Castilla y León no cuenta con una televisión autonómica como sí sucede en otras comunidades autónomas, pero este servicio público está encomendado a un proyecto privado que carga una mochila importante de irregularidades y polémicas. La primera, que sea una sociedad anónima participada al 50% por dos grupos de comunicación: Promecal liderado por Méndez Pozo (empresario condenado a siete años de cárcel por falsedad documental) y Edigrup, de José Luis Ulibarri (imputado en los casos Gürtel y Enredadera).

Pero hoy, además, se han conocido denuncias de manipulación por parte de los trabajadores de la televisión, por primera vez en la historia de este medio de comunicación.

De hecho, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha realizado un comunicado al que ha tenido acceso Público en el que aseguran que "desde la salida de Raúl Briongos, la orientación y manipulación que se le está dando a la información política en los informativos dista mucho de la que debería tener cualquier medio de comunicación que quiera mostrarse veraz, objetivo y creíble".

Más de 20 millones al año de subvención

Radio Televisión de Castilla y León S.A. recibe más de 20 millones de euros al año como concesión directa aprobada por el Consejo de Gobierno y publicada el pasado día 28 de julio (20,2 millones). Estas cantidades han resultado siempre abrumadoras para la audiencia de esta televisión, completamente residual.

Desde la llegada de Mañueco a la Junta, el propio PSOE de Castilla y León ha denunciado reiteradamente que se ha "roto el acuerdo de Comunidad sobre RTVCYL e incumplido el compromiso alcanzado por consenso de dedicar dinero extra a mejorar las condiciones de plantilla. No solo no se ha cumplido, se ha despedido a trabajadores", señalan los socialistas.

El comunicado de CSIF critica con dureza, además, "la organización" del medio, que está llevando a sus trabajadores "a una situación límite en muchos casos".

Los delegados del sindicato independiente explican, por otro lado, que "hay una insuficiencia palpable de medios técnicos y humanos, y las exigencias actuales sobrepasan el límite para hacer un trabajo de calidad y llevadero". "Se está exigiendo más responsabilidades sin incrementos salariales, y se está realizando el mismo tiempo de informativos y programas con más de 20 personas menos en los últimos seis meses, lo cual imposibilita elaborar un trabajo digno", critican desde CSIF.

Incluso subrayan que perciben "cierta indiferencia desde la dirección hacia la calidad del producto final, y estamos pagando día tras día los bandazos y la improvisación en la toma de decisiones".

El PSOE pide garantizar la objetividad

El propio Partido Socialista ha querido señalar con dureza que "es imprescindible y urgente acabar con este modelo para garantizar la objetividad, neutralidad, mantenimiento de empleo digno y servicio público de una televisión autonómica que se financia con 21 millones de euros de dinero público".

Tras la denuncia de los trabajadores de RTVCyL, el PSOE ha recordado que, durante la pasada campaña electoral del mes de febrero, la Junta Electoral de Castilla y León estimó el recurso de RTVE para organizar uno de los dos debates electorales. Ambos debates habían sido asignados a Radio Televisión de Castilla y León.

Luis Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León, aseguraba tras conocer la denuncia de los trabajadores que en la Comisión que supervisa la televisión celebrada el pasado mes de julio "ya advertimos de la deriva, pedimos explicaciones por el despido del director de informativos por las presiones de Mañueco y exigimos la mejora de las condiciones de los trabajadores".

El PSOE, además, ya defendió en 2018 en las Cortes la necesidad de garantizar que la Radio y Televisión de Castilla y León esté al servicio de los intereses públicos, del interés general y de la objetividad de sus contenidos, y pide que se garantice "que sus titulares cumplan con las exigencias éticas de conducta empresarial que lo salvaguarde de cualquier sombra de duda referente a corrupción política o empresarial, reforzando el control parlamentario y la transparencia".

Algunos sueldos, irrisorios

A todas las denuncias anteriores, CSIF suma "la merma de poder adquisitivo que los trabajadores por la deuda que tiene la empresa respecto al año 2022, ya que no se han actualizado las tablas salariales; y por la eliminación del turno rotatorio del fin de semana".

"Este supone una cantidad económica significativa, y su supresión supone un trastorno para muchos de los trabajadores, ya que trabajar los fines de semana representa en torno al 8% de nuestros ingresos mensuales", añaden. El propio socialista Tudanca ha denunciado en sus redes sociales que "directores de programas o presentadores con 10 o 15 años de experiencia, licenciatura, idiomas y máster cobran 1.200 euros, apenas 200 euros más que el SMI". El PSOE ha vuelto a señalar que "no está dispuesto a que Mañueco use dinero de todos para controlar los medios".