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Concentración en los juzgados de Sevilla en apoyo de las acusadas por el Coño Insumiso

A la entrada del juicio, las acusadas reiteran que ellas solo se limitaron reivindicar los derechos de las mujeres, y subrayan el apoyo que han recibido del movimiento 'Me Too', y de organizaciones feministas de toda España y de América Latina.

La activista María Alyokhina (d), acompaña y apoya a Antonia Ávalos (c), una de las tres mujeres que se enjuician. EFE/ José Manuel Vidal

SANTIAGO F. REVIEJO

Varias decenas de personas se han concentrado esta mañana ante los juzgados de Sevilla para apoyar a las tres activistas feministas del Coño Insumiso antes del comienzo de la vista oral en la que el fiscal pide para ellas 3.000 euros de multa por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos en una manifestación del 1 de mayo de 2014.

Enfrente, otra concentración de una veintena de personas apoyaba a la Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC), que ejerce la acusación particular en el caso, y eleva la petición de condena a un año de cárcel para cada procesada.

Se han cruzado así gritos de uno y otro lado, de apoyo a las feministas procesadas, "todas somos insumisas", "libertad de expresión", y de condena a la protesta que ha motivado este juicio, con proclamas como "respeta mi fe"

Antonia Ávalos, una de las acusadas, ha subrayado el apoyo que han recibido del movimiento Me Too, de organizaciones feministas de toda España y de América Latina, y ha destacado que ellas solo se limitaron reivindicar los derechos de las mujeres.

Al juicio asiste una integrante del colectivo de punk rock ruso Pussy Riot para expresar su solidaridad con las procesadas.

En la vista oral que se celebra este jueves se juzga la manifestación que recorrió el centro de Sevilla portando en andas una vagina de látex de grandes dimensiones, denominada Procesión de la Archicofradía del Santísimo Coño Insumiso y Santo Entierro de los Derechos Sociolaborales. Lo que pretendía ser un “aquelarre feminista” y de protesta festiva acabó, sin embargo, convertido en una causa judicial, a raíz de la denuncia presentada por la Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC), que lo consideró un ataque a los símbolos de la religión católica.