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Los escándalos de Juan Carlos I Más de 70 diputados piden que el Congreso investigue la segunda regularización fiscal del emérito

Unidas Podemos, ERC, PNV, JxCat, PDeCat, EH Bildu, BNG, Más País, Compromís y CUP solicitan la creación de una comisión de investigación sobre las irregularidades fiscales cometidas por Juan Carlos I en la contratación y el abono a cargo de la Fundación Zagatka de vuelos privados posteriores a su abdicación.

Juan Carlos I
Imagen de archivo de Juan Carlos I. EFE

Unidas Podemos, ERC, PNV, JxCat, PDeCat, EH Bildu, BNG, Más País, Compromís y CUP han registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades y posibles delitos fiscales cometidos por Juan Carlos I, en relación a la contratación y el abono a cargo de la Fundación Zagatka, dirigida por su primo Álvaro de Orleans, de vuelos privados posteriores a su abdicación.

Estos grupos, que suman más de 70 diputados, piden una nueva comisión parlamentaria, que basa su argumentación jurídica en el "indudable interés público" que tiene la decisión del padre de Felipe VI de solicitar, por segunda vez en pocos meses, una nueva regularización tributaria millonaria (más de cuatro millones de euros) y la "obligación" que tiene la Cámara Baja, como sede de la soberanía popular, "de arrojar luz sobre cualquier sombra de corrupción que afecte a las instituciones públicas", sostienen fuentes del grupo morado.

Los grupos solicitan esta iniciativa al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 del vigente Reglamento del Congreso, que recoge la posibilidad de crear comisiones parlamentarias "sobre cualquier asunto de interés público". Además, el objeto de la investigación apunta a unos hechos comprendidos entre 2009 y 2018, esto es, parte de ese periodo afecta a las actividades del emérito tras su abdicación en junio de 2014.

"La sola implicación de un miembro de la Familia Real que forma parte del actual orden sucesorio de la Corona en la presunta comisión delitos fiscales e incluso de blanqueo de capitales es una cuestión que justifica una investigación parlamentaria. También es de indudable interés público la decisión del rey emérito de solicitar, por segunda vez en pocos meses, una regularización tributaria prevista que puede no ser la última y que implicaría la aceptación de muchas de las graves irregularidades que se le atribuyen", contempla la iniciativa a la que ha tenido acceso Público.

Por lo que se refiere exclusivamente a hechos posteriores a su abdicación, la petición recoge que un diario británico ha hecho público que "solo entre 2016 y 2018, cinco millones de euros procedentes de esta cuenta se habrían destinado a pagar vuelos en jets privados del rey emérito", entre otros, para viajar al Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi o a República Dominicana.

Es más, el propio Álvaro de Orleans ha reconocido en conversaciones informales en un podcast de Spotify que la Fundación Zagatka está detrás del abono de esos vuelos privados y reconoce que se trataba mucho más que una ayuda. En esas conversaciones, también sostiene que transmitió a Juan Carlos I la necesidad de parar estos movimientos.

"Según las informaciones publicadas en medios de comunicación de diversa orientación editorial, a través de esta Fundación Juan Carlos I podría haber escondido otra cuenta en Suiza, abierta en otro banco y en el que se registraron movimientos hasta agosto de 2018, acumulando hasta 7,9 millones de euros que se habrían invertido en productos financieros", añade el escrito.

Asimismo, estos partidos, que se han agrupado en anteriores ocasiones para pedir diferentes comisiones parlamentarias sobre otros presuntos negocios ilícitos del monarca y de otros miembros de la Casa Real, hacen alusión a la primera regularización del emérito, quien presentó en diciembre de 2020 una declaración "sin requerimiento previo" de 678.393,72 euros Hacienda, una cantidad que se correspondería con parte de las cuantías defraudadas por el uso de tarjetas opacas, motivo por el que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo. 

Tras conocerse esta primera regularización, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País, Compromís, CUP y BNG aunaron sus fuerzas para solicitar a la Mesa del Congreso una petición sobre el uso ilícito de estos plásticos opacos. Por primera vez, los letrados avalaron una petición de este calado, pero PSOE, PP y Vox se mantuvieron en sus trece y rechazaron la iniciativa a pesar del informe favorable del equipo jurídico.

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