Zaragoza recorta ayudas y sube el alquiler social más de un 30% a 2.200 familias en plena pandemia

Las políticas de recortes sociales se cronifican en el Ayuntamiento de Zaragoza, como viene ocurriendo en lo que va de legislatura, con efectos directos en los bolsillos de las familias económicamente más vulnerables: el consistorio acaba de aplicar un tajo a las ayudas al alquiler social que ha disparado las rentas que esos hogares, que a menudo sobreviven bajo el umbral de la pobreza, pagan para tener un techo.

La medida, que se encuentra ya vigente y que afecta a las 2.200 familias usuarias del programa de alquiler social de la empresa municipal Zaragoza Vivienda, ha sido articulada mediante una instrucción del gerente de esa entidad, José María Ruiz de Temiño, un exarquitecto municipal especializado en urbanismo y en rehabilitación de edificios al que tras 17 años en el sector privado fichó la coalición PP-Cs de Jorge Azcón y Sara Fernández el pasado mes de julio.

El recorte consiste en excluir del cálculo del "nivel de esfuerzo" que hacen los arrendadores de esas viviendas sociales "los gastos asimilados, como pueden ser los gastos de comunidad"; es decir, que esos recibos, cuya cuantía suele oscilar entre los treinta y los setenta euros mensuales, se cae de la parte del alquiler que asume el ayuntamiento por superar la horquilla de entre el 20% y el 30% de los ingresos de las familias que estas destinan a cubrir el arriendo de las casas en las que viven, mayoritariamente de propiedad privada.

A partir de ahora, esos gastos pasarán a ser asumidos por los hogares, parte de los cuales tienen como único ingreso pensiones no contributivas, subsidios y precarios salarios, casos en los que el recorte supone un apretón económico considerable.

Familia numerosas que viven con apenas mil euros al mes

El programa de alquiler de Zaragoza Vivienda contempla como requisitos de acceso a esas ayudas que los ingresos del conjunto de miembros del hogar se encuentren (con una corrección del 50% para los menores de 25 años) por debajo de 2,5 veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), lo que, a expensas de que el proyecto de Presupuestos Generales de Estado prevea subirlo de los 537,84 euros actuales a 564,90 euros, supone un máximo de 1.344,60 euros brutos al mes, familias numerosas incluidas.

No obstante, esas cifras son las más boyantes y menos frecuentes entre los usuarios. De hecho, la propia instrucción recoge otros perfiles más habituales, caso de quienes viven solos con un máximo de 672,3 euros brutos mensuales, para quienes el límite que destinan a pagar el arriendo es del 20% (hasta 134,36 euros), las "unidades de convivencia integradas por cinco o más miembros" que subsisten con hasta 726,08 euros, en las que el tope se sitúa en 145,21euros al elevarse cinco centésimas por cada persona que supere el quinteto, o las familias numerosas que pasan el mes con menos de 1.075,68euros, en las que la renta máxima que deben asumir es de 215,13 euros. A partir de ahora pagarán esas cantidades más la comunidad.

Las normas contemplan desde el año pasado que el pago mínimo de alquiler por parte de los usuarios es de 85 euros, cifra que Zaragoza Vivienda tomó como referencia por ser "el equivalente aproximado al 20% de los ingresos por pensión no contributiva o subsidio de desempleo", situados en 430 euros mensuales.

Elevar los gastos que deben asumir cada mes en treinta, cincuenta o setenta euros mensuales en esas condiciones supone un notable apretón para esas economías familiares, a las que, por otro lado, el Ayuntamiento de Zaragoza ha comenzado a reclamar las rentas aplazadas durante el estado de alarma.

Otro episodio de las erráticas políticas sociales de PP y C’s

El recorte de ayudas y la exigencia de los pagos atrasados aboca a muchas de esas 2.200 familias a tener que pedir ayudas de urgencia para poder pagar el alquiler al mismo ayuntamiento cuya filial inmobiliaria ha decidido que sus arriendos sociales deben subir, apuntaron fuentes municipales.

El episodio de los alquileres sociales, denunciado por ZeC (Zaragoza en Común), se enmarca en las erráticas políticas económicas y sociales que viene desarrollando el Ayuntamiento de Zaragoza desde la llegada de la coalición PP-C’s, sustentada por Vox, que han incluido suprimir inversiones en cultura, enseñanza y medio ambiente para pagar a la banca y dar tajos en empleo y en promoción turística y comercial para poner luces en navidad, mientras el sinhogarismo, que ya arreció con el estado de alarma pese al confinamiento, ha acabado por desbocarse con más de 300 personas viviendo en la calle en una ciudad que sufre una treintena de desahucios cada semana.

"La vivienda de alquiler social es un instrumento fundamental de lucha contra la pobreza. Aumentar los precios va a suponer la triste paradoja de que muchas familias se vean abocadas a acudir a los servicios sociales para poder cubrir sus necesidades básicas", señala Luisa Broto, concejala de ZeC, que denunció "la fuerte subida encubierta de los alquileres" sociales que "va a perjudicar gravemente a las familias que peor lo están pasando" ya que puede encarecer sus gastos en más de un 30%.

Por su parte, la concejala de Vivienda, Carolina Andreu (PP), que había cifrado en 452.000 euros la cuantía de las mensualidades aplazadas durante el estado de alarma, dijo que "las condiciones y criterios para determinar las rentas a abonar" vienen de la anterior legislatura.  "Es falso que vayamos a subir los alquileres", aseguró.