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El TC mantiene en un cajón desde hace ocho años el recurso del PP contra la ley del aborto

Su ponente no lo remite al Pleno ante la falta de consenso en la mayoría conservadora. Para la minoría progresista, el recurso ha perdido su objeto y ha caducado.

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Los magistrador del Tribunal Constitucional, de derecha a izquierda: María Luisa Balaguer Callejón, Ricardo Enríquez Sancho, Antonio Narváez Rodríguez, Juan Antonio Xiol Rios, Juan José González Rivas, Andrés Ollero Tassara, Encarnación Roca Trías, Fernando Valdés Dal-Ré, Santiago Martínez-Vares García, Pedro González-Trevijano Sánchez, Alfredo Montoya Melgar, Cándido Conde-Pumpido Tourón.

Ocho años, ocho, lleva el Tribunal Constitucional sin resolver el recurso presentado por 50 diputados del Partido Popular contra la ley del aborto aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que entró en vigor el 5 de julio del 2010.

Se cumplen ahora diez años desde que el PSOE impulsara los primeros trabajos de esta reforma. Tras su aprobación, las excusas y aplazamientos se han sucedido en el TC con el fin de eludir este espinoso asunto que amenaza con fracturar al Constitucional desde que se interpuso el 1 de junio del 2010.

Es más, el borrador de la sentencia lleva meses esperando a entrar en el orden del día del pleno del TC. Pero el ponente, Andrés Ollero, no termina de tomar la decisión para someter a debate su ponencia.

Fuentes jurídicas explican que Ollero no impulsa la remisión al Pleno de la ponencia sobre la ley del aborto porque perdería la votación. La razón: no existe consenso entre los magistrados de la mayoría conservadora, grupo que quedaría dividido y que podría abstenerse o sumarse a la minoría progresista que sería contraria a la posición de Ollero.

Ollero es un jurista que durante 17 años fue diputado del PP. Al mismo tiempo tiene fuertes convicciones religiosas conservadoras, por lo que es de prever que el borrador de sentencia sea opuesto y crítico a la ley de interrupción del embarazo que introdujo unos plazos, de tal manera que la mujer puede abortar en las 14 primeras semanas de gestación.

Andrés Ollero durante su toma de posesión como magistrado del Tribunal Constitucional. EFE

Riesgo de ruptura de la mayoría conservadora

La relación de fuerzas es de 7 magistrados de tendencia conservadora y de 5 de tendencia progresista, por lo que el riesgo de una fractura en la mayoría en pleno desafío independentista ha provocado que la ponencia permanezca en el limbo del cajón de Ollero, reconocen en fuentes de los magistrados conservadores.
Tampoco los magistrados progresistas tienen prisa alguna. Es más, para esta minoría el recurso ha caducado porque ha perdido su objeto.

¿Ha caducado?

El TC tiene una larga jurisprudencia respecto a la “pérdida de objeto” del litigio. “El recurso ha perdido su fundamento –explican dichas fuentes- porque después hubo dos gobiernos del PP, uno de ellos con mayoría absoluta, y la ley no se retiró aunque sí se modificó” para introducir en 2015 el consentimiento informado de los padres en caso de menores de edad. “Si gobiernos del PP han podido suprimir la ley y no lo han hecho, se entiende que el recurso ha caducado”.

Es el Pleno el que debe declarar la pérdida de objeto del recurso, pero para ello tiene que recibir la ponencia de Ollero

Ahora bien, es el Pleno el que debe declarar la pérdida de objeto del recurso. Pero para ello tiene que recibir la propuesta de Ollero, que se prevé polémica.

Otra alternativa sería que se retirara el recurso. El PP como partido no puede hacerlo, porque el TC se ha mostrado siempre muy escrupuloso con los requisitos de la Constitución –el recurso de inconstitucionalidad es interpuesto por 50 diputado o 50 senadores-, de tal manera que sólo aceptaría una retirada formal con la firma de todos los que lo interpusieron.

Federico Trillo acude a presentar en el Constitucional el recurso del PP contra la ley del aborto, en junio de 2010.

Por lo tanto, se necesita la firma de los 50 diputados del PP y de Unión del Pueblo Navarro que recurrieron la ley socialista del aborto, con Federico Trillo a la cabeza. Muchos de ellos han dejado de ser parlamentarios o no querrían retirarlo.

En este tiempo transcurrido, el PP valoró retirar este recurso, en cuya redacción intervino Benigno Blanco, expresidente del Foro de la Familia y que se desvinculó de este partido en 2017. Pero los populares optaron por no crear una crisis interna con una nueva polémica que arrastró a su ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

Mariano Rajoy con el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el banco azul del Congreso de los Diputados. EFE

Fuentes jurídicas conservadoras insisten en que el TC tiene que dar una respuesta a este recurso, porque la legitimación está mantenida por parte de los diputados que la interpusieron. Y fuentes de la mayoría conservadora consideran que esta herencia de mandatos anteriores del TC debe ser resuelta sobre la ponencia de Ollero.

Una 'patata caliente'

En el Constitucional siempre se ha visto este recurso como una 'patata caliente' de los políticos. Allí se entiende que fue interpuesto como ariete contra Zapatero, cuando política es la solución para un asunto como el aborto que fragmenta a la sociedad entre quienes consideran que el aborto es un derecho de la mujer, los que defiende que atenta contra la vida y los que optan por la legislación anterior, que se permitía en determinados supuestos.

El TC entendió al principio que no debía iniciar la deliberación ya que la ley del aborto de 2010 tenía los días contados: el PP llevaba en su programa electoral de 2011 su derogación, por lo que los magistrados consideraron que no debían interferir en el debate político y, además, el Constitucional sólo se pronuncia sobre leyes vigentes.

Edificio del Tribunal Constitucional en Madrid.

Mariano Rajoy llegó a La Moncloa en 2011, pero no la derogó. El 23 de septiembre de 2014 el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón anunció su dimisión después de que el presidente del Gobierno anunciara que retiraba la reforma de la ley del aborto. Su sucesor, Rafael Catalá, sólo reformó en septiembre de 2015 lo concerniente al consentimiento paterno en el caso de menores que vayan a interrumpir voluntariamente el embarazo .

La siguiente convocatoria de elecciones generales sirvió al TC para no resolver el recurso, so pena de correr el riesgo de interferir en las urnas al abrir el melón del debate.

El caso es que la ponencia está escrita y sigue en el cajón –digital- de Andrés Ollero y el Tribunal Constitucional continúa sin pronunciarse.

La competencia para elevar al pleno del TC este debate es del actual presidente, Juan José González Rivas, después de que sus tres antecesores no lo hicieran: Francisco Pérez de los Cobos (2013-2017), Pascual Sala (2011-2013) y María Emilia Casas (2004-2011).

La ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo está pendiente de “señalamiento para votación y fallo” del TC… diez años después.​

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