El Congreso se resiste a investigar a Juan Carlos I: PSOE, PP y Vox ya lo han rechazado en 14 ocasiones

Detrás de cada escándalo que ha salpicado a Juan Carlos I y, por ende, a la Casa Real, ha habido una solicitud de investigación en la Cámara Baja, pero también una negativa. La Mesa del Congreso, con los votos en contra de PSOE, PP y Vox (solo Unidas Podemos ha votado a favor) ha rechazado a lo largo de este año y medio de legislatura hasta 14 peticiones de comisión de investigación sobre las cuentas y la fortuna de Juan Carlos I, quien se encuentra huido desde hace un año en Emiratos Árabes.

La última petición (que eleva el número de solicitudes a 15) se registró el pasado 26 de julio. De este modo, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, Más País, Compromís y BNG volvieron a pedir una investigación sobre la fortuna que el rey emérito fraguó con la venta de armas a países árabes, tal como desveló Público en exclusiva. Si bien, como en anteriores ocasiones, todo apunta a que la iniciativa no pase del órgano de gobierno del Congreso, presidido por la socialista Meritxell Batet.

ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, Más País, Compromís y BNG, la mayoría de ellos socios parlamentarios del Gobierno, han vuelto a la carga cada vez que una información publicada en medios nacionales o internacionales ha salpicado a Juan Carlos I y a otros miembros de la Familia Real, incluso al actual monarca Felipe VI.

Unidas Podemos, que siempre ha votado a favor en la Mesa del Congreso, no se ha sumado en todas al considerar que deben centrarse en las acciones de Juan Carlos I después de su abdicación para sortear el informe desfavorable de los letrados. Asimismo, en los textos que ha firmado, el espacio confederal ha apelado a otros antecedentes establecidos por el Tribunal Constitucional, en los que recoge que "la inviolabilidad es un privilegio de naturaleza sustantiva, relacionado con quien ostenta la figura del rey en nuestro sistema constitucional". En esta línea, "parece evidente que esta prerrogativa, como ocurre con otros receptos constitucionales debe interpretarse de manera evolutiva, atendiendo a 'la conciencia social en cada tiempo y lugar'".

Por su parte, los partidos que votan en contra de estas peticiones, especialmente el PSOE, se han escudado en el rechazo del equipo jurídico de la Cámara Baja (los informes no son vinculantes) hacia dichas solicitudes bajo el criterio de que la Constitución establece la inviolabilidad del rey, una figura que, por lo tanto, "no está sujeta a responsabilidad", tal como consagra el artículo 56.3 de la Constitución.

Asimismo, los letrados sostienen que, a pesar de que Juan Carlos I abdicó en junio de 2014 en favor de su hijo, su inviolabilidad constitucional "abarca todo el periodo en que se ejerce la jefatura del Estado", esto es, es permanente. Por último, el equipo jurídico añade que el Congreso tiene por objeto fiscalizar al Gobierno, no a la Casa Real.

Un informe favorable de los letrados

La posición de los letrados de la Cámara Baja cambió en una ocasión, el pasado 12 de enero, a colación de una comisión de investigación sobre el presunto uso fraudulento de tarjetas black por parte parte de Juan Carlos I tras su abdicación. El equipo jurídico emitió por primera vez un informe favorable aludiendo al artículo 52.2 del Reglamento de la Cámara Baja, el cual recoge que las "comisiones de investigación elaborarán un plan de trabajo y podrán nombrar ponencias en su seno y requerir la presencia, por conducto de la Presidencia del Congreso, de cualquier persona para ser oída".

Todas las miradas se dirigieron al PSOE, que siempre había tenido en cuenta el dictamen de los letrados para fijar su posición, aunque no sea vinculante. De nada sirvió, pues volvieron a unir sus votos a los de PP y Vox para tumbar la solicitud avalada por el equipo jurídico al considerar que, entre las funciones que el Congreso "tiene tasadas en la Constitución Española, no se encuentra la de investigar al monarca". 

"Primero nos dijeron que la inviolabilidad protege delitos en la vida privada del rey. Luego que lo protege después de la abdicación. Ahora que los letrados nos avalan, que el Congreso no puede controlar al rey. Las comisiones de de investigación no son control. Arts. 76.1 CE y 52.1 RCD", respondió el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ante esa nueva negativa.

Otros intentos frustrados en la presente legislatura

Las recientes informaciones publicadas por este medio, relacionas con la fortuna que forjó Juan Carlos I con la venta de armas a países árabes junto a su mejor amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal, y el traficante de armas Adnan Khashoggi, han motivado el registro de las dos últimas solicitudes, una a mediados de julio y otra la semana pasada. La primera ya fue rechazada mientras que la segunda está pendiente de calificar (la Mesa del Congreso la vetará previsiblemente en septiembre).

Si bien, los primeros intentos de investigar al exjefe de Estado en esta legislatura se remontan a marzo de 2020, cuando se conoció que la Fiscalía suiza abrió una investigación al rey emérito por una donación de casi 90 millones de euros por parte del entorno del entonces rey de Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, a través de una cuenta del banco suizo Mirabaud en Ginebra. A su vez, el padre de Felipe VI habría donado parte de ese dinero –unos 65 millones de euros– en 2012 a la aristócrata y empresaria Corinna Larsen.

Otra de las razones para reclamar una comisión de investigación fue el anuncio de Felipe VI, mientras España asumía el recién decretado estado de alarma, por el que renunciaba a la herencia que le pudiera corresponder de su padre y confirmaba que éste dejaría de percibir la asignación que tenía fijada en los presupuestos de la Casa de Su Majestad el Rey. El jefe de Estado realizó estas declaraciones después de que unas informaciones le señalaran como beneficiario de una sociedad offshore creada por Juan Carlos I y vinculada a la donación del régimen saudí.

En junio del pasado año, los grupos reclamaron la creación de este órgano parlamentario después de que la Fiscalía del Supremo abriera una investigación al emérito por posibles comisiones ilegales del denominado AVE a La Meca. Meses después, en diciembre, se registraron hasta tres propuestas en la misma dirección a raíz de la primera regularización fiscal presentada por el emérito ante la Agencia Tributaria, así como el presunto uso de las tarjetas opacas.

La segunda regularización fiscal realizada por el monarca a finales de febrero de este año fue el detonante de varias iniciativas en la Cámara Baja. No solo se pidió abrir una comisión de investigación, sino que se solicitó la comparecencia en sede parlamentaria de Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Como en el resto de ocasiones, ninguna de ellas prosperó: el Congreso no es lugar para investigar al emérito.