WWF y Fundación Nueva Cultura del Agua han denunciado este martes el "ruionoso agujero negro para la economía y el medio ambiente" del proyecto de megaembalses, como el de Alcolea (Huelva), y del embalse de Melonares (Sevilla) y han reclamado la paralización de la terminación de la presa que se construye en Huelva.

Las dos organizaciones han presentado un estudio económico que calcula todos "los costes ocultos" que sería necesario recuperar de estos dos megaproyectos y que ascienden a más de 10 millones de euros al año para el caso del embalse de Melonares, y 544 millones de euros de inversión si se incluye la terminación de la presa de Alcolea, el Canal de Trigueros y la red de distribución para riego desde dicho canal, que terminan por ser subvencionados en buena medida por las arcas públicas.

"Melonares yAlcolea  son dos ejemplos paradigmáticos de un negocio ruinoso: millones de euros de las arcas públicas y fondos europeos invertidos en dos megaproyectos hídricos sobredimensionados e innecesarios", aseguran en un comunicado WWF y Nueva Cultura del Agua.

El informe refleja los costes medioambientales o los relativos al servicio de utilización del agua que figuran en los proyectos, y que son "muy inferiores al precio real" o "ni siquiera se contemplan, lo que da una imagen de falsa rentabilidad".

El embalse de Melonares es una obra que se terminó en 2007 y que se construyó para garantizar el abastecimiento de Sevilla y su zona de influencia tras la grave sequía de 1992-1995, lo que permitió que recibiera financiación europea. Sin embargo, según WWF, "desde el inicio de las obras hasta la actualidad, se puso en marcha un programa eficaz de gestión de la demanda de agua, con campañas de ahorro y mejoras en las pérdidas de la red de distribución que garantizó el abastecimiento y no hacía necesario el embalse".

En estas tres décadas, desde la sequía, se ha atendido a una población que ha crecido un 23%, con una disminución del consumo unitario del 39% y una minoración de la aducción del sistema de embalses del 44%: un éxito claro de la aplicación de políticas de gestión de la demanda (concienciación y responsabilidad ciudadana, mejora de la gestión y actuación sobre las conducciones de aducción y distribución)", aseveran las organizaciones.

Tanto la Fundación como la ONG aseguran que en torno al 84% de los costes ambientales y del agua no se contabilizan para establecer el canon de regulación y las tarifas del agua. 

Así, analizan, el nivel de recuperación de los costes de este servicio del agua es muy bajo, en torno al 15%. En total, si el coste a recuperar, con los cálculos para el año 2018, asciende a 10.802.078 euros, y efectivamente se recuperan 1.640.004 euros en conceopto de canon y tarifa de utilización del agua girada por la CHG, ello supone que la administración pierde más de 9 millones de euros.

"De los resultados del análisis se puede concluir que, en el procedimiento seguido para la evaluación ambiental y la autorización del embalse de Melonares, así como en el de su financiación, se ha omitido una completa identificación y cuantificación de los costes del proyecto que han viciado las decisiones adoptadas", considera el economista de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Francesc La Roca.

¿Qué significa este concepto de recuperación de costes? WWF lo explica así: "Todas las actividades económicas, desde la agricultura, la producción de energía, industrias, turismo, y las actividades domésticas requieren de un suministro de agua de calidad y en cantidad suficiente. Canalizar y suministrar esa agua tiene un coste. Por un lado, el financiero, que está asociado a su gestión, es decir, en ocasiones, se requiere construir y hacer uso de
infraestructuras (desde embalses hasta depuradoras). También se incluye el coste del recurso, que corresponde a lo que un usuario paga por el agua en sí misma. Y, por último, también está el coste ambiental, es decir, los costes derivados del deterioro de los ríos, humedales, acuíferos o por el uso abusivo o contaminar el agua".

De este modo, "el precio del agua debería reflejar estos tres costes porque es un bien preciado y escaso: en definitiva, el principio de recuperación de costes, permite, a través de tarifas y cánones, recuperar el coste de las infraestructuras necesarias para suministrar el agua, los costes de mantenimiento y de gestión, y devolver esa agua al medio natural en buen estado, contribuyendo a la conservación de los ecosistemas. Sin embargo, como en este caso, no siempre el precio del agua refleja su coste real, se subestiman costes..."

Alcolea

El otro caso analizado es el del proyecto de la presa de Alcolea, que se remonta al año 2000 cuando recibe de la Secretaría de Aguas y Costas el visto bueno a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y del que en la actualidad solo está ejecutado el 20% de la obra, porque en el año 2017 queda paralizada su construcción.

Sin embargo, el proyecto de Alcolea sigue vivo. De hecho, la Junta de Andalucía el año pasado solicitó al Gobierno terminar la construcción de esta presa que, desde el inicio, en opinión de WWF y FNCA, su expediente ambiental presentaba deficiencias y omisiones importantes.

El estudio, en este caso, denuncia que si el proyecto incluyese los costes de tratamiento de las aguas del embalse, algo "muy probable debido al grave problema de la contaminación de sus aguas con metales pesados de los relaves mineros", anularía la rentabilidad de la inversión de este proyecto.

El informe estima que los costes de mantenimiento y explotación de la presa, incluyendo el tratamiento necesario de las aguas de la presa de Alcolea para su utilización ascenderían a más de 28 millones de euros anuales". 

Por ello, el jurista de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Abel La Calle, pide una moratoria de la obra de la presa de Alcolea hasta que se realice una evaluación ambiental "actualizada y más exhaustiva".

El técnico de políticas del programa de Agua de WWF, Rafael Séiz, considera que una obra pública de esta magnitud "tiene que justificarse por su necesidad", por lo que debe formar parte de un marco de planificación estratégico que dote de coherencia a la actuación con los objetivos de las distintas políticas públicas.

Sin embargo, denuncia que en el caso de este proyecto no se ha desarrollado el análisis de su necesidad "con rigor" por lo que pide "replantearse" si se quiere invertir millones de euros de las arcas públicas en una obra que "no tiene sentido hoy en día, cuando existen otras inversiones prioritarias que sí benefician a toda la sociedad".

¿Por qué es necesario no continuar con el proyecto? WWF y la Fundación responden: "En todo el proceso de planificación, proyección, evaluación de impacto ambiental, inicio de la ejecución y redacción de un nuevo proyecto del embalse de Alcolea, los promotores y la administración ambiental han minimizado el problema de la calidad de las aguas del embalse para los usos de abastecimiento, industrial y regadíos para los que se ha proyectado. Presuponen que el agua muy contaminada mejorará sustancialmente en el embalse de Alcolea (sin evidencia científica) y que podrá ser utilizada directamente y, en caso de no alcanzar los estándares de calidad exigibles, se procedería a tratamientos en origen de la contaminación o tratamientos activos a la salida del embalse, sin estudios rigurosos de los mismos y sus costes".

"Una obra pública de esta magnitud –prosiguen– tiene que justificarse por su necesidad, es decir por su contribución a la resolución de algún problema social relevante, por lo que debe formar parte de un marco de planificación más amplio que dote de coherencia a la actuación con las políticas públicas que se quieran desarrollar. Por otra parte, todo proyecto no sólo debe ser viable desde el punto de vista técnico y económico, sino que los fondos presupuestarios destinados a su ejecución se deben emplear con criterios de eficiencia y equidad. Por último, la resolución de un problema o la satisfacción de una necesidad se deben realizar evitando daños, tanto al medio ambiente como a individuos o grupos sociales. Todo ello configura un conjunto inseparable formado por los objetivos, los medios técnicos y económicos y los efectos sociales y ambientales de la actuación que deben ser sometidos a un análisis riguroso para poder seleccionar la mejor alternativa".

Remachan WWF y la Fundación: "En el caso de la presa de Alcolea y el canal de Trigueros, no se ha desarrollado este análisis riguroso en las distintas fases y por tanto no se dan las condiciones necesarias para justificar que este proyecto constituya la mejor alternativa. Por ello, es necesario una nueva evaluación del mismo, considerando el ciclo completo de vida de la obra, para poder proceder a su terminación con todas las garantís, sociales, ambientales y económicas, o bien descartarlo definitivamente".