Partidos independentistas aliados el Gobierno junto con Más País y Compromís han registrado una nueva petición para que el Congreso investigue asuntos relacionados con la Familia Real y, en este caso, plantean que la Cámara esclarezca el montante total de dinero público que destina a sufragar actividades tanto públicas como privadas de sus miembros.

Tras ver cómo la Mesa del Congreso, con los votos de PSOE, PP y Vox, frena constantemente sus intentos de que se investiguen las presuntas actividades ilícitas que se achacan a Juan Carlos I, estas formaciones han optado por cambiar de estrategia y ahora exigen investigar todos los gastos imputables a las arcas públicas derivados de todas la actividades tanto públicas como privadas de los miembros de la Familia Real. Ahora los diferentes partidos piden investigar esto, más allá de las exclusivas de Público.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, ERC, EH Bildu, Junts, PDeCat, CUP, BNG, Compromis y Más País eximen de esta investigación la partida presupuestaria que anualmente se asigna al Jefe del Estado y de la que Felipe VI dispone como juzga oportuno. Dado que la Constitución establece que el rey administra ese dinero como considera, los firmantes de la iniciativa asumen que su "transparencia está censurada" y piden centrarse en los gastos que se cargan a los distintos departamentos gubernamentales.

Trabajadores, sueldos y condiciones

Así, demandan que se investiguen "todas las partidas presupuestarias que desde cualquier ministerio o estamento público, directa, indirecta, total o parcialmente, beneficien a la Casa y la Familia Real o a la familia el rey" y que se determine la oportunidad, necesidad y legalidad o no de que cada uno de esos gastos.

Entre los objetivos de la comisión de investigación incluyen también conocer el número exacto de personas que prestan servicio en dependencias de la Casa Real o pera el cuidado y servicios destinados a los miembros de la Familia Real y la familia del rey, qué tipo de contratos tienen y cuánto cobran.  En especial, los grupos proponentes solicitan que el Congreso aclare los gastos de este tipo que se cargan a los Ministerios de Presidencia -incluido Patrimonio Nacional- Defensa, Interior y Asuntos Exteriores.

Gastos del emérito en Arabia Saudí

En la misma línea, y para poder conocer cuánto dinero público se destina, por ejemplo, a la seguridad de rey Emérito en Arabia Saudí, donde reside desde hace más de un año, reclaman investigar lo que se ha invertido en comisiones de servicio del personal que participe en misiones oficiales públicas o de índole privada al servicio de la Casa Real o para el cuidado de familiares del rey. También buscan que el Congreso detalle los gastos que ha supuesto la presencia de la Familia Real o la familia del rey en todos los actos en los que han participado.

La comisión también deberían, según sus impulsores, hacer una lista de los bienes muebles o inmuebles y de todos los servicios de titularidad pública que están a disposición, utilizan o han utilizado el rey, sus familiares así como amigos o amantes de todos ellos. Las cuantías y gastos concretos en mantenimiento, reformas, compras y liquidaciones de todos los bienes afectado a la Casa Real de titularidad pública y de los que puede hacer uso cualquier miembro de la familia del rey también deben ser analizadas por esa comisión.

Los aliados del Gobierno de coalición sugieren, asimismo, que el Congreso investigue la relación de todos los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Familia Real que están cedidos a la Administración Pública, así como el uso y los gastos vinculados a éstos. También aspiran a que la Cámara realice un análisis de los gastos de Patrimonio Nacional que tienen como beneficiarios a los miembros de la Familia Real o de la familia del rey, o a sus amigos o amantes, así como las funciones actuales del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional y las cuentas asociadas al mismo.

Por último, quieren que se detalle el reparto y destino concreto de las partidas asignadas al programa presupuestario de apoyo y gestión administrativa de la Jefatura del Estado, y que se evalúe la necesidad de cada uno de ellos.