En la peor etapa de la pandemia, los empresarios Luis Medina Abascal y Alberto Luceño Cerón estafaron, según la Fiscalía Anticorrupción, al Ayuntamiento de Madrid con la venta de material sanitario defectuoso por 10,8 millones de euros. Los empresarios habrían inflado los precios "con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". De hecho, se habrían llevado seis millones de euros en comisiones con los que compraron artículos de lujo, como un yate o coches de alta gama. El Ministerio Público ha presentado una querella ante los juzgados de instrucción contra ambos propietarios. 

El Ayuntamiento firmó tres contratos con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid para la compra del material sanitario. Esta fue la compañía que comerció con la firma de Luceño, con EEE. Anticorrupción señala que a las mascarillas se les infló el precio mientras que los guantes de nitrilo y los test rápidos eran defectuosos, tal y como demostró el propio Consistorio.

De esos contratos, Medina se benefició de una comisión de un millón de euros. Con ese dinero se compró un yate modelo llamado "Feria", modelo Eagle 44, con un valor de 325.515 euros. Los otros cinco millones de euros fueron para Luceño, que cobró esta cuantía en tres comisiones por la venta de mascarillas y de test de antígenos. Este empresario costeó una estancia en un hotel de Marbella con un coste de 60.000 euros y tres relojes Rolex con precios de 6.550 euros, 26.000 euros y 9.900 euros.

También compró coches de alta gama: un Aston Martin DB11, un Ferrari 812 Superfast, un Mercedes AMG GT 63S ; otro Mercedes SCL 300; un Range Rover Sport; un KTM X BOW; un BMW I8 Roadster, un Lamborghini Huracan Evo Spider y un Porsche Panamera. Los gastos no concluyeron y pagó una vivienda en Pozuelo de Alarcón con tres plazas de garaje y un trastero por más de un millón de euros.

Un familiar de Almeida medió en la operación

La operación empezó cuando Luis Medina Abascal, hijo de Naty Abascal y del fallecido duque de Feria, se acercó al Consistorio madrileño. Gracias a tener una estrecha relación con un familiar del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, consiguió un contacto, el de la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos. Esta persona facilitó la operación en la que su amigo Alberto Luceño aseguró ser agente de la empresa malaya EEE, ser experto en importación de productos procedentes de Asia y tener fábricas en China. 

Las pesquisas de la Fiscalía sostienen que "en realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista". El alcalde ha reconocido que su familiar "se limita a darle un correo electrónico". Los dos investigados se enfrentan a delitos de estafa agravada; falsedad en documento mercantil; y blanqueo de capitales.

La oposición exige explicaciones a Almeida

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha recamado a Almeida que dé un paso al lado y dimita si no ofrece explicaciones a la ciudadanía: "Parece cada vez más claro que amigos y familiares del PP se dedicaron a saquear las instituciones". 

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha hecho un llamamiento al "nuevo PP de (Alberto Núñez) Feijóo" para "que ponga a funcionar todos los mecanismos internos de su partido y depure responsabilidades, si las hay", mientras que ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "deje de esconderse y dé explicaciones", según recoge la Agencia Europa Press. 

El Ayuntamiento se personará como afectado del caso

El Ayuntamiento de Madrid se personará "inmediatamente" en el procedimiento judicial como afectado en la presunta estafa con el objetivo de "ejercer todas las acciones que correspondan para que en caso de que hubiera habido una estafa, el Ayuntamiento de Madrid pueda recuperar el dinero".

"Ni el Ayuntamiento ni ninguna persona que trabaja para el Ayuntamiento de Madrid es objeto de la querella presentada por la Fiscalía, y esto es importante decirlo. El Ayuntamiento en su caso es el agraviado, porque se les imputa un delito de estafa", ha apuntado el regidor.