ha subrayado la diputada morada Pilar Garrido. 

El portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, ha recalcado el apoyo a la medida "por coherencia", añadiendo que otra premisa: que la transmisión de los inmuebles y el suelo rústico se haga a las corporaciones locales y no a las autonomías. También, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha reivindicado dicha propuesta y ha advertido de que su formación "no cederá" en la negociación de la ley de vivienda. Con todo, la tramitación de esta ley sigue estando hoy lejos de desatascarse.