Los siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que hay abiertos en España tienen una escasa eficacia, de acuerdo con los principios legales por los que fueron creados: la deportación de las personas migrantes en situación irregular a sus países de origen. Así lo señala el Informe CIEs Espacios sin Derechos para Migrantes, elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que refleja que de las 83.133 personas recluidas en esos centros entre 2011 y 2022, el 50% fue repatriado y el resto, puesto en libertad.

En el informe, que se presenta este miércoles en Sevilla, se destaca como "llamativo" lo sucedido en los años 2016 y 2017, cuando se expulsó de España únicamente al 29% y al 34%, respectivamente, de los migrantes internados en los CIE. Y, junto a ello, se resalta que la mayoría de las repatriaciones ejecutadas por el Estado español no son de internos de los centros, ya que estos representan el 36,6% del total de las expulsiones ordenadas en el periodo analizado.

"Ello supone la generación de un sufrimiento gratuito a las personas que padecen las condiciones de los CIE y, además, una práctica inconstitucional, puesto que el internamiento únicamente está justificado para los fines de la expulsión", señala Derechos Humanos, que ha hecho el estudio en colaboración con integrantes de organizaciones que han denunciado la situación de estos centros y el trato que reciben las personas recluidas.

Estas organizaciones sociales han constado que la utilización de las medidas privativas de libertad en el ámbito de la gestión migratoria "es una constante que se agrava en los últimos años" en el contexto de una tendencia político y legislativa que denominan "crimigración". Y subrayan que, aunque la Constitución española recoge en su artículo 25.3 que la Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen una privación de libertad, en el Estado español se ha establecido esa privación como instrumento administrativo para las personas extranjeras en situación irregular.

Otra irregularidad en el funcionamiento de estos centros es el internamiento de menores de edad, quienes, en todo caso, deberían estar en centros de protección de la infancia por no contar con la compañía de su familia. Según este informe, un total de 337 menores han pasado por los CIE españoles desde 2013 -de 2011 y 2012 no hay datos-.

Otro hecho sorprendente, a juicio de Derechos Humanos, es el internamiento en estos centros de ciudadanos de la Unión Europea, "una práctica que no encuentra una cobertura legal clara", señala. "Si el internamiento está vinculado a la Directiva Retorno -argumenta la asociación andaluza-, en la misma se señala claramente que el internamiento está previsto para nacionales de terceros países". Pese a ello, 455 nacionales de otros países de la UE han ha sido recluidos en los CIE desde el año 2011, la mayoría de ellos nacidos en Rumanía, que han sido internados en el centro de Madrid.

Los autores de este informe consideran también relevante el dato de las nacionalidades de las personas internadas en los CIE, que, a su entender, tiene un "carácter segregador". El grupo más numeroso es el formado por los magrebíes, un colectivo que ha aumentado considerablemente en los últimos años, de tal forma que los ciudadanos nacidos en Argelia y Marruecos ya representan al menos el 40% de los migrantes recluidos en estos centros. En cuanto al sexo, el 94,75% de los internos son hombres.

Un control judicial "muy laxo"

Con todos estos datos, la Asociación Pro Derechos Humanos concluye que el internamiento de migrantes en los CIE "se ha generalizado como medida de respuesta a la irregularidad" y con un control judicial "muy laxo". "En realidad -afirma, la decisión de internamiento viene impulsada por la Policía, cuyos argumentos son aceptados en la inmensa mayoría de los casos por la Fiscalía, cuyo informe favorable al internamiento es refrendado en más del 90% de las ocasiones por el juez".

El balance anual de los CIE revela, no obstante, que se ha registrado un notable descenso de los internamientos, ya que en los últimos tres años el número de migrantes ingresados rondó los 2.000, cifra que en los primeros años de la década anterior superaba los 11.000 al año.

El Informe CIEs Espacios sin Derechos para Migrantes incluye, además de los datos, un análisis de la trayectoria de cada centro de internamiento a lo largo de estos años, en los que se observa una larga serie de irregularidades denunciadas por las organizaciones que trabajan en su ámbito. Así, en el caso del centro de Murcia se destaca que la alimentación de los internos es "insuficiente y poco variada", una escasez que se repite en el caso las actividades y la comunicación con los familiares.

"A las 20 horas, todas las personas pasan a sus celdas, hasta el día siguiente, permaneciendo hasta 12 horas consecutivas en un espacio pequeño y compartido (…) En ocasiones, nos manifiestan que algunos internos en el CIE reciben un trato despectivo, insultos, empujones, registros y cacheos arbitrarios de sus pertenencias por parte de algún agente de policía encargado de la vigilancia", añade la organización Vivir sin Racismo en el análisis del centro murciano.

El apartado dedicado al CIE Zapadores de València comienza con una descripción bastante elocuente: "Se encuentra ubicado en un antiguo cuartel militar de principios del siglo pasado, ahora de uso policial, y dispone de unas instalaciones y una atención infrahumanas". Luego, se detalla que el centro dispone de dos celdas de aislamiento, de cuyo criterio de uso no tiene constancia la Coordinadora CIES No Valencia.

El centro valenciano cuenta con otras celdas, de 12 metros cuadrados con tres literas con "colchón de plástico" cada una de ellas. "La sensación de agobio es inevitable en tan reducido espacio. No disponen de mobiliario, mesas o sillas, ni taquillas; tan solo de una estantería de baldas, donde se puede tener lo imprescindible. El resto de pertenencias, como maleta o ropa, quedan depositadas en una sala aparte, sin seguridad. Son numerosas las quejas por la insuficiencia de la calefacción en los días fríos de invierno y por la avería de la refrigeración en los meses de calor", detalla la Coordinadora.

El internamiento de un marroquí ciego

En el CIE Zapadores fue donde, según el informe, estuvo encerrado durante nueve días un joven marroquí ciego, Abdelhak, por carecer de permiso de residencia. "Se pasó buena parte del tiempo en el interior de las instalaciones, pues dado el grado de ceguera profunda que padece temía que si salía al patio pudiera sufrir algún golpe involuntario de los otros internos mientras practicaban deporte. Y precisó de la ayuda del resto de los internos para desplazarse porque el espacio en los CIE no está adaptado y no se permite llevar bastón, puesto se considera un arma. El chico y su amigo fueron liberados tras la denuncia pública que hicimos del caso".

El el capítulo dedicado al CIE de Barcelona se hace una especial referencia a la muerte de Idrissa Diallo, un joven de 21 años procedente de Guinea Conakry, fallecimiento que la asociación Irídia atribuye a una negligencia médica. "Fue sepultado en un nicho del cementerio de Montjuic durante cinco años sin que su familia fuera avisada y sin nombre en la lápida". Años después, en 2022, le pusieron su nombre a la plaza que antes llevaba el de Antonio López i López, empresario catalán que se había enriquecido con el mercado de esclavos en el siglo XIX.

Pese a las mejoras hechas en este centro, las organizaciones sociales se siguen quejando de su estado: "Las instalaciones todavía siguen dejando que desear: los colchones y las almohadas de las camas consisten en una misma unidad. Las sábanas, aunque más limpias que antaño, tienen manchas de sangre, de orina u otros líquidos de antiguas personas allí internadas; y la sanidad sigue gestionada por una empresa privada con horario de atención limitado".

El apartado del CIE de la capital de España, en Aluche, empieza así, con esta sorna: "podríamos decir que 2023 ha sido uno de los mejores años para el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid, ya que ha permanecido cerrado casi todo el año". Pero, a continuación, la asociación Mundo en Movimiento precisa, para que no haya equívocos: "lamentablemente, el cierre no ha sido fruto de una repentina toma de conciencia gubernamental de lo que implica la mera existencia de estas cárceles racistas o de las consecuencias traumáticas que produce el internamiento en un CIE en el complejo policial emplazado donde se situaba el hospital penitenciario de la antigua cárcel de Carabanchel".

El cierre se debió a unas obras de remodelación del centro, que, según las organizaciones sociales, originaron, además, una situación de caos muy grave y quejas de varios internos, que dijeron haber sufrido malos tratos físicos y verbales por parte de la policía y un inadecuado seguimiento sanitario tras el traslado.

El CIE abierto en una prisión

El informe de Derechos Humanos concede también un espacio destacado al CIE abierto en la prisión Málaga II de Archidona, donde fueron internados 577 migrantes argelinos en el año 2017, cuando aún no había sido inaugurado el centro penitenciario, un hecho que fue muy cuestionado por el Defensor del Pueblo.

"La calefacción no funcionó, no pudieron cambiarse de ropa ni les dieron ropa ni calzado de abrigo, no hubo agua potable en los grifos y solo se podía beber en horario de comidas. Tampoco se sirvieron bebidas calientes pese al intenso frío y no existía una cocina montada en el centro. Los horarios en la cárcel no se encontraban organizados y los internos estaban obligados a estar todo el día en el patio, sin ropa adecuada para el frío y sin poder descansar en su celda en ningún momento del día. Los informes consultados afirman que la atención médica tampoco estuvo garantizada al no haber equipamiento sanitario ni farmacia en el propio centro", refiere el informe.

El documento que se presenta este miércoles en Sevilla incluye también un balance migratorio de la Frontera Sur en 2023, cuya situación la Asociación Pro Derechos Humanos considera "una asignatura pendiente del gobierno más progresista de la historia de la democracia". Según este balance, el año pasado llegaron a España 58.267 personas por vía marítima y terrestre, lo que supone un incremento de un 40% en comparación con 2022.

El mayor número de entradas se produjo a través de la ruta marítima canaria, con 41.068 personas. Según Derechos Humanos, la consolidación de esta ruta responde "al buen funcionamiento de los acuerdos establecidos desde 2019 con Marruecos", por los que se ha concedido al país vecino más de 120 millones de euros para "luchar contra la inmigración irregular y los despliegues operativos en fronteras, o, lo que es lo mismo, para reprimir a las personas migrantes y controlar las salidas de la zona norte del país hacia la península", concluye la organización.