El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) en Andalucía ha comenzado a actuar ahora, a las puertas de las municipales, después de años de inacción, contra la empresa DSM que gestiona el vertedero de Nerva (Huelva), una zona que lleva años en el ojo del huracán, sobre todo, a cuenta de las descargas de residuos procedentes de otros lugares de Europa, con el potencial riesgo de vertidos y de contaminación. 

El vertedero es un caso muy particular, porque asume residuos considerados peligrosos, tiene un tamaño considerable y está muy cerca del pueblo, de 5.100 habitantes, a unos 800 metros –y también del cauce del Río Tinto–. En él se gestionan, entre otras cosas, depósitos de seguridad para residuos peligrosos y no peligrosos industriales. Ecologistas en Acción ha calificado el basurero de "retrete tóxico de Europa" y lleva décadas trabajando para su cierre. "Ha llegado la hora de ponerle punto y final", considera Juan Romero, de Ecologistas. 

El basurero se abrió en 1998 –con el PSOE en el Gobierno andaluz– con objetivo de acoger residuos de los polos industriales de Huelva y del Campo de Gibraltar.

Sin embargo el traslado de los residuos que han venido, por ejemplo, desde Montenegro, con autorización de la Junta y del Gobierno, en varias ocasiones en los últimos años, lo que hizo aumentar los controles, provoca riesgos además de otro tipo, porque además de que la basura viene en barco, los camiones hacen hasta Nerva también un mínimo de unos 100 kilómetros por carretera. Para Ecologistas fue un error histórico construir el vertedero a 800 metros de donde viven la gente y ha reclamado cambios legales para prohibir esto.

La zona "ha sido elegida por nuestros gobiernos como retrete tóxico de Europa sine die, para siempre, para mayor dolor de Nerva y Huelva, donde desemboca el río Tinto, que recoge las aguas residuales del vertedero, poniendo así los recursos pesqueros y turísticos onubenses en riesgo de ecotoxicidad", considera Ecologistas.

Presión social

La presión social –las protestas se han sucedido– y de su propio partido –el PP ha sufrido la indignación y las críticas de sus cuatro concejales, contrarios al vertedero– y las reiteradas denuncias ecologistas han llevado al Gobierno andaluz, que aboga por un "cierre ordenado" de la instalación, a actuar y a ordenar el cierre temporal de parte de la instalación después de constatar –a través de las mediciones de una empresa independiente– que, en efecto, estaban colmatados, como había alertado Ecologistas, los vasos en que se acumulan los residuos considerados no peligrosos.

"La suma total de los residuos contenidos en los vasos I, II y III era de 2.869.554 toneladas más que las establecidas en la autorización ambiental integrada, un exceso del 39% respecto de la capacidad prevista", según el Gobierno andaluz, que ha abierto un expediente y ha multado también a la empresa con 1.686.824 euros por, según la Junta, "falsear los datos exigidos por la normativa aplicable de manera intencionada, lo que genera un riesgo para la salud e integridad de los trabajadores del vertedero". Abiertos quedan aún los tres vasos que gestionan los residuos considerados peligrosos. 

La empresa niega que los datos de la Junta sean los reales, desmiente "por completo" que puedan existir riesgos en este sentido para la seguridad de las instalaciones y "mucho menos" para la de los trabajadores y ha recurrido el expediente con el argumento de que "se basa en un informe técnico externo realizado con un método inapropiado e impreciso y que arroja resultados imposibles de alcanzar para un depósito de este tipo".

La compañía asegura que "sobre una capacidad autorizada de 5.084.847 metros cúbicos, tiene a la fecha ocupados 3.479.675 metros cúbicos", por lo que tiene "una capacidad autorizada" pendiente de explotar de "1.6 millones de metros cúbicos, con su equivalencia en toneladas según su Autorización Ambiental Integrada aprobada desde el 2008", recoge Europa Press.

En paralelo, DMS ha anunciado un ERE como "consecuencia" del expediente sancionador incoado por la Junta, según el sindicato UGT. La Comisión por el cierre del vertedero YA –que agrupa a al Ayuntamiento de Nerva, los grupos políticos locales PSOE e Izquierda Unida, las asociaciones ciudadanas Salud y Dignidad de Nerva y de Riotinto, las plataformas Antivertederos Nerva y Zalamea la Real, y Ecologistas en Acción– considera que debe haber alternativas a los despidos. "Vamos a exigir a las Administraciones que se sienten con la empresa, los trabajadores y los sectores implicados, para plantear alternativas posibles y la forma en que puede afrontar esta empresa el cierre del vertedero sin perjudicar a Nerva, e incluso con una oportunidad de negocio local fuera del mercado de los residuos".

La ley de Economía Circular de 30 de marzo de este año, aprobada en el Parlamento andaluz recoge la prohibición de la "entrada de residuos peligrosos" procedentes de la UE "cuando el destino final sea el depósito en cualquier tipo de vertedero ubicado en Andalucía, sean sometidos o no a operaciones de tratamiento previo". Para los residuos de fuera de la Unión, como los provenientes de Montenegro, es el Gobierno de España el competente.