MADRID.- Rodrigo Rato, exministro de Economía del PP y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, ha llegado poco después de las 08.30 a los juzgados de la Plaza de Castilla, donde debe declarar hoy por las presuntas irregularidades del fichaje en Bankia de su excuñado Santiago Alarcó y de su secretaria Teresa Arellano por la entidad que tuvo que ser rescatada con dinero público en 2012, dentro de la causa que investiga al exministro por varios delitos.

Pocos minutos después de que abrieran las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, Rodrigo Rato ingresaba en el edificio que, al contrario que en otras ocasiones, no estaba rodeado de preferentistas y pequeños accionistas de Bankia.

A su excuñado lo contrató como experto en mercados internacionales para Caja Madrid. El suelo inicial era de 120.000 euros en 2011, contrato que se renovó en 2012 con 240.000 euros y que creció al año siguiente a 480.000 euros.

Su secretaria empezó en Bankia con 110.000 euros en 2010 hasta lograr el triplete: en 2012 ganaba 374.500 euros. Su indemnización por despido fue de 339.619 euros y con una antigüedad reconocida de doce años, aumentos que para la Fiscalía podrían suponer un caso de presunta administración desleal.

¿Autoblanqueo de 6,5 millones de euros?

Estos contratos figuran en una pieza separada abierta por el juez de instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, dentro la causa abierta sobre el origen de la fortuna de Rata, quien habría 'autoblanqueado' 6,5 millones de euros.

La Policía detalla en un informe entregado al juzgado varias operaciones que, según su criterio, podrían ser el origen de los fondos de Rato, a los que se habría sometido a un posterior procedimiento de blanqueo. Así, sitúa entre estos indicios "la contratación", por parte de Bankia, de personas vinculadas al expresidente de la entidad.

El juez ha retirado el pasaporte a Rato y lo mantiene en la causa como investigado por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y administración desleal.

La pieza separada de los contratos del entorno de Rato incluye declaraciones previas de varios exempleados de Bankia, quienes no han sabido explicar en el juzgado el contenido del trabajo que ejercía Alarcó.

La secretaria de confianza de Rato comenzó a acaparar poder y pasó a hacerse cargo de la dirección general de Comunicación de Bankia. Aquí el entonces director de recursos humanos de Bankia ha admitido al juez que desconocía el título o los estudios que ella tenía para ejercer este cargo. Arellano es investigada por poseer una cuenta en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Otro contrato de Bankia que se investiga es el de la persona que organizaba las conferencias de Rato: Pedro Díez, administrador de la empresa BCC. Los investigadores del caso sospechan que los beneficios obtenidos por estas apariciones públicas no eran declarados a Hacienda y que se facturaban a través de una de sus compañías, Arada.

Cuarta comparecencia

Es la cuarta vez que Rato comparece ante el juez Serrano-Artal en relación con la gestión de su patrimonio.

El juez Serrano-Arnal mantiene abierta la investigación en tres líneas que confluyen en la empresa Kradonara 2001, de la que Rato es el beneficiario último a través de la sociedad británica Vivaway, administrada desde el paraíso fiscal de la Isla de Guernsey.

Kradonara tuvo unos ingresos de 6,5 millones de euros del año 2002 al 2014. Al mismo tiempo, esta misma empresa recibió transferencias de Vivaway por más de 3 millones de euros. A su vez, esta última empresa recibió desde Panamá y Bahamas cerca de 3,4 millones de euros entre los años 2012 y 2014. Y Rodrigo Rato tuvo unas entradas de divisas cercanas a los 2,8 millones de euros.

En este sumario, Serrano-Artal mantiene como investigados (antiguos imputados) a las entidades Telefónica y Lazard, el banco asesor de la salida a bolsa de Bankia que pagó a Rato 6,2 millones de euros por supuestos emolumentos. Antes de ser presidente de Bankia, Rato trabajó para Lazard, presidida por Jaime Castellanos.

El año judicial de Rato

El exministro de Economía del PP Rodrigo Rato tiene más citas ante la Justicia: el día 26 se sienta en el banquillo por el escándalo de las tarjetas de Caja Madrid opacas al fisco y, en octubre, será testigo en el juicio de la trama corrupta de Gürtel (primera época), creada alrededor del Partido Popular.

El juicio de las tarjetas black es una pieza separada de un sumario mayor: el abierto en la Audiencia Nacional por la salida a bolsa de Bankia en julio de 2011, donde Rato figura entre los 33 investigados y que encara ahora su recta final. El juez instructor, Fernando Andreu, tiene la intención de finalizar este sumario, abierto en 2012, para dar paso a la apertura de juicio oral.

La fianza depositada en el 'caso Bankia' alcanza los 800 millones de euros para hacer frente a posibles responsabilidades de BFA -accionista único de Bankia- y de la antigua cúpula directiva de la entidad, encabezada por el exministro.