Es una de las reformas pendientes de la última década por precisar de un amplísimo consenso y de aunar intereses y necesidades muy distintos, y su futuro se complica aún más en vista del escenario político que deja el ciclo electoral del 28M y del 23J. La financiación autonómica es el gran desafío que deberá afrontar un eventual nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, si logra los números necesarios en el Congreso para superar una investidura.

En la pasada legislatura el Ejecutivo de coalición se comprometió a abordar este asunto y resolver de una vez por todas el problema de financiación territorial que sufre España. De hecho, la financiación autonómica y el problema político en Catalunya eran los dos grandes desafíos de este Gobierno.

A mediados de 2021, el Ministerio de Hacienda creó un grupo de expertos para esbozar una propuesta de armonización fiscal y de reforma del sistema tributario de las autonomías para dejar atrás la infrafinanciación que sufren algunos territorios. El grupo hizo su trabajo, pero tras cerrar un documento, el Gobierno lo guardó en un cajón y rechazó abordar esta cuestión amparándose en que ya no había tiempo suficiente en la legislatura para hacerlo.

Ahora el escenario se dibuja todavía más complejo. A día de hoy, el candidato que más posibilidades tiene de ser investido (aunque todavía está lejos de conseguirlo) es Sánchez, líder del PSOE. Si logra formar gobierno, el nuevo presidente se enfrentará a una negociación para modificar el sistema fiscal del país con un mapa en el que la derecha (PP en solitario o de la mano de Vox) gobierna o aspira a gobernar en 12 de las 17 comunidades autónomas.

Los conservadores gobiernan en Galicia, Castilla y León, La Rioja, Cantabria, País Valencià, Murcia, Extremadura, Andalucía, Comunidad de Madrid, Canarias y Baleares (además de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla; y están pendientes de lograr una investidura en Aragón.

Sin embargo, aunque el color político es un factor a tener en cuenta, el de la reforma fiscal es un asunto mucho más complejo y transversal. Por un lado, parece muy difícil que comunidades como Madrid puedan alcanzar pactos en esta materia con un eventual ejecutivo de izquierdas, sobre todo después de que en la pasada legislatura Hacienda manifestase su intención de acabar con el denominado dumping fiscal que practica este territorio.

El agravio territorial más allá de los colores políticos

El dumping se traduce en la deslocalización de empresas y patrimonio que provocan los territorios cuyos recursos y posición económica les permiten atraer a empresas a través de incentivos fiscales que no pueden igualar otros territorios del Estado (y donde Madrid sería el principal exponente).

Por otro lado, a su vez otras comunidades gobernadas por el PP son víctimas de este dumping que practica Madrid y arrastran un problema de infrafinanciación desde hace años. Este es el caso de Andalucía y, sobre todo, del País Valencià, que en la pasada legislatura pidieron en varias ocasiones que el Gobierno abordase este asunto. 

De hecho, la financiación autonómica llevó al entonces presidente valenciano, Ximo Puig, a enfrentarse abiertamente a Sánchez, y al andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, a hacer lo propio con Isabel Díaz Ayuso; aunque la sangre no llegó al río en ninguno de los dos casos.

"Hubiera sido necesario un consenso importante en torno al nuevo sistema de financiación". Así lo manifestaba hace unos meses, en una entrevista con Público, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. En las filas socialistas reconocen que no han podido llevar a cabo esta importante reforma, que fue uno de los compromisos del Gobierno desde el inicio de la legislatura. 

Así lo plasman también en el programa electoral que han presentado en las últimas elecciones generales del 23 de julio. "Impulsaremos la aprobación en el plazo máximo de un año de un nuevo sistema
de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad", destaca el texto.

Un modelo de "equidad y corresponsabilidad fiscal"

Los socialistas explican que el nuevo modelo deberá estar basado en los principios de "equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional". 

Y apuntan en el documento electoral que abrirán el debate para que el nuevo modelo de financiación autonómica "impulse que la inversión del conjunto de Administraciones Públicas en Sanidad sea como mínimo del 7% del PIB, en Educación del 5% y en Servicios Sociales del 2%". 

El PSOE está todavía pendiente de saber si podrá revalidar el Gobierno de coalición. Son optimistas con ello. Pero algunos dirigentes de Ferraz sí reconocen las dificultades que puede tener una legislatura con unos números tan justos para pactar cualquier tipo de ley. Tampoco se les escapa que el amplio poder institucional del PP, en solitario o con Vox, no pondrá las cosas fáciles. Tampoco en cuestiones de financiación autonómica. 

Pero los socialistas ponen en valor el diálogo llevado a cabo esta legislatura con las comunidades autónomas, sean del signo que sean. De hecho, las cifras de convocatorias de conferencias sectoriales multiplican a las que convocó el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Desde el Gobierno, además, sacan pecho de que la coalición progresista, según el Ministerio de Hacienda, ha transferido "los mayores recursos de la historia", un 40% más respecto a los gobiernos de Mariano Rajoy. En total, se han repartido "unos 178.000 millones de euros más" a las comunidades autónomas, según los datos del Ejecutivo.