Cita previa ExtranjeríaEl mercado negro que se aprovecha de los migrantes sin papeles: conseguidores, webs y locutorios que cobran por trámites gratuitos

Si creas una frontera, alguien sacará partido de ese muro. Es la tesis de Roberto Borda, miembro de la Asociación Apoyo, que este martes inicia una campaña junto a otras entidades para denunciar el colapso del sistema de citas en las Oficinas de Extranjería de Madrid, lo que sume a muchos sin papeles en un limbo burocrático del que algunos intentan sacar tajada tirando de picaresca. Como nadie da la vez, los migrantes se encomiendan a conseguidores sin escrúpulos para lograr presentarse ante la ventanilla y tratar de arreglar su situación administrativa en España.

Los organizadores de la iniciativa Queremos Citas YA en las Oficinas de Extranjería pretenden visibilizarlos y defender sus derechos, por lo que animan a los ciudadanos y a las asociaciones a adherirse con su firma a la causa. El objetivo: exigir a las autoridades que el sistema de citas funcione correctamente para que nadie “sufra los retrasos actuales en la presentación de sus solicitudes”, explican en la web Visibles.org.

Detrás también están la Coordinadora de Barrios, el centro pastoral San Carlos Borromeo, el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martí, la Red Interlavapiés, Senda de Cuidados, Pueblos Unidos y la Asociación Karibu, quienes consideran que "dificultar el acceso a los trámites de regularización de la situación administrativa” no es sólo una forma de “maltrato institucional”, sino que también supone la construcción de un muro de cristal opaco.

“Queremos conseguir una cita con la Delegada del Gobierno y con el ministro de Interior para que agilicen los trámites”, explica Roberto Borda, sin concretar irónicamente que quizás resulte más fácil esa empresa que la de fijar un encuentro con un funcionario de la Oficina de Extranjería de la capital, donde las sedes pasaron de cinco a dos, con la consecuente reducción de personal.

Quien debe arreglar sus papeles, tiene que solicitarlo a través de internet, pero la web habilitada para ello ni sabe, ni contesta. Por mucho que lo intenten, la respuesta es un mensaje láconico, frío e impersonal estampado en sus pantallas: "En este momento no hay citas disponibles". Luego, como dejando un hueco a la esperanza: "En breve, la Oficina pondrá a su disposición nuevas citas". Silvia Díez Jordão, abogada especializada en Extranjería, reconoce la dificultad que supone obtenerla cuando un cliente solicita sus servicios.

“Genera presión, pero también angustia, porque eres consciente de que hay muchas personas pidiéndola al mismo tiempo, porque se ha convertido en un negocio”, añade la letrada. No se refiere a los migrantes, extranjeros o nacionalizados, que quieren conseguir el permiso de residencia o reagrupar a su familia, sino a empresas que se anuncian en internet, a locutorios que lo ofertan en sus escaparates o a particulares que emplean los medios a su alcance —como Wallapop, la aplicación de compraventa de productos de segunda mano— para que una persona desesperada pague por un servicio gratuito.

Luego empiezan los trámites, pero ésa ya es otra historia. “El sistema permite que prolifere un negocio paralelo”, censura otra abogada que ejerce en la Comunidad de Madrid, quien sumaría a los mentados intermediarios a algunos colegas —“quienes manchan así la imagen del sector”— y a personas que se hacen pasar por abogados, cuando no lo son y su función pasa simplemente por obtener una cita previa en la Oficina de Extranjería.

¿Cómo, si la web oficial está colapsada? Echando horas y horas, refrescando la página, hasta que haya suerte. “Cuando lo consigues, parece que te ha tocado la lotería”, ironiza Silvia Díez Jordão. “Algo realmente absurdo, porque sería como si te convocase Hacienda y montases una fiesta”. En cambio, no resulta nada sencillo, pues hay personas que viven de ello y se pasan el día pegadas a una pantalla para conseguir la ansiada cita, por la que pueden cobrar entre 50 y 250 euros.

Una abogada asegura que un cliente suyo llegó a pagar 300 euros a un colega, aunque Díez deja claro que la abogacía tiene un régimen de responsabilidad, por lo que aconseja a quien se sienta estafado que denuncie a los supuestos y falsos letrados, así como a los que se aprovechan de la desesperación de sus clientes, ante el Colegio de Abogados correspondiente. “La gente no está indefensa, pero debe actuar y denunciar, porque siempre hay buitres que intentan sacar partido”, explica la experta en Extranjería.

Ya no le sorprende que le pregunten cuánto cobra por una cita de arraigo, ni tampoco se cansa de explicar que ella expide la minuta por el procedimiento. “Lleve el tiempo que lleve. Porque yo lo gestiono todo y no voy a contratar a nadie para que esté refrescando la web, aunque pueda haber colegas que lo hagan, un comportamiento nada ético. Luego habría que investigar el caso de los supuestos colegiados, porque hay migrantes que nos han comentado que sospechan que eran falsos. Aquí todo el mundo va de abogado, pero habría que ver su título colgado en la pared”, critica Díez. “Al final, cuando les deniegan la petición y pierden el dinero, los afectados terminan recurriendo a profesionales como nosotras”.

Roberto Borda cree que estos problemas se deben a la desesperación de los migrantes, provocada por las trabas administrativas. “El abuso de poder se da cuando se cobra por conseguir una cita, no por la asesoría o el acompañamiento. Sin embargo, hay casos en los que alguien ya tenía todos los papeles y pagó 250 euros sólo por obtenerla”, asegura el miembro de la Asociación Apoyo. “Es una extorsión, pero la Administración está haciendo dejación de funciones cuando te impide presentarte ante ella o no acepta unos papeles que caducaron por culpa de las demoras causadas por su burocracia. Lo que falla es la ineficiencia del sistema, no la persona perjudicada por el bloqueo y las esperas”.

A comienzos de octubre, tuvo lugar una protesta ante la principal Oficina de Extranjería de Madrid bajo el lema Sin citas no hay derechos. La Asociación Apoyo y la Coordinadora de Barrios emitieron un comunicado donde analizaban la situación que sufren los afectados. “Ese desinterés de la Administración madrileña por brindar un servicio digno a las personas extranjeras ha provocado que surjan ofertas en internet que gestionan estas citas tras el pago por el servicio. De hecho, que la petición se realice sólo a través de internet oculta el maltrato institucional a las personas migrantes. Dificultar el acceso a los trámites de regularización de la situación administrativa es levantar una nueva frontera invisible”.

Roberto Borda explica a Público que, cuando la Delegación del Gobierno justifica que la web está colapsada por la acción de los intermediarios que cobran por ello y que los mostradores no dan abasto por la falta de personal, simplemente está echando balones fuera en vez de asumir su responsabilidad con la ciudadanía. “La única forma de lograrla es pasarse todo el día delante del ordenador”, insiste.

Sin embargo, expone un nuevo problema al que se enfrentan los migrantes. “Hasta hace dos años, la Oficina de Extranjería funcionaba y te convocaban en tres o cuatro meses. Ahora, si la consigues, debes presentarte la semana siguiente. Lo que podría parecer positivo es un perjuicio, pues siete días resultan insuficientes para que los solicitantes puedan organizarse y conseguir cierto papeleo. Si quieres reagrupar a tu familia, tienes que tener un piso de alquiler, pero el margen para firmar un contrato es escaso. Si un documento ha caducado, tampoco te da tiempo a renovarlo, de modo que un trabajador puede perder una oferta laboral o una estudiante, unas prácticas”.

Al final, añade Roberto Borda, los nuevos plazos están generando más dificultades: “El sistema ha generado más incertidumbre a quienes desean regularizar su situación”. La abogada Silvia Díez añade otra: “La Delegación del Gobierno publicó el pasado 3 de octubre, un día antes de la protesta en la calle Silva, cuándo se facilitaban las citas, por lo que todo el mundo estaba pendiente y no fue nada fácil obtenerla. Yo sólo conseguí una, porque cuando lo volví a intentar voló”.

En ese “todo el mundo” no sólo se engloban los afectados, sino también las empresas, locutorios y conseguidores que se aprovechan de la necesidad de los migrantes. “Es un abuso que perjudica a los ciudadanos”, afirma el miembro de la Asociación Apoya, aunque repite que la culpa es de la Administración. “A través de la cita previa, creó una frontera invisible alrededor de los derechos. Y, al bloquear las solicitudes, ha terminado surgiendo un negocio ilícito. Esa barrera es una forma de violencia contra las personas, mientras que su actitud refleja que los migrantes son una población ignorada y olvidada”.

Por ello, concluye, quienes no lo logran —por falta de tiempo o por su situación precaria— son víctimas de intermediarios que abusan de ellos para sacarles partido económico. “Como no cuentan nada para el Estado, se lava las manos y no provee los medios necesarios para atenderlos”. En protesta, la entidad a la que pertenece y otras muchas han comenzado hoy la recogida de firmas en la web Visibles.org con la intención de entregárselas a los responsables de esta situación. Habrá que ver si es más fácil hablar con el Ministerio de Interior o con la Delegación del Gobierno que obtener una cita en la Oficina de Extranjería a través de internet. Por ahora, a los afectados sólo les queda seguir presionando la tecla F5.