Sánchez contrataca a García Castellón para salvar la amnistía y convencer a Junts

Desde el pasado martes, cuando Junts devolvió la ley de amnistía a la Comisión de Justicia del Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha tenido dos intervenciones públicas importantes. En ambas ha hecho gestos para dos de las personas más implicadas en el puzzle del conflicto en Catalunya: el juez Manuel García Castellón y el expresident Carles Puigdemont. 

A ninguno de ellos los ha mencionado de forma expresa. Pero las palabras del líder del Ejecutivo tanto en Bruselas el pasado jueves como este lunes en una entrevista en La Sexta, apuntaban a ellos por diferentes razones. Sánchez dejó un titular para comenzar la semana: el Gobierno está dispuesto a estudiar cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

¿Qué supone esto? Hay que atender al contexto. "La política no opera sobre un vacío, opera sobre una realidad concreta", afirmó Sánchez en otro momento de la entrevista al ser cuestionado sobre sus cambios de opinión. Una modificación de la Lecrim también lo sería respecto a las posiciones mantenidas por el PSOE hace años. Pero el contexto ha cambiado y la lectura del "anuncio" de Sánchez está directamente relacionada con García Castellón. 

El juez decidió el pasado lunes, a 24 horas de la votación parlamentaria de la amnistía, prorrogar seis meses más la investigación sobre Tsunami Democratic que implica a Puigdemont o Marta Rovira como investigados por terrorismo. Es una causa que lleva casi cinco años abierta. Ese mismo día también otro juez, Joaquín Aguirre, prorrogó la supuesta "trama rusa" del 'procès'. 

El objetivo de la reforma sería que causas como estas no se pudieran alargar demasiado en el tiempo. Mejor dicho, que sea un fiscal quien tenga que tomar la decisión y no el juez instructor. Lo dejó caer el propio Sánchez en la entrevista. "Hay instrucciones judiciales que se prolongan y eso es algo que los propios fiscales han puesto en cuestión", dijo. 

El artículo 324 de la Lecrim señala que "la investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa". Pero añade que "si, con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses". 

"Ahí están los hechos, es una causa que se lleva instruyendo cuatro años. Vemos otros operadores jurídicos que tienen criterios distintos, como la Fiscalía", dijo. Son palabras del 6 de noviembre pronunciadas por la entonces portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Ese día García Castellón emitió un auto en el que dirigía su investigación por terrorismo a los citados Puigdemont y Rovira. Justo en medio de las negociaciones para la investidura de Sánchez con Junts y ERC. Esa frase cobra hoy más sentido.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que García Castellón tiene una "falta significativa de argumentos" para investigar a Puigdemont y Rovira por terrorismo. Y esa posición, así como la del fiscal de Tribunal Supremo, es una de las claves de este movimiento que parece haber iniciado el Gobierno. 

En las filas socialistas, dentro de la máxima de "discreción en las negociaciones, publicidad en los acuerdos", no avanzan más detalles de las palabras de Sánchez. "Hemos demostrado que con el diálogo se llegan a acuerdos y eso seguiremos haciendo", se limitan a señalar las fuentes consultadas. 

Moncloa y Ferraz han sido extremadamente cuidadosos con las palabras que usan públicamente para referirse a las actuaciones judiciales. Incluso una pequeña salida del carril por parte de la vicepresidenta Teresa Ribera, precisamente sobre García Castellón, fue matizada, casi corregida, por Moncloa. Pero la semana pasada, fuentes socialistas no ocultaron en privado su hartazgo con la situación y los movimientos de la judicatura. 

Pero los mensajes de Sánchez estos días son claros. En Bruselas insistió en dos ideas principales. Primero, que la ley de amnistía tal y como está ya beneficia a todos los independentistas. Es algo que no creen en Junts precisamente por las maniobras judiciales.

La segunda idea fue rotunda: "El independentismo no es terrorismo". En medio de una investigación judicial por terrorismo a Puigdemont, las palabras de Sánchez fueron muy bien valoradas por Junts. Así lo dijo su secretario general, Jordi Turull. 

Este lunes todavía la formación de Puigdemont no se había pronunciado al respecto de esta posible contrapartida, fuera de la propia ley. La modificación del texto parece ser una vía a la que Sánchez se cierra en banda. Principalmente para blindarla de las posibles decisiones del Tribunal Constitucional o de la justicia europea.

De momento, socios clave para que salga adelante la ley como ERC y Sumar sí que ya han destacado su disposición a la reforma si sirve para que la amnistía salga adelante. Mientras tanto, la Mesa del Congreso decide este martes cuánto margen de tiempo hay hasta que vuelva la amnistía a la Comisión de Justicia y todos los actores implicados tengan una nueva oportunidad para aprobarla.