Los barcos de la naviera saudí Bahri entran y salen de los puertos españoles con una garantía de confidencialidad absoluta. Desde que los buques encargados del transporte de armamento empezaron a hacer escalas en los puertos españoles en 2016, las autoridades gubernamentales se han negado una y otra vez a proporcionar cualquier mínimo dato sobre sus actividades, al tiempo que han autorizado que realizaran cargas de material bélico en plena guerra de Yemen. Nada de eso cambiará a corto plazo. 

ERC llevó este miércoles a la Comisión de Defensa una propuesta dirigida a pedir al Gobierno que deniegue a los barcos de Bahri "los permisos para el tránsito de armas sospechosas de ser usadas en el conflicto de Yemen". El diputado Gerard Álvarez advirtió que los buques saudíes "siguen atracando en los puertos españoles" sin que se efectué "ningún tipo de exploración con el consecuente requiso" del material que transportan en caso de ser "sospechoso de utilizarse en conflictos bélicos". La iniciativa de la formación soberanista catalana contó únicamente con el apoyo de Unidas Podemos y EH Bildu, mientras que PSOE, PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra.

Según datos recogidos por Público, más de 30 "barcos de la muerte" saudíes han atracado en los puertos de Bilbao, Santander, Motril y Sagunto desde que el régimen de Salmán bin Abdulaziz inició los ataques contra Yemen en marzo de 2015. Todos esos buques provenían de EEUU, donde suelen cargar armamento que posteriormente es utilizado en esa guerra. En el caso de España, las visitas de los buques de Bahri coincidieron con el notable aumento de las exportaciones de armamento a Arabia Saudí. Ese comercio creció precisamente tras el inicio de la intervención militar en territorio yemení.  

"Las escalas y cargas de estos buques convierten a España en cómplice de crímenes de guerra", denunció Amnistía Internacional (AI) en un hilo publicado en Twitter antes de que la comisión de Defensa abordase la iniciativa de ERC. La organización de derechos humanos ofreció un panorama aterrador sobre la realidad de ese conflicto: "Después de seis años de guerra más de 112.000 personas han muerto en Yemen a causa de los bombardeos, incluidos más de 18.000 civiles en ataques directos, y al menos cuatro millones de personas han tenido que huir de sus hogares", señaló.

A lo largo de estos seis años, la coalición encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos –otro cliente habitual de la industria armamentística española– "ha realizado más de 23.000 ataques aéreos con decenas de presuntos crímenes de guerra con ataques deliberados y arbitrarios a escuelas, hospitales, mezquitas, mercados y funerales", mientras que el bloqueo naval contra Yemen "limita la ayuda humanitaria y lo aboca a la hambruna en plena pandemia de Covid-19".

Diferencias entre PSOE y UP

En el seno del Gobierno hay división sobre este asunto. Por un lado, Unidas Podemos defiende la suspensión de la venta de armamento al régimen saudí, siguiendo así la línea de países que ya han paralizado ese comercio, entre los que se encuentran EEUU o Italia. La formación de izquierdas anunció en febrero que tenía previsto formular una iniciativa parlamentaria con ese objetivo, aunque finalmente retrasó su presentación y abrió conversaciones con los ministerios de Exteriores y Defensa para tratar de alcanzar un consenso previo. Fuentes de Unidas Podemos señalaron a Público que esas conversaciones continúan. 

Sin embargo, el PSOE ha vuelto a dejar claro este miércoles que no tiene previsto dar pasos hacia la suspensión del negocio militar con el régimen saudí. En la comisión de Defensa celebrada este miércoles, la diputada socialista Begoña Nasarre esgrimió los argumentos centrales de ese partido respecto a este polémico asunto: a su juicio, el Gobierno cumple en todo momento con lo estipulado en el Tratado de Comercio de Armas y, además, cuenta con "un sistema sólido y eficaz" a la hora de analizar las solicitudes de exportaciones de material bélico que realizan las empresas armamentísticas. 

Según plasmó en una enmienda, el PSOE solamente está dispuesto a "continuar buscando mecanismos de mejoras y actualización en el instrumento de verificación ex-post, entendido como una garantía reforzada que permitirá controlar más exhaustivamente el empleo del material exportado, de modo que hagan aún más efectivo el control de comercio de material de defensa y de doble uso".

El "instrumento de verificación ex-post" al que aludió la representante del PSOE existe desde abril de 2020. Se trata de una herramienta introducida por el Gobierno en la legislación que contempla, literalmente, una "verificación en destino del producto exportado en las operaciones en las que así se decida" por parte de la Junta Interministerial que analiza las solicitudes de exportación. Sin embargo, ese mecanismo aún no ha sido puesto en práctica en ninguna de las ventas efectuadas a Arabia Saudí.

"No hay embargo"

El Gobierno también ha rechazado distintas preguntas parlamentarias sobre las cargas que realizan estos barcos. Así lo constató a finales de marzo el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien había preguntado por el caso concreto de un barco saudí que en febrero pasado atracó en Sagunto. El Ejecutivo rechazó dar cualquier información sobre ese caso en concreto, alegando que la propia normativa europea en materia de Aduanas impide dar cualquier dato al respecto. Del mismo modo, argumentó que "actualmente no existe embargo alguno adoptado ni en el marco Naciones Unidas ni en el de la Unión Europea para la venta de material de defensa o de doble uso a Arabia Saudí".