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Un centenar de afectados por los terremotos del Castor reclaman 1,8 millones a ACS

La Fiscalía pide para los dos directivos acusados seis años de prisión, más de 15.000 euros de multa e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión y oficio para actividades relacionadas con el subsuelo, entre otras medidas.

Una embarcación navega cerca de una plataforma que forma parte del Proyecto Castor.
Una embarcación navega cerca de una plataforma que forma parte del Proyecto Castor. Lluis Gene / AFP (Foto de archivo)

Los afectados por los terremotos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria Escal UGS y dos de sus directivos un total de 1.845.000 euros por los daños morales producidos por la "ola de pánico" generalizado que se produjo a consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas. 

Así lo ha informado el despacho de abogados BCV Lex, que representa a la asociación de afectados Aplaca. 

Esta parte, que solo pide responsabilidad civil, solicitará una indemnización de 15.000 euros para los 123 afectados en el juicio que se iniciará el próximo 18 de octubre en la Audiencia Provincial de Castelló. 

La Fiscalía, según fuentes jurídicas, demanda a la mercantil Escal UGS, SL — participada mayoritariamante por ACS — una multa de 189.000 euros,  así como la prohibición de realizar actividades relacionadas con el subsuelo y el sistema gasista de manera definitiva. 

Asimismo, solicita para cada uno de los directivos acusados seis años de prisión, 15.600 euros de multa, inhabilitación especial para el ejercicio de profesión y oficio para actividades relacionadas con el subsuelo y el sistema gasista por un periodo de 3 años y 6 meses y costas. 

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinaròs (Castelló) decretó la apertura de juicio oral para dos directivos de la empresa Escal UGS SL por un delito medioambiental. Esta misma decisión la adoptó el juez respecto de la mercantil, como persona jurídica. 

El juez dictó auto de procedimiento abreviado para estos dos directivos en octubre de 2019, al entender que generaron "una situación de peligro potencialmente catastrófico" entre septiembre y octubre de 2013 por continuar con la inyección de gas en la planta de almacenamiento ubicada en la costa de Vinaròs pese a ser conscientes del riesgo sísmico que ello acarreaba. 

Una "forma de resarcir" a los afectados

Una de las abogadas del despacho BCV Lex y responsable del caso, Esther Abellán Solesio, ha explicado que "la indemnización se plantea como la forma de resarcir a unos afectados que estuvieron sometidos durante semanas a una situación de pánico general provocada por los seísmos constantes, por conocer que los terremotos estaban provocados por la actividad en la plataforma y por la agitación social provocada durante los hechos". 

En este sentido, ha recordado que se detectaron un total de 552 seísmos de diferentes magnitudes en la zona, en el periodo entre el 2 de septiembre en que comenzó la tercera fase de inyección en la plataforma Castor y el día 17 de septiembre en que se ordenó su paralización. 

De todos los seísmos, "15, según el informe del Instituto Geográfico Nacional, afectaron a la población de Vinaròs, así como a las poblaciones cercanas", no sólo en Castelló, también en Tarragona, "con una intensidad macrosísmica de II y III en la escala macrosísmica europea", han apuntado desde el despacho de abogados. 

Además, la letrada ha destacado que ya en el estudio de impacto ambiental previo al proyecto, el observatorio del Ebro presentó alegaciones en la fase de consultas el día 25 de octubre de 2005, advirtiendo sobre el riesgo de terremotos asociados a las actividades de inyección.

"Así ocurrió nada más empezar la tercera fase de inyección de gas en el depósito sometiendo a la población a una situación de pánico continuado durante todo el periodo", ha concluido.

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