Manuel Marchena devuelve a Congreso y Senado la potestad para decidir sobre la posible suspensión de los cinco presos provisionales del procés que fueron elegidos parlamentarios en las Cortes Generales en las elecciones generales del 28-A.

El Supremo responde a Batet que su petición de que el Alto Tribunal elabore un informe sobre la situación es "inviable", dada su "configuración constitucional"

En un escrito dado a conocer este jueves, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo responde a la misiva remitida el miércoles por la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet. Batet se estrenaba en su cargo pidiendo al Supremo que decidiese sobre esta cuestión, si bien Marchena argumenta que el tribunal sólo puede "reiterar lo que ya fue razonado" en su auto del 14 de mayo, esto es: que el Congreso de los Diputados y el Senado son quienes deben decidir sobre la suspensión.

Además, el tribunal que debe enjuiciar a la cúpula del procés catalán tilda de "inviable" la petición de Batet, que les requirió la elaboración de un informe sobre la situación y sobre el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que permitiría la suspensión "automática" de los parlamentarios. "La configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido", zanja la misiva rubricada por Marchena. 

Las dos instituciones que ostentan la más alta representación del poder judicial y legislativo, el Supremo y el Parlamento, han sorprendido esta semana protagonizando este intercambio de la patata caliente de la suspensión. Y este intercambio de balones parece estar lejos de terminar: la Mesa del Congreso celebra este jueves su primera reunión, en la que debatirá sobre este tema y previsiblemente dará a conocer nuevos movimientos. Por su parte, el Senado ha optado por posponer las deliberaciones sobre la situación de Romeva hasta la próxima semana. 

El viernes, el Alto Tribunal remitió a la Cámara Baja y al Senado un escrito en el que les instaba a decidir sobre la situación de los entonces diputados electos Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, así como del senador Raül Romeva. Los cinco fueron autorizados por el Supremo para asistir a la sesión constituyente de las Cortes, el martes, y por tanto adquirieron su condición plena de diputados y senador, respectivamente.

Y la Fiscalía entró en acción

Por si fuera poco, horas antes de conocerse la carta de Batet, también el miércoles, la Fiscalía pidió al Alto Tribunal que comunicase a las Mesas de ambas cámaras la "aplicación inmediata" del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el precepto legal que permitiría la suspensión de los cinco parlamentarios.

El Tribunal sólo ha dado respuesta a Batet, pese a que su carta es posterior al escrito de Fiscalía, y ha optado por obviar la reclamación del Ministerio Público

En concreto, este artículo establece que, cuando exista un procesamiento firme por un delito de rebelión, y se decrete prisión provisional -como es el caso-, el procesado que ostente un cargo público queda suspendido de estas funciones. El Tribunal sólo ha dado respuesta a Batet, pese a que su carta es posterior al escrito de Fiscalía, y ha optado por obviar la reclamación del Ministerio Público.

Con todo, Marchena despacha esta cuestión en apenas dos párrafos, y se despide destacando que la causa "seguirá su curso", y que "es misión del tribunal salvaguardar los fines del proceso".

Volviendo a la Mesa del Congreso, el artículo 21.1 de su Reglamento recoge que un parlamentario quedará suspendido de sus funciones si la cámara da el visto bueno al correspondiente suplicatorio del tribunal, el auto de procesamiento es firme, y el diputado en cuestión se encuentra en prisión provisional. No obstante, el Supremo rechazó la procedencia de remitir este suplicatorio a las cámaras para que le autorizasen a continuar con el proceso, como pedían las defensas, como también rechazó ponerlos en libertad.

Visto el intercambio epistolar entre Congreso y Supremo, y dada la evidente intención del Alto Tribunal por esquivar esta cuestión, no parece que la forma de proceder ante esta situación esté tan clara como sostiene el Ministerio Público.