BARCELONA.- El Ayuntamiento de Barcelona ordenará cerrar 256 viviendas de uso turístico ilegales tras el plan de choque impulsado en julio, cuyas herramientas han permitido ganar eficiencia en la detección de pisos sin licencia y en la inspección de esta actividad, según la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz. 

En rueda de prensa junto a la concejal del distrito de Ciutat Vella, Gala Pin, Sanz ha explicado que los visualizadores han detectado 234 pisos que recibirán el orden de cese y una sanción de 30.000 euros, mientras el trabajo de los inspectores han permitido tramitar otras 22 órdenes de cese.   

Además, se han resuelto las sanciones a las plataformas Airbnb y Homeaway iniciadas en septiembre del año pasado y, si se comprueba que reinciden, serán multadas con hasta 600.000 euros. Además, se ha ordenado a dos residencias de estudiantes —en Sant Martí y Sants-Montjuïc— que dejen de operar con funciones de hotel, como se ha detectado que hacían.