De la Transición a las cloacas del Estado: las redes de poder que dieron alas a Villarejo

La sombra de la Transición no se apaga. El periodo que vivió España tras la muerte del dictador Francisco Franco no solo sirvió para consagrar la impunidad de policías y militares del régimen, sino que también garantizó la protección de quienes venían de cantar el Cara al Sol y acabarían levantando unas complejas redes clandestinas de poder en tiempos democráticos. Una investigación académica que acaba de ver la luz apunta hacia el comisario jubilado José Luis Villarejo como uno de sus protagonistas.

La investigadora Vanessa Damiano, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y máster en Investigación en Sociología por la Universidad de Barcelona, ha puesto el foco en las transiciones de varios países europeos, incluyendo el caso de España. Su trabajo ha sido condensado en Esqueletos en el armario de la Transición española. Transparencia y desigualdad en transiciones a la democracia, un artículo de 17 páginas que forma parte del monográfico titulado El modelo de impunidad español que acaba de publicar la revista académica Historia Actual Online. 

"Es evidente que la Transición española se planificó con mucho tiempo. Hay muchos indicios de que las élites dominantes tuvieron un papel protagonista", afirma Damiano a Público tras la publicación del estudio. Su trabajo, que empezó inicialmente "pretendiendo ser un trabajo comparativo de la Transición española con la portuguesa", acaba con una serie de conclusiones sobre los secretos oficiales que hoy siguen amparados por una ley de la dictadura franquista, una anomalía democrática que España no termina de corregir.

En tal sentido, el trabajo evidencia que la Transición a la democracia española que se inicia en 1976 "fue conocida como modelo de democratización dirigida desde las élites del régimen autoritario anterior a través de un 'pacto' o 'negociación', sin ruptura revolucionaria con el marco legal de la dictadura".

"A lo largo de los años, el relato de la Transición ha ido evolucionando y cabe esperar todavía una reinterpretación del mismo a la luz de los acontecimientos de los últimos diez años: querellas de las víctimas del franquismo, la crisis política con Catalunya y la más reciente crisis de la jefatura del Estado —con la salida del rey emérito del país debido a las recientes informaciones acerca de patrimonio oculto en el extranjero— que ha vuelto a abrir el debate de la restauración de esta institución con los pactos de la Transición", remarca.

El estudio realizado por Damiano hace especial hincapié en las "redes clandestinas de poder que ha generado el modelo de España". Para ello, la investigadora decidió rastrear "la vinculación entre el poder económico-financiero y los antiguos servicios de información de la policía política basada en la existencia de información comprometida". 

De hecho, remarca que este año "se abrió el curso judicial con una macrocausa conocida como Tándem, de la que de momento se siguen 25 piezas separadas y que tiene la particularidad de poner al descubierto unas redes clandestinas de poder que llevaban décadas funcionando". "La base de estas redes son un grupo organizado con origen en las fuerzas de Seguridad del Estado de la antigua dictadura que han continuado funcionando al servicio de cierta élite", describe.

En ese punto de la investigación académica aparece Villarejo. El excomisario figura en la cúspide de una tabla elaborada por Damiano sobre las redes de poder conformadas por expolicías. Se trata en total de 16 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que han mantenido vínculos con grandes bancos y empresas y que también se han visto involucrados en distintos procedimientos judiciales. Son las caras más conocidas de las cloacas del Estado, unas cloacas que hunden sus raíces en la Transición y que se mantienen activas gracias a las redes de poder levantadas entonces.

"Desde enero de 2015 hay una continuidad en la información disponible que relaciona, cada vez con mayor claridad y amplitud, a los antiguos aparatos de Seguridad del franquismo con grandes empresas españolas, especialmente a la gran banca y sus empresas participadas", apunta la investigadora, al tiempo que destaca que "los antecedentes inmediatos de esta información aparecen en los años ochenta, donde se relaciona abiertamente en los medios de comunicación al sector financiero con la policía franquista".

Respecto a los datos obtenidos desde 2015, subraya que a partir de ese año "los resultados vinculan claramente a cierta élite económica –a través fundamentalmente de los responsables de seguridad de un buen número de grandes empresas españolas y entidades financieras– con el antiguo aparato represor del franquismo en la presunta comisión de delitos graves como organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales".

A falta de conocer los avances que se produzcan en esas distintas causas judiciales, Damiano advierte que todos los indicios indican que "se trata de vínculos que habían operado durante años sin que se hubiese identificado públicamente la existencia de estos nexos". "En cualquier caso, hay que subrayar que todavía hoy no hay sentencias en firme, en tanto, son causas abiertas recientemente en los tribunales, por lo que la información es susceptible de ser ampliada y actualizada a medida que avancen las investigaciones", remarca.

En el caso de Villarejo, la investigadora aprecia que "no era en absoluto un desconocido entre las élites". "El exdirector del segundo mayor diario impreso del país, El Mundo, afirma que al llegar al cargo le advirtieron de que el comisario era una de las principales fuentes de información para las exclusivas de ese periódico desde hacía dos décadas", recoge Damiano, quien recuerda que también se ha relacionado al excomisario "con otros medios de menor importancia, de modo que al parecer así conseguía, además, publicar la información que interesaba a sus negocios como servicio añadido".

La investigación retrocede aún más atrás para determinar los vínculos entre el Gobierno de Felipe González, bajo el cual se practicó la guerra sucia contra ETA, y esas cloacas del Estado. En esa línea, remarca que "tras la victoria socialista, muchos de los principales mandos de la Brigada Político-Social fueron recolocados como responsables de seguridad de las grandes compañías españolas, casi todas participadas por el Estado en ese momento".

"Según la información que está siendo conocida desde 2015, a través de esos cargos en las empresas privadas intercambiaron información reservada, personal y confidencial para crear una red coordinada desde la cúpula de la Policía Nacional de la democracia, que funcionaba como una policía paralela al servicio de esas grandes empresas y de sus directivos o propietarios", puntualiza.

Secretos oficiales

El trabajo académico apunta también hacia la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista. Sostiene en tal sentido que "si los investigadores especializados en la Transición hubieran tenido acceso a la información sobre quiénes eran los integrantes del servicio de información y represión del franquismo, se habrían dado cuenta de cómo los mismos conformaban un nuevo grupo de interés en la actual democracia como responsables de seguridad de muchas de las principales empresas españolas".

A su juicio, "el mantenimiento de secretos de Estado a largo plazo crea una asimetría en la distribución del poder que no es compatible con un entorno democrático. Además, genera una evidente imposibilidad de comunicación honesta entre los ciudadanos y sus representantes políticos".

Por tales motivos, la investigadora plantea en su estudio "el traslado del control de acceso a la información que se mantiene reservada sobre la dictadura y la Transición a los ciudadanos, permitiendo un diagnóstico certero que canalice una evolución consensuada en el camino hacia la democracia que España inició hace más de cuarenta años".