ZARAGOZA.- Una estafa de siete millones de euros con 1.400 afectados no es un asunto grave para el Tribunal Supremo. Ese criterio le ha llevado a condenar al Juzgado número 1 de La Almunia a investigarlo con sus limitados medios, o a plantearse disgregarlo en otras tantas causas y repartirlas por cinco provincias, mientras rechaza que lo asuma la Audiencia Nacional.

La resolución constituye, tal y como apunta el propio Supremo, un indicio de los derroteros que va a tomar la Administración de Justicia como consecuencia de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que marca las reglas para tramitar los procedimientos penales y cuyo contenido ha provocado las críticas de diversos colectivos; desde los fiscales, que llevan tiempo alertando del riesgo de naufragio de los grandes asuntos con las nuevas normas, hasta organizaciones de editores e informadores, por los efectos perturbadores para su tarea.

El fraude consiste en la venta de coches de segunda mano cuyos cuentakilómetros, presuntamente, eran manipulados en un taller de la capital aragonesa. Esa alteración permitía aparentar que habían circulado menos de lo que lo habían hecho en realidad y posibilitaba elevar su precio en una media de 5.000 euros.

“La investigación complementaria ha acreditado que habrían existido hasta un total de 76 talleres distintos de Zaragoza, Huesca, Teruel, Soria y La Rioja que habrían utilizado los servicios” de ese establecimiento “para esas manipulaciones”, señala el Supremo. “Los vehículos alterados se habrían vendido con la alteración reseñada” en esas cinco provincias, “pudiendo resultar afectados más de 1.400 perjudicados y valorándose la estafa genérica en 7 millones de euros”, añade el tribunal.

Ni “grave repercusión” ni “generalidad” de afectados

Sin embargo, según el tribunal, “no estamos en presencia de defraudaciones que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil”, a pesar de su cuantía y de la cifra de víctimas. Y tampoco considera que la presunta estafa sea susceptible de provocar un “perjuicio patrimonial en una generalidad de personas [que residan] en el territorio de más de una Audiencia” provincial, pese a extenderse por cinco provincias de tres comunidades autónomas.

Según el tribunal, el concepto de “la generalidad de personas no puede desvincularse del perjuicio total causado y su repercusión en la economía nacional, lo que no podría aplicarse a una defraudación de 7 millones de euros”. Y “tampoco la causa parece compleja”, sostiene, ya que “su instrucción solo presenta la dificultad de identificar a los perjudicados”. Aunque estos sean 1.400.

Esa última consideración hace que la causa enfile el archivo, ya que la reforma procesal incluye novedades como el sobreseimiento por caducidad de las causas no complejas si estas no han sido cerradas en un máximo de seis meses.

“Evitar la elefantiasis procesal”

No obstante, el propio Supremo sugiere al juez una solución alternativa a asumir el caso: cribar los 1.400 episodios de la causa, trocearla y repartirla entre los partidos judiciales de las cinco provincias con víctimas para que un juzgado de cada uno de ellos investigue “las estafas consumadas en su territorio”.

“El espíritu” de la reforma, explican los magistrados, “es evitar la elefantiasis procesal”; es decir, acabar con la tramitación de macrocausas.

El tribunal avanza que los timos no podrían ser agrupados por provincias “puesto que no puede atribuirse conexidad a las estafas de cada territorio”, aunque sí son susceptibles de acumularse en función de los sospechosos implicados en cada zona.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ya argumentó para rechazar la investigación, en una postura que apoyó la Fiscalía, la supuesta falta de “acuerdo entre los dueños de los 76 talleres que vendían vehículos con el cuentakilómetros trucado” y “entre aquéllos y el dueño del taller de La Almunia”.

División en decenas de causas

De ser troceada, la causa de una presunta macroestafa con 1.400 víctimas y perjuicios por valor de siete millones de euros se convertiría en varias decenas de asuntos que los nuevos instructores deberían cerrar en seis meses.

El juzgado zaragozano, una oficina con juez y secretario dotada con ocho funcionarios pero que ni siquiera cuenta con un fiscal asignado en exclusiva, tiene experiencia en desentrañar madejas, como hizo con la operación Malaya aragonesa o con el tinglado tributario que permitió a tres pequeños tenderos de corte y confección simular la exportación de género por 24 millones de euros para cobrar fraudulentamente 6,5 en devoluciones de IVA.

Sin embargo, no parece que una investigación de la magnitud que presenta el caso de los talleres vaya a ser fácilmente compatible con un ritmo de trabajo que incluye tramitar cada año medio millar de asuntos civiles y casi 1.500 causas penales e intentar cerrar más de mil ejecutorias.

El juzgado de La Almunia, que ha imputado al vendedor de La Almunia y al responsable del taller zaragozano como presuntos autores de un delito de estafa y otro de falsedad, se hizo cargo de las investigaciones referentes al primer establecimiento, lo que le permitió comenzar a tirar del hilo.