El Ejecutivo de Mariano Rajoy continúa con la estrategia de judicializar la situación en Catalunya, aunque este jueves, y por primera vez en los últimos meses, únicamente ha buscado la complicidad del Partido Socialista para dar nuevos pasos, ignorando a Ciudadanos, su otro gran aliado ante el Procés.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, compareció este jueves en Moncloa para anunciar que el Ejecutivo volverá a tirar del Tribunal Constitucional para recurrir la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de proponer a Carles Puigdemont como candidato a ser investido presidente de la Generalitat el próximo 30 de enero. Ni siquiera cuenta con el respaldo del Consejo de Estado para recorrer este camino -como se conoció a última hora de la tarde-, pero no parece que el Ejecutivo esté muy preocupado por la posición de este organismo consultivo, que no es vinculante.

De cualquier manera, antes de dar este paso, el Ejecutivo del Partido Popular se ha ocupado de poner al corriente de sus intenciones al líder del PSOE, como reconocían este jueves fuentes socialistas. De hecho, el propio Pedro Sánchez dejó claro públicamente el martes, dos días antes de las palabras de Santamaría, que su formación apoyaría la hoja de ruta que finalmente ha seguido el PP, con el argumento de que serviría para "salvaguardar la legalidad" en Catalunya.

Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular no ha hecho lo mismo con Ciudadanos, al que no informó del anuncio de la vicepresidenta antes de que éste tuviera lugar. Fuentes de la formación naranja aseguran a Público que no les parece "un tema muy importante" que el Ejecutivo no les haya informado -"Ni nos preocupa ni nos deja de preocupar"-, y no entran a valorar las razones por las que Rajoy ha actuado de este modo: "Eso hay que preguntárselo al Gobierno".

Sí recuerdan que Albert Rivera, Inés Arrimadas y otros portavoces del partido ya habían defendido esta vía para frenar a Puigdemont, y restan importancia al hecho de que no hayan buscado su complicidad, pero sí la del PSOE, cuando hasta la fecha el PP había contado con ambos en lo que a Catalunya respecta.

De hecho, después del 1-O, y antes de activar el artículo 155 de la Constitución, Rajoy se reunió en dos ocasiones con Sánchez. Inmediatamente después hizo lo propio con Rivera, que también recibió el compromiso del jefe del Ejecutivo de que sería puntualmente informado de sus pasos de cara a la aplicación del 155 -que los naranjas llevaban meses reclamando.

De las encuestas a favor de C's al batacazo del PP el 21D

Lo cierto es que este movimiento del Ejecutivo del PP llega después de una escalada de tensión entre el partido de Rajoy y Ciudadanos, que arranca con los resultados de las elecciones catalanas -que gana C's, y que dejan al PP tiritando con sólo cuatro escaños, y como fuerza menos votada del nuevo Parlament-.

La grieta se ensancha con las últimas encuestas, que vaticinan la victoria de Ciudadanos de celebrarse un adelanto de las elecciones generales previstas para 2020 -aunque los sondeos ya hayan inflado a Ciudadanos en anteriores comicios-, y continúa creciendo cuando los de Rivera cancelan una reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que pretendían conversar sobre su apoyo a los Presupuestos. C's exige que la senadora del PP Pilar Barreiro dimita, tras ser imputada en el marco de la trama corrupta Púnica, y lo hace en un momento en que el Partido Popular ve aflorar nuevos indicios y testimonios sobre las irregularidades en su financiación.

En última instancia, con el constante coqueteo del expresidente del PP, José María Aznar, con los de Rivera, y con la apertura de una negociación entre Sánchez y Rajoy para llegar a pactos de Estado en materia de financiación autonómica y de agua, parece que el abismo que separa al presidente del Gobierno y al que hasta ahora ha sido su principal aliado esta legislatura parece estar muy lejos de cerrarse.