El Partido Popular de Galicia está desarrollando una estrategia destinada a hacerse con el poder en municipios donde ganó sin mayoría absoluta las elecciones locales de mayo de 2023. En apenas diez meses ha promovido nueve mociones de censura en ayuntamientos de la comunidad, apoyándose en ediles tránsfugas del PSOE o de formaciones locales independientes. 

La última de esas operaciones cuajó el lunes 13 de octubre en Ribeira (A Coruña) y fuentes de la formación que dirige Alfonso Rueda insinúan que habrá más y que el proceso no ha hecho más que empezar. De hecho, los responsables del partido en Santiago ofrecieron públicamente la semana pasada a cuatro concejales expulsados del PSOE, que ahora forman parte del grupo de los no adscritos, intentar desbancar de la Alcaldía de la capital de Galicia a Goretti Sanmartín, del BNG. En Manzaneda (Ourense), el Partido Popular se ha aliado ya con dos tránsfugas del PSOE y espera tumbar en breve al todavía alcalde socialista.

"Teñir de azul el mapa de Galicia siempre es el principal objetivo del PPdeG", afirman fuentes próximas a la dirección de Rueda, que subrayan su intención de "volver al Gobierno en aquellos ayuntamientos donde el PP ganó las elecciones y no alcanzó la alcaldía por un pacto entre perdedores, o en aquellos donde se ha instalado la ingobernabilidad". "Es una buena noticia para los vecinos, que verán mejorada la gestión de los servicios municipales y la resolución de sus problemas", explican.

El PP ganó las elecciones locales de 2023 en Galicia con el 38,5% de los votos, es decir menos que la suma de PSOE (29,2%) y BNG (17,2%), pero con más concejales que sus principales rivales juntos –1.765 de un total de 3.705, frente a los 1.010 y los 590 de los socialistas y los nacionalistas, respectivamente–.

"Ganamos, pero no pudimos gobernar"

"Ganamos en 191 concellos [Galicia tiene 313] y lamentablemente no pudimos gobernar en muchos de ellos", sostienen las citadas fuentes, que recuerdan expresamente que en Santiago "el BNG gobierna con sólo seis concejales de 25". En realidad, el Gobierno de Sanmartín cuenta con dos más —los de Compostela Aberta—. En Ribeira la formación de Ana Pontón mandaba hasta el lunes con cinco concejales de un total de 21, además del apoyo del PSOE y de otros cuatro ediles de un partido local que ahora han dado sus votos al PP.

Para la líder del Bloque y jefa de la oposición en el Parlamento de Galicia las mociones del PP son fruto del "terror" que, a su juicio, tiene Alfonso Rueda a que el nacionalismo, la tercera fuerza a nivel local pero consolidada como segunda a escala autonómica, pueda ofrecer buenos balances de gestión de cara a la batalla por la Xunta en las elecciones gallegas previstas para el primer trimestre de 2028.

"El proyecto del BNG es mucho más que una alternativa, es una propuesta de transformación que aspira a cambiar estructuras, que pone por delante el bienestar de la ciudadanía y que impulsa políticas de justicia social e igualdad", dijo Pontón el pasado viernes cuando acudió a Ribeira a defender al ya exalcalde Luís Pérez Barral. "Los vecinos y vecinas han podido ver con sus propios ojos y con hechos que hay otra manera de gobernar" frente "a la derecha caciquil del PP", aseveró la portavoz del Bloque.

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El PP presentó su primera moción de censura de la legislatura el pasado enero en O Irixo (Ourense), para quitarle la Alcaldía a una formación local y entregársela a una concejala del PSOE que acabó abandonando ese partido para incluir luego a varios ediles del PP en su equipo de gobierno. En febrero, los populares desbancaron a otro regidor independiente de izquierdas en Serra de Outes (A Coruña) apoyándose en otro tránsfuga del PSOE; y en marzo repitieron con otra moción contra la alcaldesa socialista de Viveiro (Lugo) que triunfó gracias al voto de un independiente.

A finales de julio ocurrió lo mismo con la regidora socialista de Forcarei (Pontevedra), que perdió el mando en favor de una edil popular por la traición de otro exsocialista. Fue la primera censura que el PP ejecutó en Galicia después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara unas semanas antes un precepto de la ley electoral que permitía bloquear una operación de ese tipo si su resultado dependía del voto de un tránsfuga que hubiera pertenecido al mismo partido del alcalde al que la moción pretende tumbar.

Acelerón

Pese a que el fallo del TC no afecta ni deslegitima el pacto antitransfuguismo suscrito en 1998 por PSOE, PP y la mayoría de partidos democráticos del Estado, los de Rueda y Paula Prado –la secretaria general del PP gallego– han acelerado desde aquella decisión su estrategia para recuperar poder local mediante tránsfugas. 

Así, durante el mes de agosto el PP pudo tumbar a los alcaldes independientes de Touro y Fisterra, en A Coruña –el PSOE hizo lo mismo pero al revés en la también coruñesa Noia–, y en septiembre repitieron operativo en Carral, en la misma provincia. Ese mismo mes, el PSOE se vengó en Viana do Bolo (Ourense) con apoyo del BNG, pero el PP le devolvió la jugada un mes después en Muxía, donde también se apoyó en los nacionalistas para expulsar al regidor socialista y situar a un alcalde independiente.

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Aunque el Partido Popular es con diferencia la formación con más ayuntamientos bajo su mando de Galicia y dispone de una confortable mayoría absoluta en la Cámara autonómica –40 diputados de 75–, apenas toca poder en las ciudades más relevantes: Vigo, A Coruña y Lugo son del PSOE; Santiago y Pontevedra, del BNG, y Ourense, de la Democracia Ourensana de Gonzalo Pérez Jácome, quien, por cierto, también ha sufrido un amago de censura. La villa más grande en manos de los de Rueda es la ciudad más pequeña, Ferrol –64.000 habitantes–.

Según otras fuentes del PP, la explicación al empeño del presidente de la Xunta en asentar más alcaldías de aquí a la primavera de 2027 estaría en el intento de evitar que su partido "se duerma" a la espera de las autonómicas del año siguiente, en las que arriesga su mayoría absoluta y para las que sería un trampolín perfecto la recuperación de las diputaciones provinciales de A Coruña y Lugo, ahora en manos del PSOE de José Ramón Gómez Besteiro. Su equipo sostiene que si bien las mociones "son un instrumento legal y democrático", el PP "se ha "tirado al monte recurriendo a tránsfugas y a prácticas que recuerdan más a maniobras mercantiles que a un ejercicio responsable de la política".

En ese sentido, fuentes de la Diputación de A Coruña, que preside el antecesor de Besteiro, Valentín González Formoso, dudan de que las mociones de censura del PP constituyan ciertamente una estrategia o que, en caso de que sea así, que tenga posibilidades de éxito: "Los ciudadanos votan a nivel municipal, no pensando en el gobierno provincial", apuntan. 

"En realidad, las mociones las están haciendo [el PP] donde pueden y en algunos casos con maniobras oscuras, sin explicar los intereses que hay detrás; muchas ni siquiera cuentan con respaldo social y responden simplemente al oportunismo político, lo que puede tener un coste grande para el PP cuando los ciudadanos se pronuncien en las urnas”, concluyen.