De Francisco Camps a Jaume Matas: los políticos que se han sentado frente a un jurado popular
Los exdirigentes del PP Francisco Camps, Ricardo Costa y Carlos Fabra fueron absueltos por un jurado popular tras ser procesados por delitos de corrupción. El único político importante del PP condenado por este procedimiento fue Jaume Matas.
Exalcaldes socialistas de Linares y Sanlucar fueron declarados culpables, mientras que el alcalde del PP en Chiloeches fue considerado inocente.
Madrid-
El juez que investiga a Begoña Gómez pretende que dos jurados populares enjuicien los presuntos delitos que atribuye a la mujer del presidente del Gobierno. La semana pasada, Juan Carlos Peinado dictó un auto donde hablaba de la existencia de indicios de malversación, aunque ni siquiera cuantificó la cantidad presuntamente malversada, como exige el artículo 432 del Código Penal. Esta semana, el magistrado indicó que también decidiría un jurado popular sobre el supuesto tráfico de influencias y otros delitos que investiga en la causa principal abierta contra Gómez, si finalmente el asunto llega a juicio.
La figura del jurado popular viene recogida en la legislación española desde 1995, concretamente en la Ley del Jurado. Esta norma establece que los delitos que no tengan una "excesiva complejidad" y aquellos en los que los "elementos normativos" sean "aptos para su valoración por ciudadanos no profesionalizados en la función judicial" deben pasar a manos de un jurado popular. La malversación cumple con estos requisitos, igual que también cumplen el cohecho, los homicidios y el tráfico de influencias. Las únicas excepciones radican en los casos que hayan sido asumidos por la Audiencia Nacional o por la Fiscalía Europea.
El jurado popular lo componen nueve ciudadanos elegidos al azar y un magistrado que actúa como presidente, salvo que el juicio se celebre en los tribunales superiores de justicia o en el Tribunal Supremo. Los integrantes son elegidos mediante un sorteo a partir del censo de cada municipio, es decir, igual que sucede con la designación de los miembros de una mesa electoral. Las nueve personas que juzgarían en su caso a la mujer del presidente saldrían de la lista censal de Madrid. ¿Qué otros casos mediáticos han sido juzgados por un jurado popular? ¿Cuáles fueron las resoluciones?
Lo habitual cuando alguien escucha hablar de un jurado popular es pensar en algún true crime de Netflix, Amazon o HBO. El caso Asunta. El caso Wanninkhof. El caso Diana Quer. Y efectivamente en todos ellos el veredicto llegó por boca de un grupo de ciudadanos elegidos al azar, pero no son los únicos. Los jurados populares también han funcionado en el terreno político. Francisco Camps, Jaume Matas, Carlos Fabra y distintos alcaldes del PP y del PSOE fueron juzgados, incluso condenados, en procesos de este tipo. Público ha repasado algunos de los casos más conocidos en los que han intervenido jurados populares desde que existe esta figura.
La absolución de Francisco Camps y Ricardo Costa
El expresidente valenciano Francisco Camps, que recientemente se ha ofrecido para relevar a Carlos Mazón, y el que fuera secretario general de los populares en la comunidad, Ricardo Costa, fueron investigados y juzgados por cohecho impropio en una causa separada vinculada a la Gürtel, más conocida como la causa de los trajes. La Fiscalía Anticorrupción acusó a los dos dirigentes del PP de haber aceptado regalos en forma de ropa –americanas, corbatas, zapatos– a cambio de favorecer a las empresas de la trama. La dependienta de una de las tiendas confirmó en su declaración la existencia de facturas a nombre tanto de Camps, como de Costa.
El jurado popular los declaró "no culpables", con cinco votos a favor y cuatro en contra, un veredicto que ratificó luego el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). La sentencia recalca que pese a "haber declarado (…) probados" parte de los "hechos", estos "no constituyen conductas subsumibles en el tipo penal del cohecho tipificado en el artículo 426 del Código Penal". El PSPV-PSOE presentó un recurso por entender que había una "manifiesta contradicción" entre los hechos declarados "probados" por el jurado y el fallo final. El Tribunal Supremo, sin embargo, terminó confirmando su absolución y rechazó las alegaciones interpuestas por los socialistas en abril de 2013.
Jaume Matas, expresidente de Balears
El expresidente balear y exministro en el Gobierno de Aznar, Jaume Matas, también fue investigado hace una década por un delito de cohecho, esta vez, por haberse valido "de su cargo" para pedirle a un hotelero que contratara a su esposa, Maite Areal, por 3.000 euros al mes. La relación laboral era completamente "simulada", es decir, Areal no desarrollaba ninguna función que justificara el salario que percibía.
Los nueve miembros del jurado popular decidieron por unanimidad que Matas era culpable "de un delito de cohecho precedentemente definido" y rechazaron que le fuera concedido "el beneficio de la suspensión de la condena". La Audiencia Provincial de Palma emitió en estos términos su sentencia, imponiéndole una pena de "tres meses de multa con cuota diaria de 100 euros" por "haber admitido regalo o donación" de parte de un empresario por "su condición de presidente del Gobierno balear". El Tribunal Supremo confirmó la condena contra Jaume Matas en febrero de 2015. El popular también fue condenado por tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude en los casos Palma Arena, Son Espases y Nóos.
Fabra y las 'mordidas' en el aeropuerto de Castelló
El expresidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra (PP), también se tuvo que sentar frente a un jurado popular acusado de un delito de cohecho, esta vez, por el presunto cobro de mordidas en los patrocinios del aeropuerto de Castelló. Anticorrupción pidió investigarlo al detectar en la cuenta del exdirigente popular una transferencia de 360.000 euros con Álex Debón, también implicado en la trama, como emisor. La fiscal alegaba que podía tratarse de una comisión ilegal cobrada a cambio de que Aerocas, la empresa pública gestora del aeropuerto, le hubiera concedido al expiloto un patrocinio millonario.
Fabra negó la mayor durante su declaración y reveló que le había pedido un préstamo a Debón para asumir los "gastos" legales derivados del procedimiento judicial en el que estaba inmerso, dada su mala situación económica y ante el embargo de su patrimonio. El jurado popular consideró finalmente que el expolítico no era culpable de los ilícitos que se le imputaban con siete votos a favor y dos en contra. El magistrado dictó por tanto una sentencia absolutoria.
La compra de votos en un municipio de Guadalajara
Los casos de cohecho, tráfico de influencias y malversación también abundan en el ámbito local. El exalcalde de Chiloeches (Guadalajara) César Urrea (PP) fue investigado en 2017 por haber cometido dos presuntos delitos de cohecho durante su etapa como regidor, cuando intentó corromper a varios concejales de su partido, todos ellos "disidentes", para sortear las "faltas de apoyo de sus propuestas en los plenos". Anticorrupción solicitaba para el acusado seis años de cárcel y diez de inhabilitación. El jurado popular, sin embargo, terminó declarándolo "no culpable" al considerar que los testigos de ambas partes tenían versiones "contradictorias". La Audiencia de Guadalajara ratificó en la sentencia su absolución.
El 'caso Sanlúcar', uno de los pioneros
El exalcalde socialista de Sanlúcar de Barrameda, Agustín Cuevas, y el secretario de organización del partido en la localidad, Rafael García Raposo, fueron acusados de tráfico de influencias y cohecho en el marco del caso Sanlúcar. La trama implicaba además al regidor de Chipiona, Luis Mario Aparcero, también del PSOE. Los hechos se remontan a finales de los noventa y principios de los 2000. El jurado popular consideró probado que habían sido los dos primeros quienes le ofrecieron 50 millones de pesetas (300.000 euros) y un puesto de trabajo en Chipiona a otro concejal del PP para evitar que votase en contra de la moción de censura contra Cuevas. Aparcero fue el encargado de localizar un contrato para el edil popular. El Tribunal Supremo desestimó los recursos de los condenados y ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz en 2008.
El alcalde de Linares, también condenado
Este no es el único caso que afecta al PSOE. El jurado popular también declaró culpable por mayoría al exalcalde de Linares (Jaén), Juan Fernández, acusado de un delito de malversación de caudales públicos. El socialista había estado al frente del municipio durante casi veinte años, hasta que en 2018 el partido lo expulsó tras una investigación interna que derivó en la interposición de una querella. Fernández, al margen de su sueldo como alcalde, "se apropió, sin estar legalmente autorizado y sin conocimiento ni consentimiento" del grupo socialista, "de una cantidad mensual de 1.700 euros". Lo hizo recibiendo el dinero en metálico y "mediante la emisión de cheques bancarios al portador", con cargo a dos cuentas del partido, tal y como consta en la sentencia emitida por la Audiencia de Jaén. El Ayuntamiento de Linares sufrió un perjuicio económico de 125.000 euros.
Los crímenes más sonados de los últimos años
Los casos de homicidio, amenazas u omisión del deber de socorro también tienden a ser asumidos por un jurado popular. Esto explica los procedimientos seguidos en buena parte de los crímenes que ahora tenemos documentados en la pequeña pantalla. Dolores Vázquez fue una de las primeras en sentarse frente a un jurado popular, acusada –e injustamente condenada– por el asesinato de Rocío Wanninkhof en 1999. La gallega fue también una de las primeras en sufrir un juicio paralelo en las calles de casi todo el país. España tenía claro que era la responsable del homicidio. Y así lo consideró también el jurado popular. Dolores Vázquez llegó a pasar más de 500 días en prisión, hasta que el caso se reabrió y fue detenido el verdadero responsable del crimen, Tony Alexander King. "Necesito que el Gobierno me pida perdón", reconoció en una entrevista reciente para El País la propia damnificada.
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José Bretón, Rosario Porto y Alfonso Basterra también fueron declarados culpables de asesinado por los respectivos jurados populares, todos ellos por el asesinato de sus propios hijos y siempre por unanimidad. Ana Julia Quezada recibió un veredicto similar, en su caso, por haber matado "con alevosía" al hijo de su pareja. La sentencia recalca que la mujer "simuló encontrarse afligida y compungida, alentando los ánimos de los familiares y generando falsas expectativas sobre la aparición del niño", además de haberse involucrado "en las labores de búsqueda". José Enrique Abuín, más conocido como El Chicle, fue uno de los últimos en sentarse frente a un jurado popular. Fue condenado a prisión permamente revisable por el secuestro, la violación y el asesinato de Diana Quer. La defensa del criminal llegó a poner en duda el veredicto por la influencia que a su juicio habían tenido los medios de comunicación, una tesis que negó en su ratificación el Tribunal Supremo: "Los juicios no son en sí mismo mediáticos, sino que es la gravedad del suceso ocurrido lo que determina el interés de la opinión pública".
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