El Tribunal Constitucional avalará la ley que prohíbe al CGPJ en funciones hacer nombramientos

Los recursos de constitucionalidad del PP y Vox contra la norma que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos mientras está en funciones se resolverán el próximo lunes, 2 de octubre, en un pleno del tribunal de garantías, en una sesión monográfica. Se espera un pleno encendido porque lo que está en juego es legitimar o deslegitimar una reforma legislativa que afecta de lleno al caduco CGPJ y que en caso de ser anulada permitiría cubrir las más de 70 vacantes en la cúpula judicial, en especial, en el Supremo.

Hay dos posturas enfrentadas que tendrán que debatirse y que en este caso coinciden con los bloques ideológicos presentes en el Tribunal Constitucional (TC): Por un lado, la ponencia de la magistrada progresista María Luisa Balaguer respecto al recurso de Vox y por otra, la del magistrado de corte conservador César Tolosa, para el recurso del PP. 

La cuestión que se plantea es si la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) realizada en marzo de 2021, impulsada por el Gobierno de coalición para impedir que el CGPJ siguiera haciendo nombramientos en la cúpula judicial mientras está en funciones, se ajusta a los preceptos constitucionales o si, por el contrario, es ilegal al vaciar al Consejo de una de sus funciones esenciales: la de efectuar los nombramientos en el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional. 

La mayoría del TC votará en contra de los recursos

Según ha podido saber Público de fuentes del TC, la mayoría del tribunal, de tendencia progresista, con siete votos frente a cuatro conservadores, votará a favor de avalar la reforma al no encontrar obstáculo constitucional para que el legislador haya introducido una limitación en las funciones de un órgano constitucional para cuando tiene el mandato caducado. 

La postura de los magistrados progresistas del TC es la de avalar la reforma porque la Constitución no le indica al legislador cómo debe regular el CGPJ ante una situación anómala, como es la falta de renovación desde hace casi cinco años. Y ante esta circunstancia, provocada por el boicot del PP a dicha renovación desde diciembre de 2018, el Poder Legislativo puede aplicar restricciones en el funcionamiento de un órgano constitucional cuando actúa con el mandato prorrogado. 

Ver vídeo

Como ejemplo de este tipo de restricciones, citan las fuentes del TC la que impide al gobierno de la nación en funciones presentar proyectos de ley.

Por el contrario, la ponencia de César Tolosa, que aboga por dar la razón al PP, indica que una parte esencial del CGPJ es su capacidad para hacer los nombramientos, no pudiendo ninguna reforma legislativa mermar esa función intrínseca que garantiza la independencia judicial y el buen funcionamiento del Poder Judicial. 

La postura mayoritaria del Tribunal Constitucional implica veladamente rechazar la acusación del PP, suscrita por algunos vocales del CGPJ y algunos jueces, de que el Gobierno, con esta ley, maniata al Consejo al no dejarle cubrir la veintena de vacantes que atenaza el buen funcionamiento del Tribunal Supremo. Más bien, la crisis en el Supremo está provocada por la falta de renovación del CGPJ, ante la negativa del PP a negociar dicha renovación desde hace cuatro años y nueve meses, opinan fuentes del TC. 

El CGPJ, en contra de la reforma

Hay que recordar que la propia Comisión Permanente del CGPJ pidió a las Cortes en enero de 2023 que derogaran la reforma de 2021 ante la "urgente necesidad" de cubrir las vacantes judiciales. 

Decía el texto remitido al Congreso y al Senado por la Comisión Permanente del CGPJ que la reforma es "ineficaz" porque no ha servido para forzar la renovación del CGPJ. Con esa intención se aprobó la reforma de la LOPJ, para obligar al Partido Popular a sentarse a negociar la renovación del Consejo, pero fue en vano. 

Además de la jugada táctica del Ejecutivo, con la reforma también se conseguió frenar la oleada de nombramientos en la cúpula judicial de jueces afines al PP. Estando con el mandato caducado, el entonces presidente del CGPJ Carlos Lesmes convocó procesos selectivos masivos que conformaron una cúpula judicial eminentemente conservadora. Se adjudicaron unas 70 plazas cuando el Consejo estaba ya en una situación de interinidad.

También se quejaba en su escrito el CGPJ de la discriminación que sufre el Supremo respecto al Tribunal Constitucional porque gracias a otra reforma posterior de la Ley Orgánica del Poder Judicial el CGPJ sí puede hacer los nombramientos de los dos magistrados para el TC que le corresponde, pero no puede hacer lo mismo con los magistrados del Supremo, mermado con un 30% de bajas por jubilación, lo que provoca unas 1.200 sentencias menos al año.

Lo que propone el PP

El próximo aval del Constitucional a la norma legal que prohíbe al CGPJ hacer nombramientos estando en funciones apremia aún más la renovación del órgano del gobierno de los jueces. En su discurso de investidura, Alberto Núñez Feijóo ha reiterado su propuesta, que, en ningún caso, pasa por la renovación inmediata del Consejo según ordena la Constitución.

Propone el líder del PP reformar la ley para que sea la carrera judicial la que elija a los 12 vocales judiciales del CGPJ y que los ocho restantes sean elegidos entre juristas de reconocida trayectoria por el Parlamento. Exige que se reforme la ley antes de la renovación del CGPJ, en contra de lo que recomienda la Comisión Europea, que propone hacer primero la renovación y luego la reforma. 

"Los nuevos vocales y la nueva ley deberían votarse y aprobarse el mismo día, una detrás de la otra", dijo Feijóo este martes en su discurso de investidura, pudiendo deberse a un lapsus el orden de las acciones que propone en esta ocasión.