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Valle de los Caídos El Gobierno aún no podrá exhumar a Franco, pese al fallo del Supremo

Un juez de Madrid mantiene suspendida la licencia de obras para levantar la losa del dictador, en base a un informe encargado por la Fundación Francisco Franco. La Abogacía del Estado aún espera poder presentar un 'contrainforme'.

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Basílica del Valle de los Caídos donde se ubica la tumba del dictador Francisco Franco | AFP

La losa que protege los restos de Francisco Franco aún seguirá en su sitio durante un tiempo. El fallo del Tribunal Supremo sobre la exhumación y posterior inhumación del dictador, que avala el acuerdo del Gobierno y ratificado por el Congreso, no basta para sacar a Franco del Valle de los Caídos de forma inmediata, ya que un juez mantiene suspendida la licencia para ejecutar las obras.

El magistrado José Yusti Bastarreche, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3, acordó en febrero la suspensión cautelarísima del informe técnico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía licencia para realizar las obras. El juez fue recusado por la Abogacía del Estado, y fue apartado del caso hasta el pasado junio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que no había motivo para asignar el caso a otro magistrado.

El informe en el que se basa el magistrado fue encargado por la Fundación Francisco Franco

Desde entonces apenas ha habido avances en la causa, según trasladan fuentes jurídicas a este diario. Las mismas fuentes añaden que el juez fue sometido recientemente a una intervención quirúrgica, y en su agenda de señalamientos no figura la convocatoria de la vista donde las partes puedan exponer sus argumentos a favor y en contra de la suspensión cautelar de la licencia de obra. Hasta entonces no será posible proceder al traslado de los restos del dictador, apuntan.

La Abogacía del Estado prepara un contrainforme pericial, si bien las fuentes citadas insisten en que el magistrado no muestra prisa alguna para celebrar esta vista.

Por si fuera poco, el informe técnico en el que se basó el magistrado para suspender la licencia fue elaborado para la Fundación Francisco Franco. Lo firman los arquitectos José Ismael de la Barba y Enrique Porto Rey, que fue director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2006, durante la primera etapa de Esperanza Aguirre al frente del Gobierno autonómico. Porto fue imputado por supuesta corrupción, si bien su caso fue archivado.

La decisión de exhumar al dictador fue aprobada en Consejo de Ministros y ratificada por el Congreso de los Diputados, si bien el juez sostuvo en su auto del 25 de febrero que “por legítima y conforme a la legalidad que sea” una decisión del Consejo de Ministros, “no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas” necesarias.

Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció su decisión de sacar a Franco del Valle -la medida estrella del Ejecutivo, ahora en funciones-, la familia del dictador y la Fundación que ensalza su figura han recurrido a varias acciones legales para torpedear sus planes. 

Sin embargo, distintos jueces ya han rechazado la adopción de medidas contra la exhumación en base al informe que sí ha asumido Yusti. El magistrado entiende que el peso de la losa que cubre el féretro del dictador, que ronda los 2.000 kilogramos, “puede desestabilizar el conjunto”, esto es, la basílica del Valle. “Falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco”, reza el informe.

Las "oscuras intenciones" que ve el juez en la Ley de Memoria

El magistrado es un viejo conocido en el debate sobre el franquismo y la memoria histórica. La Abogacía del Estado lo recusó basándose en la opinión que había vertido en artículos en prensa contrarios a la Ley de Memoria Histórica del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Entre otras cosas, Yusti lo acusó de “revivir” con "oscuras intenciones todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra patria a aquellos momentos difíciles". También se refiere la República como la "antesala de la Guerra", y acusó a los políticos de la misma de ser "los grandes fogoneros de la hoguera que vino después". Pese a todo, el TSJ de Madrid no considera que el magistrado haya visto afectada su apariencia de imparcialidad.

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