Fumarse un porro supone una multa de 601 euros. Al menos si es la primera vez que los guardias te pillan con uno en las manos. La segunda sanción por fumar un pitillo de la risa puede ascender, según la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, hasta los 10. 401 euros. Una cifra alta que está dando que hablar en según que lugares que España.

Este es el caso del municipio murciano de Yecla, donde la ley se está aplicando a rajatabla, en tanto que ya se han confirmado tres casos que están pendientes del recurso por la vía del contencioso administrativo. 

El Ayuntamiento, según informa El Periódico de Yecla, lleva años aplicando esta ley de una forma rigurosa. Sin embargo, las dudas dentro de los poderes locales sobre la proporcionalidad de estas sanciones han llevado al Consistorio a consultar a la Delegación del Gobierno en Murcia si realmente están haciendo lo correcto.

“No me parece bien que alguien esté fumando un porro en un parque de niños. Pero me parece una aberración para el futuro de los chavales una multa de más de 10.000 euros”, asegura el jefe de la Policía Local de Yecla en declaraciones a El Periódico de Yecla. 

Pese a la opinión del agente, la Delegación del Gobierno ha emitido varios informes al Ayuntamiento de la localidad murciana en los que confirma que esas multas de más de 10.000 euros a los canutos reincidentes están sustentadas en la ley.

El jefe de la Policía relata cómo tiene que recibir a madres de jóvenes adolescentes que, incrédulas, piden explicaciones por la cantidad económica que se les requiere como multa. Tanto es así que, entre los casos abiertos, se encuentra el de un joven que deberá pagar más de 10.000 euros por portar 0,01 gramos de cannabis en un grinder. 

Esta situación, según informan medios locales, ha llevado al propio Consistorio de Yecla a animar a los afectados a que recurran las sanciones en el contencioso administrativo para intentar que la Justicia se posiciones y dictamine que las multas son desproporcionadas.

Desde las organizaciones partidarias a la legalización del cannabis, aseguran que estas sanciones afectan a la libertad y a la dignidad de las personas. Además, resaltan la contradicción ética que supone el coste de estas multas frente a los presupuestos municipales destinados a la prevención y atención a la drogodependencia, que, en la mayoría de los casos, no superan los 6.000 euros.