ZARAGOZA.— “Queda prohibido en todos los festejos populares herir, pinchar, golpear o tratar cruelmente a las reses”. El Gobierno de Aragón comienza a poner coto al maltrato animal en el millar de sueltas de vaquillas y encierros que se celebran cada año en los pueblos de la comunidad. 

La orden por la que el Departamento de Presidencia completa la regulación de este tipo de actos, publicada este miércoles en el boletín de la comunidad, entrará en vigor el jueves. Considera “trato cruel” arrojar a los animales cualquier objeto y emplear contra ellos “útiles, petardos, vehículos o cualquier instalación que pueda dañar o causar dolor o sufrimiento” o, también, “la alteración de cualquiera de los sentidos de la res, aunque no medie contacto físico con ella”. 

Las nuevas normas incluyen limitar a 30 minutos la participación de hembras y a una hora la de machos en cada festejo.

La resolución que proscribe el uso de automóviles particulares en los encierros camperos, una práctica en auge en la comunidad en la que las reses llegan a ser perseguidas con coches y motos tras ser soltadas a campo abierto, habilita al director de lidia para expulsar de los festejos taurinos a quienes desarrollen alguna de las acciones anteriores.

También le da potestad para retirar “a los recortadores que abusen del recorte de la res en el asfalto dañando al animal” -suele provocar su caída- y para limitar el uso de “roscaderos, porteras u objetos móviles” con el fin de “que las suertes sean como una exhibición y no un maltrato para los animales”.

“La valoración de esas conductas corresponde al director de lidia, que es la autoridad en el festejo”, explicó la directora general de Justicia e Interior, María Ángeles Júlvez, que anotó que “los festejos taurinos populares seguirán adelante si se respetan las normas de maltrato”.

A partir de ahora, los ayuntamientos no podrán obtener autorizaciones para organizar sueltas de vaquillas, encierros ni cualquier tipo de festejo popular con toros o vacas si no identifican previamente a la persona que ejercerá como director de lidia, además de contratar un seguro y de identificar al veterinario que supervisará a los animales y al médico que atenderá a los eventuales lesionados.

Las nuevas normas incluyen limitar a 30 minutos la participación de hembras y a una hora la de machos en cada festejo —salvo que dispongan de un área específica de descanso y así lo autorice el veterinario tras efectuarles un reconocimiento—, sitúan en un máximo de tres horas la duración de cada suelta –siete, con varias sesiones, en medio día- y veta los recortes y quiebros a los animales en los encierros previos a su lidia.

Pese a este avance en materia de maltrato animal, la legislación de la comunidad, en la que en lo que va de año se han autorizado 448 festejos taurinos populares y 18 mayores, continúa amparando los toros de fuego, embolados y ensogados que se celebran en varias localidades, en algunos casos desde el siglo XVII.

La orden regula la figura de los directores de lidia, cuya contratación irregular generalizada llevó a la Inspección de Trabajo a sancionar a veinte ayuntamientos zaragozanos por imponerles tarifas inferiores a las que marca su convenio y con las que, en algunos casos, se ahorraban entre 1.400 y 2.800 euros en cada fiesta patronal. En Teruel, la Inspección obligó a 30 consistorios a regularizar los salarios de esos trabajadores ocasionales. El fraude se acercaba a los 70.000 euros en sisas.

Ellos, que cobrarán por cada festejo que supervisen 350 euros más la correspondiente cotización social, y los presidentes, figura que normalmente recae en el alcalde, serán los encargados de rellenar las actas de las que, en caso de incidentes, se derivarán las posteriores sanciones en aplicación de la Ley de Protección Animal autonómica. Esta norma contempla multas de hasta 150.253 euros para los casos de “daños o sufrimientos innecesarios o injustificados” que causen la muerte de la res, de entre 601 y 6.010 para quienes les provoquen “lesiones, deformidades o defectos” y por debajo de esa cifra cuando las agresiones tengan lugar “sin llegar a causarles lesiones, deformidades, defectos o la muerte”.

Pese a este avance en materia de maltrato animal, la legislación de la comunidadcontinúa amparando los toros de fuego, embolados y ensogados.

Directores y presidentes disponen también de autoridad para expulsar del recinto en el que se celebre el festejo a los menores de 16 años —es la edad mínima— y a las personas con síntomas de embriaguez que pretendan participar en ellos. En caso de reincidencia de menores, la responsabilidad recae en los titulares de su guarda, ya sean padres, abuelos o tutores.

Por otro lado, Júlvez explicó que la Unidad Adscrita de la Policía pondrá en marcha una investigación para determinar si se produjo alguna irregularidad en el encierro de vaquillas del pasado lunes en Alfamén, donde una res corneó a una niña de siete años tras escapar del recinto por una de las vallas de protección. La niña sigue ingresada en estado grave en un el hospital Infantil de Zaragoza.

“Supervisarán cualquier incidente que conste en las actas” que el ayuntamiento debía remitir al Gobierno autonómico este miércoles, señaló la responsable de Justicia e Interior, que añadió que “se trata de un hecho lamentable, y tenemos que analizar si era previsible.

La investigación, paralela a la que desarrolla la Guardia Civil bajo la coordinación del Juzgado de La Almunia sobre las lesiones, incluirá la inspección de las vallas. La Comisión Asesora Taurina analizará las posibilidades de establecer normas sobre estas barreras en su reunión de finales de octubre.