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La ley de enjuiciamiento criminal del PP ataca a la libertad de información

Periodistas y editores han firmado un documento en el que rechazan la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) y, en concreto, el artículo que limita las imágenes de detenidos para evitar las llamadas "penas de telediario". 

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Rodrigo Rato sale detenido de su domicilio en Madrid. Foto: Javier Soriano. (AFP)

MADRID.- Periodistas y editores han firmado un documento en el que rechazan la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) y, en concreto, el artículo que limita las imágenes de detenidos para evitar las llamadas "penas de telediario" por considerarlo un "ataque a la libertad de información".

El documento ha sido firmado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP)y los colegios profesionales de periodistas de Andalucía, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Murcia y País Vasco.

Se trata de la primera ocasión en que editores y periodistas plantean sus reivindicaciones de forma conjunta, tal y como señalan los firmantes en un comunicado, en el que solicitan a los grupos del Senado, donde se encuentra ahora la reforma tras ser aprobada por el Congreso, que rechacen ese artículo de la ley, el 520.1.

Se trata de la primera ocasión en que editores y periodistas plantean sus reivindicaciones de forma conjunta

Este artículo, aprobado el pasado 2 de junio en la Comisión de Justicia del Congreso, fue pactado en una enmienda transaccional entre el PP y CiU y con él se pretende adoptar las "medidas necesarias" para respetar la imagen e intimidad durante una detención y acabar así con las denominadas "penas de telediario" que sufren muchas personas antes de ser juzgadas.

La reforma, según el comunicado, ha originado "gran inquietud" en entre los periodistas, fotorreporteros y los medios de comunicación en general porque "se pone en peligro el derecho constitucional a la información", no solo aplicable a los profesionales "sino también a los ciudadanos".

"La inclusión del referido párrafo produce un gran desconcierto y provoca una total inseguridad jurídica en los profesionales y medios, por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial", sostiene.

Para los periodistas y editores, inquieta que la redacción del nuevo artículo conlleve de hecho la aplicación de nuevas trabas al ejercicio profesional del derecho a la información, protegido por el artículo 20 de la Constitución.

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