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Crisis migratoria La Audiencia Nacional reabre una querella por genocidio contra el líder del Polisario en plena crisis entre España y Marruecos

El juez Pedraz cita a Brahim Gali a declarar el 1 de junio tras acordar abrir un segundo procedimiento desde que entró a España hace un mes con otra identidad. Esto sucede en medio de la crisis migratoria y diplomática entre España y Marruecos, cuyo detonante estaría precisamente en la llegada de Ghali a España y su posterior hospitalización en La Rioja.

El líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali
El líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali. Archivo / EP

La hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, parece estar en el fondo de la crisis política, diplomática y humanitaria entre Marruecos y España que tiene a Ceuta como escenario. Justo en el día de máxima tensión entre ambos países, con la llegada a nado de 8.000 migrantes procedentes de Marruecos, la devolución de al menos 4.000 y el Ejército español desplegado en la frontera ceutí, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido reabrir una causa contra Ghali por presuntos delitos de torturas o genocidio, entre otros, el segundo procedimiento desde que entró a España hace un mes con otra identidad.

En un auto, fechado este miércoles y al que ha tenido acceso Efe, el magistrado acuerda reabrir un segundo procedimiento contra Ghali, impulsado por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh), que se suma a la querella que interpuso Fadel Mihdi Breica, ciudadano español de origen saharaui, por presuntas torturas sufridas en los campamentos polisarios de Tinduf (Argelia).

Esta decisión se ha conocido horas después de la llegada masiva de ciudadanos marroquíes a la ciudad autónoma de Ceuta y entradas irregulares en Melilla, una situación que el Gobierno cree que no se puede achacar sólo a la presencia de Ghali en España, pese a las tensiones que ésta trajo con Marruecos, ya que las crisis migratorias "responden a causas múltiples y son demasiado complejas como para establecer causa-efecto".

En la esfera judicial, la entrada en España del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y secretario general del Frente Polisario fue la antesala a su citación ante el juez para declarar junto a otros cargos como el consejero de RASD, Bachir Mustafa Sayed, por la querella del bloguero Fadel Mihdi Breica por presuntos delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad.

Todas las declaraciones se suspendieron por la imposibilidad de contactar con los querellados, salvo la de Ghali, programada para el próximo 1 de junio, pese a que el líder del Polisario rechazó firmar la citación que le facilitó la Policía hace unas semanas en el hospital San Pedro de Logroño, donde ingresó el 18 de abril con coronavirus.

A pesar de su "delicado estado de salud", Ghali "entendió en castellano el contenido de la citación, si bien se opuso a firmarla y manifestó que necesitaba "varios días" para decidir si lo hacía y que debía contactar "con la embajada argelina y con personas de su confianza", según el oficio policial elaborado por la Comisaría General de Información de la Policía, al que ha tenido acceso Efe.

Los agentes constataron que Ghali se encontraba en el hospital bajo la identidad de Mohamed Benbatouche y preguntaron al médico sobre la posibilidad de que declarase el 7 de mayo, si bien el doctor puso de relieve su débil estado de salud y su "insuficiente" estado cognitivo e intelectual para responder preguntas "de una mínima complejidad".

El juez ha acordado incorporar los oficios a la causa que ha decidido reabrir después de que se archivase en octubre de 2020 en espera de respuesta de las autoridades argelinas a una petición formulada en 2017.

La Audiencia Nacional admitió a trámite en 2012 la querella que dio lugar a este procedimiento, interpuesta por ASADEH y tres víctimas contra 28 miembros del Frente Polisario y cargos del gobierno argelino por siete presuntos delitos: genocidio, asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones.

En ella se denunciaba el trato sufrido en Tinduf "por los prisioneros de guerra" y por ciudadanos saharauis, "especialmente por los de origen español, en manos del Frente Polisario", organización a la que se acusaba de "retener contra su voluntad a miles de saharauis (...) con la complicidad de las autoridades de Argel".

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